Abinader y la JCE entregan la identidad dominicana a la misma empresa que ceduló Haití
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La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana está en el centro de un nuevo escándalo que compromete directamente la seguridad nacional. El consorcio que queda en carrera para manejar las nuevas cédulas dominicanas, EMDOC, tiene como parte de sus socios a Veridos GmbH, la misma empresa que desde el año 2019 tiene un contrato vigente con el gobierno de Haití para producir seis millones de cédulas electrónicas, según un documento certificado por Jean Osselin Lambert, funcionario haitiano.
Esto demuestra algo que muchos en el país han denunciado por años: Haití sí tiene registro civil, sí tiene cédula, y lo contrario no son más que mentiras infundadas utilizadas para justificar la presión internacional contra República Dominicana.
El primer punto es la confianza, y esta se rompe de inmediato cuando la empresa que pretende manejar la cédula dominicana también controla el sistema de identificación de Haití. Un país como Haití, que no tiene dinero para sostener sus propios proyectos, fácilmente podría terminar beneficiándose indirectamente de lo que paguen los dominicanos: lo que sale de nuestro bolsillo para financiar la cédula nacional también podría estar financiando la cédula haitiana. Además, con la base de datos de dos naciones en manos de una misma empresa, el riesgo de manipulación es incalculable: se abre la puerta a que se otorgue identidad dominicana a ciudadanos haitianos, con todo lo que eso implicaría en materia migratoria, política y de seguridad.
No se puede ignorar el evidente conflicto de intereses, tan grave que incluso si la empresa ofreciera hacer el trabajo gratis con sus propios recursos, la República Dominicana tendría que rechazar la propuesta de inmediato. Porque más allá del costo, lo que está en juego es la soberanía nacional, la privacidad de millones de dominicanos, la integridad de nuestro padrón electoral, la capacidad de proteger nuestras fronteras y el derecho exclusivo del Estado dominicano a decidir quién es y quién no es ciudadano. Ceder ese control sería un acto de entrega inaceptable.
La pregunta clave es: ¿cómo es posible que la JCE pretenda entregar un contrato tan delicado como el de la cédula dominicana a una empresa vinculada directamente con el registro civil haitiano? No se trata de un simple negocio: hablamos de la identidad nacional y de la seguridad del Estado.
El conglomerado EMDOC tasó el trabajo en 3,363.3 millones de pesos, una cifra muy por encima de los 2,081.6 millones de pesos originalmente ofertados por la JCE. La diferencia es de 1,281.6 millones de pesos, una suma que desnuda no solo sobreprecio, sino también la falta de transparencia que ha caracterizado este proceso.
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Desde que Luis Abinader asumió la presidencia, cada paso en temas estratégicos parece encaminado a acercarnos más a quienes fueron nuestros verdugos durante 22 años de ocupación: Haití. Un país que, lejos de ser un aliado agradecido, ha vivido de nuestro presupuesto por décadas, usando nuestros hospitales, escuelas, empleos informales y espacios públicos, mientras nos ataca en cada foro internacional.
Aceptar que la cédula dominicana, símbolo de nuestra soberanía, pueda quedar en manos de una empresa que trabaja directamente con el registro civil haitiano no es un simple error administrativo: es una amenaza directa a la seguridad nacional.
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La JCE y el gobierno deben entender que este no es un tema de licitación, ni de contratos, ni de números. Es un tema de patria. Y frente a la patria, no hay negociación posible.
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