Una propuesta por encargo: la jugada política detrás del llamado de Omar Fernández, y la indexación salarial
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Durante una rueda de prensa en el Congreso Nacional, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, presentó una propuesta dirigida al presidente de la República para que instruya a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a aplicar la indexación por inflación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en cumplimiento del artículo 327 del Código Tributario. Según el legislador, esta medida aliviaría la carga fiscal de más de 720 mil trabajadores, y constituiría “un acto de justicia” y “no un favor”.
Sin embargo, desde Hackeandoelsistema.net vemos esta iniciativa con cautela y escepticismo. Más que un gesto genuino a favor de la clase trabajadora, todo indica que se trata de una jugada política cuidadosamente diseñada para agradar a los sectores empresariales y captar simpatías en vísperas de futuras contiendas electorales.
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En un contexto donde los grandes empresarios ejercen un enorme poder mediático y financiero, no es casual que esta propuesta llegue en un momento en que el liderazgo de Omar Fernández necesita proyectarse como “racional” y “moderado”, pero sin incomodar a quienes realmente sostienen la estructura económica del país.
La medida suena bien en los titulares —“aliviar a los trabajadores”, “cumplir la ley”, “hacer justicia fiscal”—, pero el trasfondo apunta a otra dirección. Los beneficiados reales serían los mismos grupos con capacidad para moldear la opinión pública, financiar campañas y mantener su influencia dentro del Congreso. Es decir, no los asalariados comunes, que siguen viendo cómo su salario pierde valor ante la inflación y los impuestos continúan asfixiando su poder adquisitivo.
En política, el timing lo es todo, y esta propuesta llega justo cuando el debate presupuestario ofrece una vitrina ideal para posicionar un discurso populista, sin asumir un costo político real. Fernández sabe que la medida difícilmente será aprobada en los términos que plantea, pero el solo intento le permite presentarse como “la voz de los trabajadores” ante las cámaras y los titulares.
Por eso, en Hackeandoelsistema.net no celebramos esta propuesta como un día de triunfo para el senador. Más bien, la interpretamos como una maniobra por encargo, una movida demagógica y estratégica que busca fortalecer alianzas con los sectores empresariales y garantizar respaldo financiero y mediático de cara a los próximos procesos electorales.
La defensa del Gobierno ante la propuesta de indexación del ISR es, sencillamente, la más estúpida y torpe posible. Pretender justificar la negativa con el argumento de que las ayudas sociales garantizan estabilidad es un insulto a la inteligencia colectiva. Todos sabemos que depender del Estado no genera desarrollo, sino que crea parásitos sociales, personas condenadas a sobrevivir con lo mínimo que el Gobierno reparte como limosna, mientras los contribuyentes sostienen el costo de esa falsa estabilidad. Es absurdo hablar de justicia social cuando el mismo Estado no garantiza educación de calidad, ni fiscaliza los empleos mal pagados que mantienen a miles de dominicanos atrapados en la pobreza laboral.
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No hay dignidad en vivir de subsidios, ni progreso en una economía sostenida por dádivas.
Por eso, si bien la propuesta de Omar Fernández es demagógica y oportunista, la respuesta oficialista es todavía peor: una defensa torpe que exhibe la incapacidad del Gobierno para entender el verdadero significado de justicia económica y social.
Esta propuesta del senador Omar Fernández no surge en el vacío; es la respuesta del empresariado a la negativa del PRM de eliminar la cesantía laboral, una batalla que los grandes grupos económicos llevan tiempo intentando ganar. Y lo hacen ahora de manera más inteligente: usando al senador del Distrito Nacional, una figura joven, carismática y con legitimidad electoral, que ya demostró su fuerza al vencer al candidato que el propio presidente Abinader impuso en la capital con todo el aparato del Estado y los recursos del Gobierno.
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Es, sin duda, una jugada brillante del sector empresarial, que entiende perfectamente la debilidad comunicacional del Gobierno y su torpeza para defender políticas impopulares. Sin embargo, el PRM no puede darse el lujo de respaldar esta sugerencia, porque el costo económico sería alto y los intereses que toca son demasiado sensibles. En definitiva, estamos ante una movida política calculada, diseñada para poner al Gobierno contra la pared, y dejar al senador Fernández como la figura “valiente” que defiende al pueblo, cuando en realidad está ejecutando la estrategia del poder económico.
En República Dominicana ya hemos visto este guion muchas veces: los políticos hablan de justicia social, pero actúan en defensa de los intereses que sostienen su carrera. Y mientras tanto, el pueblo trabajador sigue esperando que alguna propuesta —no de campaña, sino de convicción— le haga justicia de verdad.
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