En la reciente propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader, uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la eliminación de 53 diputados, argumentando que esto representaría un importante ahorro para el Estado.

Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta medida no es más que una maniobra política, una «moneda de cambio» para avanzar otros intereses del gobierno, y que el argumento del ahorro no se sostiene cuando se examinan los números y la realidad del gasto público.

El presidente Luis Abinader, ha justificado la eliminación de estos 53 diputados como una medida para ahorrar recursos y optimizar el funcionamiento del Estado.

Según los cálculos del gobierno, la eliminación de estos legisladores representaría un ahorro significativo en el presupuesto nacional. Sin embargo, este supuesto ahorro palidece cuando se compara con los gastos que el propio gobierno ha ejecutado en periodos recientes.

En un lapso de apenas tres meses, el gobierno de Abinader ha ejecutado 28 mil millones de pesos, equivalentes a 480 millones de dólares, sin que exista un informe detallado y transparente sobre la utilización de estos fondos. Para poner en perspectiva, el ahorro que supuestamente se lograría al eliminar 53 diputados tomaría 36 años para alcanzar la cifra que el gobierno ha gastado en solo tres meses. Este simple cálculo deja en evidencia que el argumento del ahorro es insostenible.

La verdadera intención detrás de la propuesta de eliminar estos 53 diputados parece ser más política que económica. El gobierno actual, con su control sobre el Senado, tiene mayores facilidades para aprobar sus iniciativas, incluyendo los controvertidos préstamos que han sido una constante durante esta administración.

Al eliminar estos diputados, el presidente busca consolidar su control en la Cámara de Diputados, facilitando así la aprobación de medidas sin la oposición que podría surgir de una representación más amplia y diversa.

Esta medida no solo socava la representatividad democrática, sino que también actúa como una presión sobre los legisladores del propio partido de gobierno, el PRM. Abinader ha lanzado la propuesta como una especie de «amenaza» velada, recordándoles a los diputados que podrían ser eliminados si no se alinean con los intereses del Ejecutivo.

Esto convierte la propuesta de reforma en una herramienta de control político más que en una genuina iniciativa de mejora del sistema.

Las justificaciones dadas por el presidente para esta reforma carecen de fundamento. No se trata de mejorar la eficiencia del gobierno, ni de fortalecer la democracia, sino de asegurar un mayor control sobre el Congreso y garantizar la continuidad de su proyecto político.

Los argumentos de que la reforma evitará la reelección de expresidentes o perpetuará el poder de ciertos actores son igualmente infundados, ya que la actual normativa ya pone límites claros a estas posibilidades.

En resumen, la propuesta de eliminar 53 diputados no es más que una moneda de cambio en el juego político de Luis Abinader, diseñada para consolidar su poder y controlar el Congreso.

El argumento del ahorro es una cortina de humo que se desvanece al compararse con los gastos recientes del gobierno. Esta medida no solo amenaza la representatividad democrática, sino que también expone las verdaderas intenciones detrás de la reforma: asegurar la impunidad y el control político a costa de la democracia dominicana.

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