Otro Parche Mediático: El Observatorio de Políticas Migratorias del Gobierno de Abinader
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El gobierno de Luis Abinader acaba de emitir el decreto 215-25 con bombos y platillos, anunciando la creación de un “Observatorio de Políticas Migratorias”. Según el documento, su objetivo es “impulsar la articulación de políticas migratorias” y “procurar una vigilancia organizada de parte de la sociedad civil”. Pero, ¿realmente responde esto a una necesidad real o es solo otro anuncio para calmar las aguas?
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Ya conocemos esta fórmula:
el gobierno Abinader se enfrenta a una creciente presión social y política sobre un tema candente —en este caso, la crisis migratoria dominico-haitiana— y responde con lo que mejor sabe hacer: crear una comisión. Una más. Como si las comisiones, por sí solas, resolvieran los problemas estructurales del país.
Composición: ¿Quién vigila a los “vigilantes”?
Basta con mirar la lista de miembros del flamante Observatorio para entender que este es, en realidad, un espacio de maquillaje institucional. Entre sus integrantes están el rector de INTEC (una institución receptora de fondos de USAID), representantes del CONEP, el secretario general del Instituto Duartiano, y nombres como Juan Mera (Santiago) y Juan Bancalari (ASONAHORES). Todos actores alineados —directa o indirectamente— al oficialismo o al empresariado.
Llama poderosamente la atención la ausencia de voces nacionalistas o de sectores que han estado al frente de las presiones sociales que llevaron al gobierno a tomar medidas migratorias más firmes en los últimos meses. Ningún activista, ninguna organización con posiciones claras en defensa de la soberanía, ni representantes de comunidades afectadas por la migración masiva descontrolada. Solo amigos del poder.
Un gesto de distracción
El presidente Abinader en lugar de tomar decisiones estructurales, el gobierno opta por lanzar mensajes vacíos que suenan bien en los titulares, pero que no se traducen en resultados concretos. Se sigue postergando la acción real mientras se da la ilusión de “escucha ciudadana” y “transparencia institucional”.
Lo que está claro es que no se puede vigilar una política migratoria desde un organismo lleno de personas que nunca han levantado la voz frente al problema. Peor aún, muchos de los integrantes tienen vínculos con intereses económicos que históricamente se han beneficiado de una migración irregular y barata.
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¿Les creemos?
No. Este Observatorio nace viciado. Es un producto de relaciones públicas, no una respuesta honesta a una problemática nacional. Mientras tanto, el país sigue esperando acciones firmes, reales y valientes que defiendan la soberanía, protejan nuestras comunidades y pongan freno al desorden migratorio.
Otra comisión más, otro anuncio más. Y la frontera, mientras tanto, sigue igual.
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