Reforma Fiscal de Abinader está destinada a utilizar los recursos de la República Dominicana para atender a las parturientas haitianas.
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En septiembre de 2024, en 14 provincias de la República Dominicana, las extranjeras haitianas representaron más del 50% de los partos atendidos en hospitales públicos. La Altagracia encabeza la lista con un alarmante 76%, seguida de provincias como Elías Piña (67%) e Independencia (63%). Esta tendencia no solo refleja un problema social y de salud, sino que pone de manifiesto una carga económica significativa que recae sobre el sistema sanitario dominicano.
El gobierno, bajo la administración de Luis Abinader y con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la cabeza, ha fallado en implementar políticas eficaces para enfrentar esta situación. La administración del Servicio Nacional de Salud (SNS), en conjunto con el Dr. Mario Lama, actual director del SNS, han sido incapaces de frenar el aumento de parturientas extranjeras en las instalaciones de salud pública, a pesar de que este es un tema crítico que afecta tanto la calidad del servicio como los recursos disponibles para las ciudadanas dominicanas.
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La situación no es nueva, pero ha escalado a niveles preocupantes.
Se ha hablado durante mucho tiempo de la falta de control en la frontera con Haití y del flujo masivo de inmigrantes haitianos que buscan mejores condiciones de vida en República Dominicana.
Sin embargo, el gobierno de Abinader ha optado por no implementar medidas contundentes que limiten esta carga económica para el Estado, ni ha mostrado interés en fortalecer las leyes migratorias. En cambio, el sistema de salud sigue colapsando bajo el peso de la atención a extranjeras, muchas de las cuales ni siquiera tienen documentación regularizada.
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Cada nacimiento en los hospitales públicos genera costos que el Estado debe asumir, desde la atención médica hasta los recursos hospitalarios, medicamentos, y seguimiento postnatal. Si bien se puede argumentar que se trata de una cuestión humanitaria, es innegable que las dominicanas están siendo relegadas en su propio país. El sistema está tan saturado que las mujeres dominicanas que buscan dar a luz en estos centros se encuentran con un servicio desbordado y de menor calidad.
Es hora de exigir un cambio. La administración actual debe asumir su responsabilidad y actuar con urgencia para poner fin a esta crisis. No se puede seguir permitiendo que los recursos del pueblo dominicano se utilicen para sostener una carga migratoria que el Estado no está en capacidad de manejar. Las ciudadanas dominicanas tienen derecho a un sistema de salud que las priorice, no a ser discriminadas en sus propios hospitales.
Luis Abinader y el PRM deben dejar de ignorar este problema que afecta a la República Dominicana y tomar medidas concretas para garantizar que las dominicanas reciban la atención médica que merecen. Las promesas de campaña y las reformas pendientes en el sector salud deben hacerse realidad de una vez por todas, sin excusas ni retrasos.
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