Si el presidente Luis Abinader optara por destituir a los aspirantes presidenciales de sus cargos en el Gobierno, eliminándoles el acceso al presupuesto y a los recursos de las instituciones que dirigen, se desataría una intensa tormenta política, mediática y social. Este tipo de decisión no solo tendría repercusiones dentro del Gobierno, sino que también marcaría el rumbo de las elecciones y dejaría expuesta la dinámica de poder en República Dominicana.
Si el presidente Luis Abinader decidiera retirarles el decreto a todos los aspirantes presidenciales que actualmente ocupan posiciones en el Gobierno, marcaría un precedente histórico en la política dominicana. Esta medida no afectaría a figuras como Carolina Mejía, quien, al ser electa constitucionalmente como alcaldesa, no depende de un decreto presidencial para ejercer su cargo.
Sin embargo, para muchos de los llamados «aspirantes» que basan sus campañas en el acceso a la nómina estatal, el impacto sería devastador, ya que sin esos recursos y el poder que confiere el control institucional, sus candidaturas carecerían de viabilidad real. En este escenario, varios se verían obligados a abandonar sus ambiciones, revelando cómo el uso de recursos públicos sigue siendo el eje central para la sostenibilidad de muchos proyectos políticos en el país.
El contexto histórico en República Dominicana
En el país, ha habido precedentes en los que mandatarios han utilizado su poder para limitar la influencia de adversarios políticos. Un ejemplo clave fue el gobierno de Joaquín Balaguer, quien durante sus mandatos usó la maquinaria del Estado para desarticular a rivales políticos mediante maniobras administrativas. Sin embargo, pocas veces se ha visto una decisión tan directa como destituir a candidatos presidenciales de sus posiciones gubernamentales.
Más reciente, en el caso del expresidente Danilo Medina, su administración fue cuestionada por presuntamente favorecer a ciertos aspirantes oficialistas con el uso de recursos públicos. Aunque no los removió de sus cargos, permitió que estos manejaran importantes presupuestos para movilizar sus campañas, lo que generó críticas desde la oposición y la sociedad civil.
Ejemplos en América Latina
En otros países, decisiones similares han causado gran revuelo:
- México (2018): En el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, las acusaciones sobre el uso del presupuesto público en campañas desataron tensiones. Sin embargo, la destitución de funcionarios con aspiraciones políticas no fue un recurso habitual, ya que podría haber sido percibido como autoritarismo.
- Bolivia (2006): Durante la transición política hacia el gobierno de Evo Morales, el uso de recursos estatales y la remoción de adversarios en posiciones estratégicas se convirtió en un tema central. Estas acciones intensificaron la polarización en el país.
Impacto político y mediático en República Dominicana
En el contexto actual, una medida de este tipo en el gobierno de Abinader tendría las siguientes repercusiones:
- Críticas por autoritarismo: La oposición y algunos sectores de la sociedad lo acusarían de usar el poder presidencial para manipular el proceso electoral. Esto podría ser percibido como un intento de influir en el curso de las elecciones y debilitar a sus competidores.
- Impacto mediático negativo: Abinader ya enfrenta críticas por el manejo de ciertos temas mediáticos, y una acción como esta podría ser explotada por la oposición para proyectarlo como intolerante o desesperado por mantener el control político.
- Reacciones en la base electoral: Si bien la medida podría fortalecer su imagen entre los votantes que desaprueban el uso de recursos públicos en campañas, también podría alienar a sectores que perciban la acción como injusta o antidemocrática.
- Precedente peligroso: Sentaría un precedente para futuros mandatarios, quienes podrían replicar esta estrategia, generando un ciclo de confrontaciones políticas en cada elección.
Análisis político
Desde un punto de vista estratégico, Luis Abinader podría justificar tal decisión bajo el argumento de garantizar la equidad electoral. Sin embargo, el timing y la forma en que se implementara serían cruciales. Remover a aspirantes presidenciales en pleno año preelectoral sería interpretado como una medida drástica y riesgosa.
Para manejar mejor esta situación, el gobierno podría optar por reforzar mecanismos de transparencia en el uso de fondos públicos, en lugar de una remoción directa. Esto desactivaría el discurso opositor y proyectaría una imagen de integridad institucional sin causar tanto revuelo.
Quitarle el decreto y los recursos públicos a los aspirantes presidenciales sería una jugada arriesgada, con efectos inmediatos en el panorama político y mediático. Si bien podría frenar el uso indebido de recursos estatales, el costo en términos de percepción pública y estabilidad política podría ser demasiado alto para un presidente que busca reelegirse o mantener la continuidad de su partido en el poder.
Una acción de este calibre, más allá de su justificación, pondría a prueba la madurez democrática del país y marcaría un antes y un después en la historia política dominicana.
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