Impunidad a la venta: el acuerdo millonario que libera a Maxi Montilla

En la República Dominicana la justicia parece tener una etiqueta de precio. El caso de Maxi Montilla lo confirma una vez más. Desde el 2020 su expediente dormía el sueño eterno en los archivos del Ministerio Público, y ahora vuelve a salir a la luz no como una conquista de la justicia, sino como un recurso para distraer la atención pública de los apagones y el desastre eléctrico nacional.

Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, no enfrentará prisión ni mayores consecuencias penales. El Ministerio Público informó que alcanzó un acuerdo judicial con él y sus empresas, en el que aceptaron su responsabilidad penal y se comprometieron a pagar más de 3,000 millones de pesos al Estado dominicano.

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La homologación fue validada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo el criterio de “oportunidad” previsto en la ley. En teoría, el acuerdo se presenta como una forma de recuperar fondos públicos desviados por corrupción. En la práctica, evidencia que la cárcel está reservada solo para los que no tienen con qué comprar indulgencias.

Recordemos que este es el mismo caso por el que Alexis Medina, hermano del expresidente, fue condenado a siete años de prisión por actos de corrupción. Otros involucrados también recibieron condenas, mientras algunos fueron descargados. Pero a diferencia de Medina, Montilla logró salir del proceso con una factura millonaria en lugar de una condena penal.

El acuerdo establece que Maxi Montilla deberá pagar 2,000 millones de pesos en efectivo al Estado, además de indemnizar con 600 millones a las Distribuidoras de Electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte por los daños ocasionados. Todo esto sin pisar una celda.

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La Procuraduría General de la República señala que Montilla utilizó sus empresas como vehículo societario para obtener adjudicaciones fraudulentas en perjuicio del patrimonio público. Aun así, el sistema judicial lo premia con la posibilidad de redimirse económicamente, como si la corrupción fuera un simple negocio con opción de reembolso.

Este desenlace envía un mensaje contundente: en la República Dominicana la justicia no es ciega, es selectiva. Quien tiene dinero o poder político puede comprar la absolución, mientras la mayoría de la población observa cómo los casos de alto nivel terminan en arreglos financieros, en lugar de consecuencias ejemplares.

La corrupción deja de ser un delito para convertirse en una inversión de bajo riesgo. Si se gana, los beneficios son millonarios; si se pierde, basta con pagar una parte y volver a casa sin mayores sobresaltos.

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Desde que el PRM llegó al poder, la justicia dominicana se ha convertido en un negocio acompañado de un constante show mediático.

Casos como Medusa, donde Jean Alain Rodríguez negoció con el Ministerio Público beneficios procesales; Antipulpo, en el que Maxi Montilla, pese a admitir fraude millonario, solo pagará dinero sin enfrentar prisión; y Coral, donde altos oficiales lograron acuerdos y reducciones de condena, muestran un patrón preocupante.

Se anuncian allanamientos espectaculares, titulares de prensa y ruedas de prensa con discursos de “cero impunidad”, pero al final los imputados no sienten el verdadero peso de la ley. La población, que esperaba sanciones ejemplares contra la corrupción, solo ve cómo la justicia se convierte en un mercado de indulgencias donde quien tiene con qué pagar compra su libertad.

Línea del tiempo (2020–2025): Justicia como espectáculo y negocio

2020 — Operación “Antipulpo”

• En noviembre de 2020, la PEPCA ejecuta la Operación Antipulpo, apuntando a una red de corrupción que habría estafado al Estado por más de RD$4,000 millones, incluyendo a Juan Alexis Medina y otros altos funcionarios del expresidente Danilo Medina .
• A pesar del despliegue mediático, varias figuras siguen en etapas procesales, y no se han materializado sanciones ejemplares, lo que alimenta cuestionamientos sobre una justicia selectiva.

2024–2025 — “Caso Medusa”

• El caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de desviar miles de millones, sigue con fuertes elementos probatorios: un expediente de más de 12,000 páginas, miles de medios de prueba; y se rechazó la devolución de sus bienes, en lo que representó una “victoria para el MP” .
• Sin embargo, muchos imputados alcanzaron acuerdos que les permitieron evitar cárcel a cambio de devolver dinero o pagar multas, junto con penas suspendidas .
• Además, en mayo de 2025, el tribunal levantó el arresto domiciliario y el grillete electrónico impuesto a Rodríguez, manteniendo solo una garantía económica de RD$30 millones y prohibición de salida .

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2025 — Operación Coral y Coral 5G

• En mayo de 2025, el Ministerio Público presentó más de 300 testigos contra exfuncionarios vinculados en una red de corrupción que habría desviado más de RD$4,500 millones, incluidos generales y oficiales de distintas instituciones.
• En paralelo, se reportaron “acuerdos” que implican que empresas señaladas deberán pagar montos como RD$40 millones, sin necesariamente conducir a condenas ejemplares ni cárcel efectiva

En un país donde la justicia se compra, la impunidad no es casualidad: es la norma.

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