
Ningún gobierno antes de Luis Abinader, había atentado tanto contra la libertad de prensa y la libre expresión como este según SIP
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El gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader,ha sido objeto de duras críticas en relación con su manejo de la libertad de prensa y la libre expresión, con acusaciones de atentados sin precedentes contra estos pilares fundamentales de la democracia según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En medio de este escenario, surge la pregunta inevitable: ¿Cuál es el miedo a las denuncias si se trabaja para el bienestar de los dominicanos?
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El presidente Luis Abinader ha sido señalado por un doble discurso que ha quedado expuesto tanto en sus acciones como en su plan de gobierno para el periodo 2024-2028.

En particular, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia ha generado preocupación por sus posibles consecuencias negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La Ley 1-24, aprobada en diciembre y actualmente en proceso de reforma, ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho y la Iglesia católica.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 11, que otorga facultades a la DNI para exigir información a instituciones privadas o personas físicas, lo que se interpreta como una amenaza a la libertad de prensa.

Ante las críticas recibidas, el presidente Luis Abinader ha instruido la formación de una comisión intersectorial para revisar la ley y proponer salvaguardas.
Sin embargo, el trabajo de esta comisión aún no ha concluido, y persisten las ambigüedades y violaciones a las normas constitucionales que preocupan a la sociedad dominicana.
En paralelo, se espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados, y en el Congreso se han planteado anteproyectos de ley para modificar la legislación vigente.
En este contexto, la libertad de prensa en República Dominicana enfrenta desafíos significativos, y la sociedad civil y los medios de comunicación continúan luchando por preservar este derecho fundamental en un clima político cada vez más tenso y restrictivo.

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