La reciente revelación de la Junta Central Electoral (JCE) de que uno de cada tres recién nacidos registrados en hospitales dominicanos es de origen extranjero, mayormente haitiano, pone en evidencia una problemática que ha sido ignorada o minimizada por las autoridades dominicanas especialmente por el presidente Abinader.
Según estos datos, el 32% de los nacimientos registrados en el país corresponden a hijos de extranjeros, lo que indica una creciente tendencia de la comunidad haitiana de aprovecharse de los servicios públicos dominicanos, incluyendo el derecho al nacimiento y la ciudadanía.
El problema no se detiene en los hospitales. El sistema educativo dominicano también está siendo utilizado como una herramienta para asistir a la población haitiana, con la aprobación del presidente Abinader.
Con la apertura de las escuelas dominicanas a hijos de extranjeros, se ha visto un incremento en la demanda de servicios educativos, incluyendo alimentación gratuita, que en teoría está destinada a los niños dominicanos. Esta situación ha generado preocupación en distintos sectores, pues, aunque se alega que la educación es un derecho universal, la realidad es que estos beneficios están siendo financiados con los impuestos de los ciudadanos dominicanos.
La denominada “comunidad internacional” aplaude estas medidas como una solución “humanitaria”, pero en la práctica, lo que se está generando es una “solución dominicana” al problema haitiano. En lugar de abordar la crisis desde su origen, en Haití, se está permitiendo que miles de haitianos emigren a la República Dominicana, donde encuentran acceso gratuito a servicios básicos como salud y educación. Este escenario plantea una carga económica significativa para un país que ya enfrenta sus propios desafíos sociales y económicos.
Lo más preocupante es la aparente inacción del presidente Luis Abinader ante esta situación. A pesar de la evidente presión que esta migración masiva impone sobre los recursos nacionales, no se han tomado medidas contundentes para regular o limitar este flujo. Por el contrario, la percepción general es que el gobierno dominicano ha optado por una postura complaciente, posiblemente influenciado por intereses internacionales que priorizan la estabilidad regional sobre los intereses nacionales.
En resumen, mientras el gobierno de Abinader sigue ofreciendo recursos y servicios a extranjeros, muchos dominicanos sienten que sus necesidades están siendo desatendidas.
Es imperativo que el gobierno reevalúe su política migratoria y considere el impacto a largo plazo que estas decisiones pueden tener en la estabilidad y el bienestar de la República Dominicana. Es fundamental que se priorice a los dominicanos y se tomen medidas para proteger los recursos del país, garantizando que no sean dilapidados en una crisis que no les corresponde resolver.
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