En una clara demostración de autoritarismo y desprecio por los derechos individuales, el señor Rafael Burgos Gómez, administrador general de Bienes Nacionales, CEA y CORDE, dejó al descubierto su estilo de liderazgo dictatorial. El 10 de enero de este año, emitió un memorándum dirigido a los subdirectores, directores, gerentes y encargados de esas instituciones, obligándolos a asistir junto con todo su personal a una misa en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, este domingo 19 de enero, a las 12 del mediodía.
El documento reza textualmente:
«Cortesmente, por medio del presente, se les informa que el próximo domingo 19 de enero del presente año, a las 12 del mediodía, tendremos la celebración de una Eucaristía en acción de gracias en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, República Dominicana. Por tal motivo, se les instruye a convocar a todo el personal bajo su dependencia, quienes deberán asistir a dicha actividad, para lo cual la Dirección de Recursos Humanos les ofrecerá los detalles de la logística de tan significativa ocasión«.

Esta orden no solo viola las libertades individuales de los empleados públicos, sino que también impone una carga económica considerable al Estado. En transporte, desayuno, almuerzo y refrigerio para las 2,400 personas que estarían obligadas a asistir, el costo estimado superará los 4 millones de pesos, mientras que, paradójicamente, más de 70 empleados aún esperan el pago de sus prestaciones laborales.

¿Qué ocurre con los derechos individuales?
¿Y si el colaborador es ateo, practica otra religión o simplemente no desea participar en esta actividad? ¿Qué pasa con aquellos que tienen compromisos personales ese día? Este tipo de imposición refleja una preocupante falta de respeto hacia la diversidad de creencias y las necesidades personales de los empleados.
Más preocupante aún es el despilfarro de recursos en un evento innecesario, mientras el sistema de Bienes Nacionales enfrenta problemas estructurales y deudas pendientes con trabajadores. Esto no es solo una cuestión de administración, sino de principios fundamentales.
Autoritarismo encubierto
Lo que Rafael Burgos Gómez intenta presentar como un acto de fe y gratitud se traduce en un abuso de poder. Estas prácticas no tienen cabida en una democracia que busca ser respetuosa de los derechos y libertades de sus ciudadanos. No se puede gobernar como si las instituciones públicas fueran una extensión de las voluntades personales de sus administradores.
Este comportamiento nos recuerda que, a menudo, quienes abogan por una “mano dura” contra los males de la sociedad terminan utilizando esa fuerza para imponer sus propios intereses y agendas. Si permitimos que estos abusos pasen desapercibidos, mañana podría ser algo aún peor.
¡No al autoritarismo!
La sociedad dominicana no puede tolerar que figuras como Rafael Burgos Gómez actúen “atento a ellos”. Es hora de exigir transparencia, respeto y responsabilidad en la gestión pública. La democracia no es compatible con imposiciones religiosas ni con el despilfarro de los recursos del pueblo.
No podemos permitir que este tipo de acciones se normalicen. Por el contrario, debemos alzar la voz, denunciar y exigir cambios. Los dominicanos merecen líderes que trabajen por el bienestar colectivo, no dictadores disfrazados de administradores públicos.
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