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Luis Abinader, cayó en el gancho de la oposición con la Ley 1-24 del DNI, todos sabían que era inconstitucional menos el presidente al parecer

Luis Abinader, cayó en el gancho de la oposición con la Ley 1-24 del DNI, todos sabían que era inconstitucional menos el presidente al parecer

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Melvin SenaMELVIN SENA/23 ENE DE 2024/1 MIN/0 VISTAS

La Ley 1-24 del DNI, promovida por el presidente Luis Abinader, ha surgido como un tema de gran relevancia que podría tener implicaciones significativas, incluso relacionadas con la posibilidad de reelección. La controversia en torno a esta legislación ha llevado a debates intensos y críticas, planteando interrogantes sobre su impacto en la percepción pública y, potencialmente, en el respaldo político necesario por el pueblo para una futura reelección presidencial.

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La relación entre la implementación de esta ley y la perspectiva de reelección destaca la complejidad de las decisiones políticas y su repercusión en el panorama político dominicano.

La Ley 1-24 del DNI podría tener consecuencias significativas para el presidente Luis Abinader ya que ha sido llevada al Tribunal Constitucional. La rápida acción legal contra la ley ha suscitado preguntas sobre la asesoría del presidente y la motivación detrás de esta controversia.

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La presentación de un recurso de Acción Directa de Inconstitucionalidad de Ley 1-24 del DNI,ante el Tribunal fue realizada por el destacado abogado Cirilo J. Guzmán.

Este ex procurador fiscal argumentó que nada ni nadie debería estar por encima de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana.

El accionante subrayó que ni una ley, ni un gobierno, ni siquiera un organismo investigativo creado para labores de inteligencia, debería operar al margen de la dirección y supervisión del órgano del Estado con rango constitucional.

Además, resaltó la importancia de la autorización de un tercero imparcial, en este caso, un Juez de Instrucción, para llevar a cabo investigaciones, específicamente haciendo referencia al Ministerio Público.

La situación plantea interrogantes sobre la conformidad de la Ley 1-24 del DNI, con los principios constitucionales y destaca la necesidad de una revisión judicial exhaustiva.

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