Violaciones Constitucionales y Argumentos sin Sentido: La Juramentación Presidencial de Luis Abinader en el Teatro Nacional
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El próximo 16 de agosto, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña serán juramentados para el período 2024-2028 en el Teatro Nacional, un cambio de sede que ha generado una fuerte controversia debido a las evidentes violaciones a la Constitución y argumentos sin sentido utilizados para justificar la medida.
Esta decisión refleja una estrategia clara para evitar enfrentarse a posibles protestas, una realidad que no se ha podido ocultar tras argumentos legales cuestionables.
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Violaciones Constitucionales
La Asamblea Nacional aprobó el traslado del solemne acto de juramentación desde su sede tradicional en el Congreso Nacional hacia el Teatro Nacional, un movimiento que contradice directamente el artículo 4 del Reglamento del organismo, que estipula: "La Asamblea Nacional siempre celebrará su reunión en el Salón de la Asamblea, salvo casos de desastres naturales o de fuerza mayor". En este caso, la justificación basada en "causas de fuerza mayor" como seguridad y protocolo carece de fundamento sólido, ya que el número de invitados no constituye un desastre natural ni una emergencia de tal magnitud que impida la realización del acto en su lugar habitual.
Argumentos sin Sentido
Miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), defienden el cambio de lugar alegando que el salón de la Asamblea Nacional es demasiado pequeño para la cantidad de invitados, que incluye 14 jefes de Estado y delegaciones internacionales.
Sin embargo, en juramentaciones presidenciales anteriores, se ha manejado un número similar o incluso mayor de dignatarios sin necesidad de modificar la sede. Este argumento, por lo tanto, se desmorona frente a la evidencia histórica y se percibe como una excusa para ocultar motivos más oscuros.
Evitando Protestas
Una razón subyacente y no declarada públicamente es la estrategia del gobierno para evitar enfrentarse a posibles protestas durante el acto de juramentación del presidente Luis Abinader.
En el pasado reciente, el presidente Abinader ha enfrentado críticas y descontento por diversas razones, incluyendo la gestión de la pandemia, la situación económica y la percepción de corrupción. Realizar el evento en un lugar más controlado y menos accesible al público general, como el Teatro Nacional, facilita la implementación de medidas de seguridad más estrictas y limita la presencia de manifestantes.
Presencia de Mandatarios en Juramentaciones Anteriores
En administraciones anteriores, presidentes como Danilo Medina han recibido a más de catorce jefes de Estado y representantes internacionales en el Salón de la Asamblea Nacional sin ningún inconveniente significativo. Por ejemplo, en la juramentación de Medina en 2012, asistieron al menos 14 jefes de Estado y representantes de 75 países, demostrando que la capacidad del salón ha sido suficiente en múltiples ocasiones. Esta evidencia histórica subraya aún más la falta de validez en los argumentos presentados por el gobierno actual para justificar el traslado.
Violación del Congreso
La aprobación del traslado por parte del Congreso también constituye una violación flagrante del reglamento del propio órgano legislativo. Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, sometieron la resolución a votación, siendo aprobada por la mayoría, excepto por algunos opositores de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Esta decisión, basada en una interpretación flexible y conveniente del reglamento, evidencia la manipulación del poder legislativo para servir a los intereses del Ejecutivo.
El traslado de la juramentación presidencial Luis Abinader, al Teatro Nacional no solo representa una violación a la Constitución y a los reglamentos del Congreso, sino que también revela una estrategia gubernamental para evitar protestas y disidencias en un momento crítico.
Los argumentos utilizados para justificar esta medida carecen de fundamento histórico y legal, dejando claro que se trata de una maniobra política para proteger al presidente Abinader de enfrentamientos públicos y manifestaciones.
La historia y la legalidad han sido torcidas una vez más en favor de los intereses del poder, socavando la confianza en las instituciones democráticas del país.
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