Nuevo Código Penal despierta alertas por posibles violaciones a derechos fundamentales
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El presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, mediante la Ley 74-25, una reforma que reemplaza la anterior normativa con 141 años de antigüedad. Aunque el Gobierno celebra su promulgación como “un paso de avance” para la justicia penal, diversas voces de la sociedad civil y expertos del derecho han comenzado a encender alarmas sobre artículos que podrían contravenir principios constitucionales y derechos fundamentales.
El nuevo Código, que entrará en vigencia dentro de un año, incorpora una serie de delitos modernos y endurece penas.
Sin embargo, en ese período de vacatio legis, juristas y organizaciones sociales han llamado a revisar con detenimiento el contenido de sus disposiciones más polémicas.
Principios garantistas, pero con condiciones
El nuevo Código inicia con un reconocimiento expreso a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución dominicana y en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Además, establece la primacía de principios como legalidad, culpabilidad, lesividad e irretroactividad.
“Este Código clausura una tradición legalista estricta y abre paso al neoconstitucionalismo, donde los principios prevalecen incluso sobre disposiciones legales concretas”, explica el abogado constitucionalista Juan Taveras.
En lo formal, la norma rechaza expresamente las “normas penales en blanco”, garantizando que ninguna conducta será penalizada si no está descrita de manera clara y precisa por la ley.
Modernización penal
Entre las novedades más destacadas, el nuevo Código tipifica figuras delictivas antes ausentes o mal definidas, como el feminicidio, el sicariato, la violencia económica, el acoso digital, los crímenes de lesa humanidad, el uso de deepfakes con fines extorsivos, y la estafa piramidal. Además, establece penas de hasta 40 años de prisión, y en casos de acumulación de delitos, hasta 60 años.
También incluye por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y medidas de seguimiento sociojudicial y reeducación para ciertos condenados.
Pese a estos avances, diversos sectores han manifestado inquietudes ante aspectos que podrían vulnerar derechos humanos.
1. Ausencia de las tres causales del aborto.
El nuevo Código mantiene la penalización total del aborto, sin contemplar excepciones por riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación o incesto. Diversas organizaciones feministas y de derechos humanos consideran que esto vulnera derechos fundamentales de las mujeres y niñas.
2. Falta de protección a la comunidad LGBTQ+.
Activistas señalan que el Código no tipifica los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, dejando un vacío legal que agrava la vulnerabilidad del colectivo frente a la violencia y la discriminación.
3. Posibles restricciones a la libertad de expresión.
Algunos artículos podrían ser usados para criminalizar protestas sociales, sancionar la crítica política o blindar a figuras religiosas y legislativas. “Debe vigilarse que el Código no se convierta en una mordaza para la prensa o la disidencia”, advirtió el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
4. Presiones presupuestarias e institucionales.
Organizaciones cívicas advierten que el nuevo Código impone responsabilidades —como la atención educativa de inmigrantes— que no han sido acompañadas de asignaciones presupuestarias claras, lo que podría generar caos institucional. “No se puede legislar sin viabilidad técnica y financiera”, advirtió el sociólogo Rafael Calderón.
5. Sistema penitenciario colapsado.
Más del 60 % de los reclusos dominicanos están en prisión preventiva, muchos sin acusación formal. Sin una reforma judicial y penitenciaria previa, los expertos temen que las nuevas penas agraven la crisis de hacinamiento carcelario.
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Llamado a la vigilancia ciudadana
Diversas organizaciones sociales y académicas han convocado a la ciudadanía a mantenerse alerta durante este año previo a su entrada en vigencia. Se espera que grupos feministas, constitucionalistas y defensores de derechos humanos impulsen acciones legales, debates públicos y propuestas de modificación.
“Tenemos un año para asegurar que esta norma no viole los derechos que pretende proteger. Si se actúa ahora, hay espacio para corregir los excesos y omisiones”, señaló la Fundación Justicia y Transparencia.
El nuevo Código Penal representa un salto histórico en la legislación dominicana, pero su verdadera utilidad dependerá de cómo se aplique, si se fortalece la institucionalidad y si se ajustan o eliminan los artículos que puedan ir en contra del interés nacional o los derechos humanos.
La República Dominicana entra así en una nueva etapa de debate jurídico, donde el equilibrio entre la seguridad y la libertad volverá a ser puesto a prueba.
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