Los dueños y administradores de la República Dominicana: un país manejado como finca privada
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En la República Dominicana, la democracia parece ser solo una vitrina para la exportación, un show electoral cada cuatro años que nos hace creer que elegimos a quienes toman las decisiones. La realidad, sin embargo, es mucho más cruda: el país tiene dueños y administradores. Los primeros poseen el verdadero poder económico; los segundos, el poder político para garantizar que nada cambie.
En la parte superior de la pirámide se encuentran los grandes grupos empresariales: Juan Vicini, Abrahan Hazoury, Fernando Capellán y Frank Rainieri. Son los magnates que controlan sectores estratégicos —energía, turismo, bienes raíces, zonas francas, banca y medios de comunicación— y cuyas decisiones afectan de forma directa la vida de millones de dominicanos. Ellos no se postulan a elecciones, no necesitan discursos en tarimas ni caravanas; su influencia es silenciosa, pero absoluta.
Debajo, como fieles administradores, desfilan los presidentes y líderes políticos que han ocupado el Palacio Nacional: Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el actual mandatario Luis Abinader. Son los rostros visibles, los encargados de aplicar políticas, firmar leyes y garantizar que el sistema siga beneficiando a los mismos grupos de siempre. Gobiernos de colores distintos, pero con la misma obediencia al poder real.
La República Dominicana, mientras tanto, queda reducido a la categoría de ganado electoral:
se le “alimenta” con promesas, se le mantiene ocupado con discursos de cambio y se le arrea hacia las urnas cada cierto tiempo para legitimar un modelo que lo explota. La educación deficiente, los bajos salarios, la salud colapsada y la inseguridad no son errores del sistema: son parte de su diseño, porque un pueblo cansado y dependiente es más fácil de manipular.
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La gran pregunta no es quién será el próximo presidente, sino cuándo la mayoría entenderá que el problema no está solo en los administradores de turno, sino en quienes poseen la finca completa. Mientras no se rompa esa estructura de poder económico y político, la República Dominicana seguirá siendo un negocio privado disfrazado de democracia.
Cada año, el Estado dominicano deja de percibir decenas de miles de millones de pesos en exoneraciones, incentivos y exenciones fiscales otorgadas a los mismos grupos empresariales que controlan la economía nacional. Solo en 2024, según datos oficiales, las “renuncias fiscales” superaron los 250 mil millones de pesos, una cifra que equivale a casi el 4% del PIB y que podría financiar varias veces el presupuesto de salud o educación. Estos beneficios incluyen exoneraciones de impuestos a la importación, a las ganancias y al pago de ITBIS, así como contratos millonarios en concesiones, obras públicas y compras del Estado, siempre adjudicadas a conglomerados que dominan sectores clave: energía, construcción, turismo, banca, telecomunicaciones, zonas francas y agroindustria.
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En otras palabras, mientras se le dice al pueblo que “no hay dinero” para mejorar hospitales, pagar mejores salarios a maestros o garantizar pensiones dignas, el erario se desangra para engordar las cuentas de un puñado de familias que ya concentran la mayor parte de la riqueza del país.
Desde 1996 hasta hoy, cada reforma fiscal y económica aprobada en la República Dominicana ha tenido un patrón constante:
beneficiar a los mismos grupos empresariales que controlan el poder real. Las reformas de 1997 y 2001 redujeron impuestos a las zonas francas y ampliaron incentivos a la inversión extranjera concentrada en turismo y energía, sectores dominados por un puñado de familias. La del 2005, tras el colapso bancario, incluyó rescates multimillonarios con dinero público que salvaron a bancos y corporaciones, mientras miles de ahorrantes quedaron en la quiebra.
En 2012 y 2013 se impusieron alzas del ITBIS y gravámenes al consumo que golpearon directamente a la clase media y baja, pero mantuvieron intactos los privilegios fiscales de grandes hoteles, cadenas comerciales y corporaciones energéticas. Incluso la más reciente reforma tributaria, disfrazada de “modernización”, ha perpetuado las exenciones a la importación de equipos para las mismas industrias, mientras se incrementan impuestos a bienes y servicios básicos. En casi tres décadas, no ha habido una sola reforma que toque de frente los beneficios de esos conglomerados; todas han sido diseñadas para blindar su riqueza y trasladar la carga al pueblo.
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