SENASA enterró el proyecto presidencial de Raquel Peña en lo más profundo del inframundo
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El escándalo que sacude al Seguro Nacional de Salud (SENASA) ha cobrado nombres, cargos y responsabilidades. Más allá del daño a la institución y al acceso efectivo a la salud de millones de dominicanos, el caso abrió una herida política con nombre propio: Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de SENASA, figura cercana al sector que verá afectado —en lo inmediato y en lo simbólico— el proyecto político que ha sido asociado a la vicepresidenta Raquel Peña.
Santiago Hazim fue colocado al frente de SENASA en un momento en que el Gobierno buscaba mostrar modernización y dinamismo en la gestión del sistema público de salud. Desde la dirección, Hazim defendió públicamente logros de su administración y se presentó como gestor de ampliaciones y mejoras. Sin embargo, en medio de investigaciones y denuncias que vinculan a la entidad con irregularidades administrativas y contratos cuestionados, su nombre comenzó a convertirse en el epicentro de críticas y sospechas.
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Un nombramiento político que tenía un objetivo estratégico
No es secreto en los círculos políticos que los altos puestos en el Estado frecuentemente cumplen, también, una función de consolidación política.
Fuentes públicas señalan que Hazim ha sido presentado en distintos momentos como un cuadro político afín a la línea de trabajo de la vicepresidencia; además, ha expresado públicamente respaldo al liderazgo de Raquel Peña, y en consecuencia su posición en SENASA fue interpretada por analistas como parte de una estructura de apoyo a aspiraciones futuras dentro del partido y más allá.
Ese tipo de colocaciones —cuando funcionan— sirven para proyectar liderazgos, movilizar estructuras y colocar a operativos estratégicos en posiciones clave de gestión pública. Pero cuando la institución administrada entra en crisis por denuncias de irregularidades, el efecto es inverso: lo que debía ser una plataforma de poder se transforma en lastre político.
El escándalo: del ruido mediático a la crisis institucional
Las denuncias que arrojaron sobre SENASA incluyen cuestionamientos a contratos, a procesos de compras y a pagos a prestadores por servicios supuestamente no prestados. La presión política y mediática obligó a auditorías, investigaciones y a la intervención de órganos superiores, y terminó por convertir la gestión de Hazim en pieza central de un caso que tiene repercusión penal y reputacional. Esa misma exposición mediática y política hizo que el caso alcanzara titulares nacionales, llevando al debilitamiento visible de quienes estaban políticamente relacionados con la dirección de la entidad.
¿Proyecto presidencial enterrado o herido en recuperación?
El lenguaje que usa la opinión pública y los medios va desde considerar que el “proyecto” presidencial vinculado a la vicepresidenta ha quedado “en entredicho” hasta sugerir que ha sido “sepultado” simbólicamente por el escándalo. Es importante matizar: la política no suele morir por un solo episodio, pero sí se ve gravemente afectada cuando la narrativa pública asocia a una aspiración con corrupción o mala gestión.
En este momento, la radiografía política es clara:
la vinculación pública entre Hazim y Raquel Peña constituye un problema que deberán gestionar con respuestas claras, sanciones comprobables (si hay responsabilidades) y una estrategia de transparencia que recupere credibilidad.
Riesgos y salidas posibles
- Riesgo reputacional inmediato: Los adversarios políticos aprovecharán cada filtración e informe para erosionar la confianza popular en la vicepresidencia y en cualquier figura que aspire a suceder o competir en la arena nacional.
- Necesidad de transparencia: La única vía para mitigar el daño es permitir auditorías independientes, cooperación con la Procuraduría y medidas concretas para la recuperación de recursos y sanción de responsables. Sin transparencia, la percepción pública seguirá siendo de impunidad.
- Reconfiguración de alianzas internas: Si el caso obliga a la retirada o al reposicionamiento de cuadros asociados, la vicepresidencia tendrá que buscar nuevos referentes y mostrar distancia clara de cualquier práctica reprobable.
Enterrado en el “inframundo” político —por ahora—
El descrédito que provoca un escándalo en una institución tan sensible como la que administra la salud pública tiene efectos políticos inmediatos y duraderos. Colocar a un aliado en una posición clave siempre fue una jugada clásica de acumulación política; el problema aparece cuando esa posición deviene en sinónimo de irregularidad. Hoy, y hasta que haya una aclaración total y sanciones probadas, el “proyecto” presidencial que se le atribuye a Raquel Peña queda tocado —en muchos sectores, enterrado simbólicamente— por el mismo escándalo que marcó la salida de Santiago Hazim de la escena ejecutiva.
El desplome político de Raquel Peña tras el escándalo de SENASA no solo sepulta sus aspiraciones, sino que también reconfigura el ajedrez sucesorio dentro del PRM. El presidente Abinader, al ver que su delfín natural ya no puede sostenerse, se ve obligado a mirar hacia otros perfiles. En esa lista destacan Wellington Arnaud y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, ambos con tradición política, sólidas conexiones con el ala partidaria y, sobre todo, con la base, lo que los hace más digeribles en términos de aceptación interna y con menor nivel de rechazo en la calle.
Otra carta sería Carolina Mejía, quien podría capitalizar el voto femenino, aunque arrastra el peso de su padre Hipólito, cuya lengua desatada sigue siendo su mayor enemigo hacia afuera, a pesar de su indiscutible liderazgo interno. David Collado, en cambio, difícilmente sería considerado el elegido, pues representa intereses distintos a la tradición perremeísta; sus vínculos empresariales y familiares con sectores de poder económico lo convierten en un perfil que, de llegar a la presidencia, transformaría al país en un feudo de intereses corporativos antes que en un gobierno partidario.
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