El puente Juan Pablo Duarte vuelve a ser noticia, y no por una solución definitiva, sino por la repetición de un problema que ya parece estructural: el deterioro constante de sus juntas de expansión. A pesar de que el Estado dominicano invirtió alrededor de RD$60 millones hace menos de cuatro años, hoy varias juntas presentan hoyos, varillas expuestas y ausencia total del material engomado, generando tapones, accidentes y daños a vehículos.
Este escenario no puede analizarse como un simple “desgaste normal”. Es la consecuencia directa de una gestión fallida, encabezada en su momento por el entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, bajo el gobierno del presidente Luis Abinader.
En 2022, el Ministerio de Obras Públicas contrató a la empresa Proyectos Industriales (PINSA) para intervenir el puente. El contrato incluía el restablecimiento de 46 juntas de expansión, mantenimiento de barandas y el recapeo de la calzada. El plazo prometido fue de dos meses, pero los trabajos se extendieron por más de tres meses.
Hoy, el puente presenta seis juntas gravemente deterioradas, principalmente en el sentido este, con estructuras metálicas expuestas, un riesgo evidente para motoristas y conductores, y un caos vial constante provocado por vehículos que reducen la velocidad o esquivan los tramos dañados.
Cada impacto de un vehículo contra estas juntas produce fuertes ruidos, vibraciones y daños mecánicos, especialmente en camiones y motocicletas. Los motoristas son los más vulnerables: muchos han sufrido caídas al golpear los hoyos, mientras otros conductores, al intentar esquivar los tramos deteriorados, terminan chocando con terceros.
Este no es un problema técnico menor: es un problema de seguridad vial, y aun así, sigue sin resolverse de forma definitiva.
Ante las constantes quejas, tapones y denuncias públicas, el propio Deligne Ascención se vio obligado en abril de 2023 a intimar a la empresa PINSA para que corrigiera las fallas sin costo adicional para el Estado. Esa decisión, lejos de limpiar responsabilidades, confirma algo mucho más grave:
👉 el Ministerio falló en la supervisión, en la contratación y en la ejecución del proyecto desde el inicio.
Cuando una obra recién “remozada” falla reiteradamente, no estamos ante un imprevisto: estamos ante ineptitud administrativa y un uso ineficiente del dinero público.
Lo más preocupante es que, a la luz de los hechos, la solución real del puente Juan Pablo Duarte parece estar por encima de la capacidad técnica y gerencial del gobierno de Luis Abinader. Han pasado años, millones de pesos, múltiples cierres, reparaciones improvisadas y presiones mediáticas, y el problema persiste intacto.
El puente no necesita parches, ni correcciones temporales, ni discursos. Necesita una solución estructural real, con materiales adecuados, supervisión técnica independiente y responsabilidades claras.
Mientras tanto, el gobierno continúa sin ofrecer una solución definitiva, dejando la impresión de que, al menos en este caso, el problema supera su capacidad de gestión. Y cada hoyo, cada varilla expuesta y cada tapón son la prueba visible de ese fracaso.
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