SeNaSa, conflictos de poder y silencios incómodos: la pregunta que el presidente debe responder
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El escándalo multimillonario de SeNaSa sigue revelando capas cada vez más profundas de fallos institucionales, conflictos de poder y silencios estratégicos. Ya no se trata únicamente de montos defraudados o de debilidades técnicas del sistema, sino de quiénes aparecen en el expediente, quiénes no, y por qué.
Uno de los nombres que genera mayores interrogantes es el de Lowell Fernández W., funcionario de SeNaSa y hermano del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., una de las figuras mejor valoradas del actual gobierno en materia de regulación financiera.
Un nombre mencionado, pero protegido
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Lowell Fernández W. es mencionado por su rol como representante legal de FarmaCard, empresa vinculada al empresario Eduardo Read, uno de los actores centrales en la trama investigada.
Sin embargo, pese a figurar en el expediente:
- No fue imputado
- No fue incluido como testigo
- No fue incorporado en la solicitud de medidas de coerción
Este tratamiento diferenciado plantea una pregunta inevitable:
¿Por qué un actor mencionado formalmente en la investigación queda completamente fuera del proceso judicial visible?
En un caso donde se persigue —con razón— a funcionarios, intermediarios y proveedores por un presunto fraude superior a los RD$15,900 millones, la selectividad procesal no puede pasar desapercibida.
El problema no es el parentesco, es el silencio
Nadie es culpable por tener un hermano en el Estado. Ese no es el punto.
El problema surge cuando:
- Existe vinculación funcional con una empresa clave del caso
- Hay mención expresa en el expediente
- Y aun así no hay consecuencias procesales, ni siquiera aclaratorias
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En un país marcado por décadas de impunidad, este tipo de silencios no se leen como prudencia jurídica, sino como protección política.
Y cuando esa protección parece coincidir con vínculos de poder dentro del propio gobierno, el daño no es solo judicial: es institucional y moral.
¿Dónde está el mensaje de “nadie está por encima de la ley”?
El presidente Luis Abinader ha construido buena parte de su legitimidad sobre una promesa clara:
romper con la impunidad y permitir que la justicia actúe sin interferencias.
El caso SeNaSa pone esa promesa a prueba.
Porque la pregunta ya no es solo qué pasó en SeNaSa, sino:
- ¿Quiénes están siendo investigados con todo el peso del Estado?
- ¿Quiénes están siendo discretamente excluidos?
- ¿Y por qué?
Cuando el Ministerio Público menciona a un funcionario y luego lo borra del radar procesal, la ciudadanía tiene derecho a dudar.
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La pregunta directa al presidente
Por eso, la pregunta es política, no personal, y debe formularse con claridad:
¿Va el presidente Luis Abinader a mantener en su cargo a Lowell Fernández W., pese a su mención en el expediente del mayor fraude al sistema de salud del país?
¿O va a actuar con coherencia y permitir que todos los involucrados, sin excepción, enfrenten el mismo nivel de escrutinio?
Porque cuando un gobierno tolera zonas de silencio, se convierte —aunque no robe— en cómplice por omisión.
Conclusión: la coherencia también se gobierna
El caso SeNaSa ya no es solo un proceso penal.
Es una prueba de coherencia del poder.
No se puede hablar de transparencia mientras existan nombres intocables.
No se puede hablar de cambio mientras algunos sean investigables y otros invisibles.
Y no se puede hablar de justicia independiente si el expediente menciona, pero el sistema calla.
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Presidente Abinader:
¿Va a permitir que este silencio continúe, o va a demostrar que el discurso anticorrupción también aplica cuando el poder toca a los suyos?
La historia reciente de la República Dominicana demuestra algo con claridad:
la corrupción no siempre se protege con órdenes,
a veces se protege simplemente no haciendo nada.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
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