En la República Dominicana se ha consolidado una percepción social difícil de refutar: el sistema de justicia no está diseñado para sancionar con rigor a los delincuentes de alto perfil, particularmente a los vinculados al poder político, económico o militar. A lo largo de casi tres décadas, los principales casos de corrupción y criminalidad financiera han seguido un patrón recurrente: investigaciones tardías, procesos dilatados, negociaciones opacas, condenas mínimas o absoluciones, y en muchos casos, indultos o acuerdos que reducen el daño a simples devoluciones parciales de fondos saqueados.
Esta dinámica no es accidental ni coyuntural; responde a un modelo estructural de impunidad, donde la justicia funciona con severidad para los débiles y con flexibilidad para las élites.
Desde mediados de los años noventa, los grandes escándalos de corrupción han demostrado que el problema no es la falta de denuncias ni de evidencias, sino la falta de voluntad institucional para cerrar los procesos con sanciones ejemplares.
El Programa Eventual Mínimo de Empleos fue uno de los primeros grandes escándalos de corrupción moderna. Se trató de una estafa al Estado mediante nóminas ficticias, con un desfalco superior a los RD$1,000 millones durante el primer gobierno de Leonel Fernández.
Aunque hubo condenas, varios implicados fueron indultados, enviando un mensaje claro: incluso cuando se prueba la corrupción, el castigo puede ser reversible si se pertenece al círculo adecuado.
Durante el gobierno de Hipólito Mejía, el programa de renovación vehicular se convirtió en un esquema de sobrevaluaciones y contratos irregulares. Las responsabilidades se diluyeron entre funcionarios y empresarios, y aunque hubo condenas, el daño económico jamás fue plenamente resarcido.
El colapso fraudulento del Banco Intercontinental representó uno de los golpes más devastadores a la economía nacional, con un desfalco estimado en RD$55,000 millones. Si bien hubo condenas, el costo real fue asumido por el Estado y la población, mientras que las redes de complicidad política nunca fueron desmontadas.
A partir de 2007, la corrupción dejó de ser episódica para convertirse en un sistema de financiamiento político y enriquecimiento estructural.
El caso Sun Land evidenció la violación directa de la Constitución mediante un préstamo internacional sin aprobación congresual. No hubo condenas definitivas.
El escándalo de las nominillas reveló el uso masivo de fondos públicos para clientelismo político, con montos que alcanzaron RD$18,000 millones anuales, sin que se produjeran procesos judiciales significativos.
Este caso es paradigmático: hubo condenas en Brasil y en República Dominicana, demostrando que cuando la presión internacional existe, la justicia local se ve obligada a actuar. Sin embargo, las sanciones fueron limitadas en comparación con la magnitud del daño.
Con la llegada de Luis Abinader al poder en 2020, se promovió un discurso de independencia del Ministerio Público. Sin embargo, en la práctica, se ha consolidado una modalidad de negociación con imputados de cuello blanco.
Estas macroinvestigaciones revelaron desfalcos multimillonarios en áreas sensibles del Estado. No obstante, los procesos se han caracterizado por:
La justicia parece más interesada en administrar el conflicto que en cerrarlo con condenas ejemplares.
El caso Odebrecht marcó un punto de quiebre. A pesar de confesiones internacionales y documentos probatorios, todos los imputados fueron absueltos en 2024, consolidando la idea de que en República Dominicana la gran corrupción no se castiga.
Lejos de erradicarse, los escándalos continuaron:
Esto desmonta la narrativa de que la corrupción es solo un problema del pasado.
El denominador común de todos estos casos es claro:
La devolución de una fracción del dinero robado se presenta como “éxito institucional”, cuando en realidad constituye una legalización parcial del saqueo.
La justicia dominicana no fracasa frente a los delincuentes de alto perfil: funciona exactamente como fue diseñada. Un sistema que castiga al pobre con severidad y negocia con el poderoso no es un sistema débil, sino un sistema selectivo.
Mientras no existan condenas firmes, inhabilitaciones políticas reales y recuperación total del dinero robado, la corrupción seguirá siendo un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad.
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