¿Por qué el silencio cómplice del Gobierno, el PRM y las instituciones judiciales ante el caso del alcalde de Monserrat por flagrante delito?
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El escándalo que envuelve al alcalde del Distrito Municipal de Monserrat, Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes (PRM), es más que un hecho aislado: es una radiografía de impunidad. Este funcionario fue arrestado en flagrante delito en la ciudad de Baní mientras transportaba en un camión oficial del ayuntamiento libros del Estado Civil sustraídos de la Junta Central Electoral (JCE), presuntamente utilizados para alterar registros de nacimiento con fines fraudulentos.
Sin embargo, lo insólito no fue el crimen en sí —que ya es suficientemente grave— sino su rápida y opaca liberación, sin que hasta el momento el Ministerio Público ni la Policía Nacional hayan ofrecido una explicación pública. ¿Dónde están los comunicados oficiales? ¿Dónde está la indignación del gobierno o del PRM?
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Violaciones claras y contundentes a las leyes dominicanas
Este hecho representa una grave violación a múltiples disposiciones legales dominicanas, incluyendo:
1. Código Penal Dominicano
- Artículo 147: Falsificación de documentos públicos. "La falsificación o alteración de actos auténticos de la autoridad pública será castigada con reclusión."
- Artículo 150: Uso de documentos falsificados. "El que se haya servido de un documento falso será castigado como si él mismo lo hubiese falsificado."
- Artículo 166: Malversación de fondos públicos. "Todo funcionario público que malverse fondos, valores o bienes públicos, será castigado con prisión y la inhabilitación para funciones públicas."
2. Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil
- Artículo 75: Solo los oficiales del Estado Civil pueden tener custodia de los libros. "Los libros del estado civil solo pueden ser trasladados o intervenidos bajo orden expresa de la Junta Central Electoral."
- Artículo 76: Alterar un registro constituye un delito penal. "Toda alteración de los registros del estado civil será perseguida judicialmente y castigada conforme al Código Penal."
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3. Constitución de la República Dominicana
- Artículo 146: Sanción a la corrupción. "Se sancionará con las penas establecidas por la ley toda acción que implique corrupción administrativa."
¿Dónde están los paladines de la justicia?
El pueblo dominicano tiene derecho a preguntar:
¿Dónde está la supuesta “dama de hierro” del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso? ¿Dónde está su voz firme frente a este acto criminal? ¿Por qué José Ignacio Paliza, presidente del partido de gobierno (PRM), ahora guarda silencio cuando se trata de un claro acto de traición a la patria y violación institucional?
El alcalde Ramírez Reyes no solo traicionó su juramento como servidor público; actuó como un delincuente disfrazado de funcionario, manipulando los registros de identidad de ciudadanos dominicanos. Y su rápida liberación, sin una explicación transparente, nos lleva a concluir que la justicia no es ciega, sino selectiva no independiente como dice el presidente Abinader, y sus bocinas del PRM.
La traición no solo está en la acción, sino también en el silencio
Mientras ciudadanos comunes enfrentan años de prisión por delitos menores, un alcalde capturado en flagrante delito queda libre en cuestión de horas. ¿Es este el país justo que nos prometieron? ¿Es esta la institucionalidad que tanto proclama el gobierno?
El silencio del gobierno, del Ministerio Público y de los líderes políticos del PRM, PLD o LFP, solo fortalece la desconfianza en el sistema y perpetúa una cultura de impunidad. La República Dominicana no puede seguir funcionando con leyes aplicadas solo a los de abajo. El pueblo merece respuestas, y sobre todo, justicia sin apellidos.
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