¿Quién le pondrá la tapa al pomo? Las municiones dominicanas en Haití y un Gobierno que parece haber perdido el control
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La pregunta ya no es solamente cómo llegaron municiones adquiridas por el Estado dominicano a manos de bandas haitianas. La pregunta es quién responde por los controles que fallaron y si el presidente Luis Abinader tiene autoridad suficiente para poner orden en las estructuras que deben garantizar la seguridad nacional.
En el argot popular dominicano, cuando una situación llega a un punto en el que ya no se puede seguir disimulando, la pregunta sale sola: ¿quién le pondrá la tapa al pomo?
El caso de las municiones dominicanas encontradas en Haití exige precisamente eso: una explicación seria, responsabilidades concretas y decisiones que no se queden en otro comunicado oficial.
El asunto tiene un elemento que agrava la preocupación. Las autoridades colombianas han señalado que los lotes de municiones identificados en Haití estaban vinculados a dos contratos oficiales de compraventa suscritos en 2022 con el Ejército dominicano y el Ministerio de Defensa. Es decir, no se trata simplemente de municiones cuya procedencia nadie conoce: existe una ruta documental que debe permitir reconstruir cómo fueron adquiridas, recibidas, almacenadas y distribuidas.
El informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití también documenta municiones de origen dominicano en poder de organizaciones criminales. Esto obliga a investigar la trazabilidad del material y los mecanismos de control de los arsenales estatales.
Abinader: presidente de un país que parece gobernarse por parcelas
Aquí aparece el problema político de fondo. Luis Abinader es el presidente de la República y la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. No puede administrar personalmente cada depósito militar, pero tampoco puede comportarse como un espectador cuando las instituciones bajo su Gobierno no ofrecen respuestas suficientes sobre un asunto que compromete la seguridad nacional.
Un presidente no tiene que apretar el gatillo para responder políticamente por las fallas de los organismos que deben impedir que las municiones del Estado terminen en manos criminales.
La pregunta es si Abinader ejerce una autoridad efectiva sobre las estructuras militares, policiales, empresariales y políticas que influyen en las decisiones del país, o si su Gobierno termina condicionado por intereses que operan con mayor poder que los mecanismos de supervisión institucional.
No se puede afirmar, sin pruebas, que una mafia empresarial, militar o política específica haya organizado el desvío de estas municiones. Pero sí es legítimo preguntarse si existen redes de influencia, complicidades o negligencias que dificultan investigar y sancionar a quienes corresponda.
Porque si el Estado compra municiones, las incorpora a sus inventarios y después aparecen lotes de ese material en manos de bandas armadas extranjeras, alguien falló en la cadena de custodia, y el país merece saber quién fue y cómo ocurrió.
No basta con anunciar investigaciones
El Ministerio de Defensa aseguró el 8 de octubre que ha respondido a requerimientos del Grupo de Expertos de la ONU y suministrado información sobre adquisiciones, distribución, controles e investigaciones. Esa posición debe contrastarse con la información específica que todavía se necesita para reconstruir la ruta de los lotes identificados.
El propio informe de Naciones Unidas indica que solicitó información sobre las unidades a las que fueron asignados esos lotes y los resultados de las investigaciones. También documenta otro caso de enorme gravedad: la desviación de 908,001 artículos, principalmente municiones, de depósitos de la Policía Nacional dominicana, detectada durante investigaciones anteriores.
No estamos hablando, por tanto, de una pregunta menor ni de un incidente que pueda despacharse con explicaciones generales.
El Gobierno debe aclarar qué controles existían, quién tenía la responsabilidad de custodiar cada lote, qué auditorías se realizaron y qué resultados concretos han producido las investigaciones. También debe garantizar que cualquier oficial, funcionario o intermediario implicado responda ante la justicia, sin privilegios ni protección política.
¿Quién le pondrá la tapa al pomo?
La crisis también expone una contradicción: mientras el Gobierno habla de seguridad, control fronterizo y combate al crimen organizado, la aparición de municiones de origen dominicano en arsenales de bandas haitianas obliga a examinar la eficacia de sus propios mecanismos de control.
Abinader debe asumir la responsabilidad política que le corresponde. No porque esté demostrado que ordenara o conociera el desvío, sino porque gobernar implica responder cuando las instituciones fallan y garantizar que las investigaciones lleguen hasta donde conduzcan las pruebas.
Si existen intereses económicos, políticos o militares capaces de bloquear controles, proteger responsables o impedir que se conozca la verdad, el presidente tiene la obligación de enfrentarlos. Y si no puede hacerlo, el país tiene derecho a cuestionar la autoridad real de su Gobierno.
La República Dominicana no puede aceptar que las municiones compradas para defenderla terminen alimentando la violencia de las bandas haitianas y que, al final, nadie responda.
La tapa del pomo no se pone con discursos. Se pone identificando responsabilidades, publicando resultados verificables y sancionando a los culpables, sin importar su rango, sus conexiones o su poder.
Porque cuando la seguridad nacional queda atrapada entre intereses y silencios, la pregunta deja de ser solamente quién permitió el desvío.
La pregunta es si el presidente está dispuesto a poner orden en su propio Gobierno.
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