El gobierno de Luis Abinader ha retrocedido en varias iniciativas clave, algunas de las cuales generaron intensas críticas y rechazo social. Este lunes, Abinader aclaró que la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP), que obligaba a empleados públicos a presentar facturas de luz y agua, no sería obligatoria, insinuando que la medida podría usarse en casos de apoyo a trabajadores de bajos ingresos. Este cambio sigue la tendencia de ajustes por presión pública o reacciones impopulares.
Anteriormente, el gobierno retiró del Congreso propuestas como la reforma fiscal, que incluía incrementos de impuestos y fue altamente cuestionada, especialmente por el impacto en productos básicos. También abandonó la idea de un fideicomiso para la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en respuesta a las preocupaciones sobre posible privatización
Otra medida controvertida fue la tarifa eléctrica, que se intentó ajustar bajo el pacto eléctrico, pero se detuvo debido a las protestas generalizadas. También enfrentó resistencia el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que se interpretó como una amenaza a la libertad de expresión y fue retirado del Congreso para revisión. Estas situaciones reflejan la crítica de que el gobierno parece improvisar sin evaluar el impacto social, adaptándose a la presión pública en lugar de tomar decisiones anticipadas.
La aclaración de Luis Abinader se produce en un contexto donde la medida había generado un fuerte rechazo social. El mandatario justificó que esta disposición podría beneficiar a empleados con bajos ingresos, quienes podrían verse incluidos en el programa de subsidio Bonoluz para aliviar la carga de los pagos de servicios.
Sin embargo, este cambio no es más que un reconocimiento tardío de la impopularidad de la medida inicial y una respuesta a las presiones sociales que han surgido en los últimos días.
Este no es el primer recule del gobierno de Abinader. A lo largo de su mandato, ha habido varios casos en los que el gobierno ha dado marcha atrás ante la oposición pública y el descontento social.
La constante rectificación de decisiones muestra una falta de previsión y análisis en la toma de decisiones del gobierno. La administración de Abinader parece no tener claro cómo actuar de manera políticamente correcta, lo que ha llevado a una creciente desconfianza en la capacidad del gobierno para gestionar de manera efectiva las necesidades del país.
Con esta nueva aclaración, queda en evidencia que el gobierno de Luis Abinader se encuentra en un ciclo de improvisación y reacciones, en lugar de adoptar una estrategia coherente y bien planificada que considere las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. La falta de un enfoque proactivo y la dependencia de respuestas a la presión.
No te olvides de crear tu perfil en HES Social para que puedas comentar cualquier noticia, subir tus denuncias y compartir tus opiniones con la comunidad.
Si te parece interesante este articulo, difúndelo con tus amigos.
Te dejamos nuestros más reciente análisis: ¿Raquel Peña: ¿La ficha secreta que podría destruir al PRM desde dentro?
