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Raquel Peña y su circuito de poder: SENASA, 911 y Farmacias del Pueblo en crisis bajo su influencia directa

Raquel Peña y su circuito de poder: SENASA, 911 y Farmacias del Pueblo en crisis bajo su influencia directa

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Melvin SenaMELVIN SENA/30 JUN DE 2025/1 MIN/0 VISTAS

La República Dominicana atraviesa una situación alarmante en tres de las instituciones más sensibles del aparato estatal: el Seguro Nacional de Salud (SENASA), el Sistema 911 y las Farmacias del Pueblo, todas hoy con señales preocupantes de desgaste financiero y operativo. La situación, sin embargo, adquiere una dimensión política más profunda cuando se conecta con un dato clave: las cabezas que dirigen estas instituciones son figuras cercanas, leales y orgánicamente alineadas con la vicepresidenta Raquel Peña, quien recientemente confirmó su interés en aspirar a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Este contexto convierte lo que parecen ser simples fallos administrativos en una potencial estrategia de poder que utiliza la estructura estatal como base política para proyectar su liderazgo nacional.

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El circuito de Raquel Peña: salud, emergencia y medicamentos bajo control político

El llamado “circuito de Raquel” está compuesto por una red de funcionarios que han acompañado a la vicepresidenta desde que asumió la coordinación del Gabinete de Salud durante la pandemia, y que hoy ocupan posiciones estratégicas en áreas donde se concentran millones de pesos del presupuesto nacional y una alta sensibilidad social.

Entre los principales miembros del anillo de poder de Peña destacan:

  • Santiago Hazim, director de SENASA, el mismo que enfrenta denuncias de déficit acumulado superior a RD$3,300 millones en el régimen subsidiado, morosidad del 44% en pagos a proveedores y supuesta incorporación masiva de afiliados con fines clientelares.
  • Adolfo Pérez, director de PROMESE/CAL, encargado de las Farmacias del Pueblo, que aunque siguen operativas, enfrentan cuestionamientos por intermitencia en medicamentos esenciales y problemas logísticos.
  • Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), bajo cuyas competencias recaen gran parte de los hospitales públicos que colaboran tanto con SENASA como con el 911.
  • A nivel legislativo, destacan los senadores Daniel Rivera (exministro de Salud), Aracelis Villanueva, Guillermo Lama, y el diputado Robinson Santos, todos vinculados políticamente a la vicepresidenta.

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Este grupo no es improvisado ni débil. Viene trabajando desde hace años en silencio y con coordinación interna, proyectando una estructura presidencial paralela que podría entrar de lleno en las primarias del PRM para 2028.

¿Casualidad o estrategia electoral anticipada?

El deterioro de las instituciones mencionadas no puede verse como una simple coincidencia. Todas comparten al menos tres factores comunes:

  1. Crisis operativa y/o financiera documentada o percibida.
  2. Están dirigidas por miembros del círculo político cercano a Raquel Peña.
  3. Su control representa acceso directo a población vulnerable, recursos públicos y poder simbólico.

Este patrón refuerza la idea de que la maquinaria institucional podría estar siendo utilizada para tejer una plataforma electoral anticipada, con presencia territorial, manejo de fondos, acceso a bases de datos sensibles y una narrativa de “experiencia en gestión pública”.

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El deterioro institucional como efecto colateral

  • En SENASA, las quejas por retrasos en pagos, déficit acumulado y politización de los servicios se multiplican.
  • En el Sistema 911, los ciudadanos denuncian menos eficiencia, menos recursos y menor tiempo de respuesta.
  • En las Farmacias del Pueblo, el suministro irregular y la falta de medicamentos esenciales contradicen el discurso oficial de expansión.

Aunque el gobierno y los directores de estas instituciones niegan cualquier crisis estructural, la percepción en los barrios y entre los profesionales del sector salud es de un colapso progresivo.

Raquel Peña confiesa su aspiración: ¿se destapa el plan?

Lo que por años fue una operación silenciosa hoy se vuelve oficial: la vicepresidenta confesó que le gustaría llegar al Palacio Nacional como presidenta de la República. Con esta declaración, todo lo que hasta ahora se veía como simple acumulación de poder administrativo adquiere un nuevo matiz: es construcción política desde el Estado.

Sus operadores ya mueven fichas internas dentro del PRM. El aparato está aceitado. La estructura institucional que controla le garantiza exposición, narrativa de experiencia y control de sectores sensibles de la población. Pero la factura la está pagando el pueblo, con menos medicamentos, peor atención médica y un sistema de emergencia desmejorado.

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Salud en crisis, ambiciones en auge

La vicepresidenta Raquel Peña ha tejido, desde la sombra del poder, una red político-institucional sin precedentes en la historia reciente del PRM. Con el control de SENASA, PROMESE/CAL, el SNS y con aliados en el Congreso, tiene los hilos necesarios para intentar una candidatura presidencial sólida.

Pero la gestión de esas instituciones clave ha dejado mucho que desear. Y lo que podría ser un ejemplo de capacidad técnica, se está convirtiendo en un boomerang político: una percepción creciente de que se han priorizado las aspiraciones personales sobre las necesidades de la gente.

Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.

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