Para exponer a Faride Raful no es necesario hablar de su vida personal. Ella va en caída libre, producto de su propia soberbia y arrogancia

En una democracia madura, el escrutinio de los funcionarios públicos es no solo válido, sino necesario. No obstante, ese escrutinio debe hacerse desde la responsabilidad, con argumentos y sin cruzar la línea de lo personal. En ese sentido, la gestión de Faride Raful al frente del Ministerio de Interior y Policía merece ser analizada con profundidad y seriedad, sin caer en ataques que nada aportan al debate público.

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Faride Raful ha demostrado ser una política torpe en la administración de una institución clave para la seguridad y el orden público.

Su gestión está marcada por una narrativa que intenta presentarse como exitosa, pero que en realidad carece de sustancia. Los supuestos “buenos resultados” que se presumen desde el ministerio no son más que una puesta en escena discursiva cuidadosamente estructurada para entretener, pero sin evidencias claras que respalden tales logros.

Más allá de las estadísticas que se anuncian en ruedas de prensa, la realidad en las calles y la percepción de la ciudadanía dista mucho de ese discurso triunfalista. Esta desconexión entre la retórica institucional y la vida cotidiana de los ciudadanos es una señal clara de una administración errática y desconectada de las verdaderas prioridades del país.

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Resulta lamentable que, ante esta situación, algunos comunicadores hayan optado por atacar a Faride Raful desde su vida personal. Esta práctica, además de poco ética, revela la incapacidad de ejercer una crítica seria y profesional. Tener un micrófono no convierte a nadie en periodista, y muchos de quienes hoy gozan de ese privilegio, carecen de la formación y la responsabilidad necesarias para ejercer el oficio con rigor.

Faride Raful no está exenta de críticas.

De hecho, su arrogancia, su forma altanera de manejar las críticas y su evidente dificultad para sostener una narrativa coherente sobre su gestión, son elementos suficientes para cuestionarla desde lo público. Pero su vida privada no debe estar en discusión. Lo que debe importar es su capacidad –o incapacidad– de responder a las demandas institucionales del cargo que ocupa.

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La sobreexposición mediática que ha cultivado, y que claramente no sabe manejar, se ha convertido en su mayor debilidad. Cada intervención pública parece más un ejercicio de defensa personal que una rendición de cuentas. En ese esfuerzo desesperado por sostener una imagen que se resquebraja, termina diciendo cosas que no son ciertas, revelando su verdadera personalidad: arrogante, pedante e incapaz de aceptar la crítica.

La ciudadanía merece funcionarios que sepan escuchar, rendir cuentas y actuar con eficacia. Y también merece comunicadores que entiendan que criticar es un ejercicio noble cuando se hace con ética, sin caer en el morbo ni en lo personal.

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