Si las AFP no garantizan una pensión digna, ¿por qué no devolver parte del dinero a los trabajadores para dinamizar la economía?

Mientras el Gobierno busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales mediante nuevos impuestos y ajustes fiscales, existe una pregunta incómoda que pocos se atreven a formular: ¿por qué no permitir que los trabajadores recuperen una parte de los miles de millones de pesos acumulados en las AFP?

Durante más de dos décadas, millones de dominicanos han aportado obligatoriamente a un sistema creado por la Ley 87-01 que instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Según datos de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), los fondos administrados por las AFP superan los RD$900,000 millones, equivalentes a una proporción significativa del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Sin embargo, diversos estudios actuariales y proyecciones de organismos especializados han advertido que una parte importante de los afiliados podría recibir tasas de reemplazo —es decir, el porcentaje del salario que representa la pensión— inferiores al 30 % o 40 % de sus ingresos al momento del retiro, muy por debajo de los niveles recomendados internacionalmente para garantizar una vejez digna.

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La realidad es que muchos dominicanos observan cómo sus cuentas crecen lentamente mientras enfrentan dificultades económicas en el presente. Pagan alquileres, préstamos, educación, salud y alimentación, mientras una parte de sus ingresos permanece inmovilizada durante décadas. Al mismo tiempo, la inflación acumulada reduce el poder adquisitivo de los hogares y el costo de vida continúa aumentando.

La pregunta es simple: si el sistema no puede garantizar pensiones dignas para una parte importante de los afiliados, ¿tiene sentido mantener intactos esos recursos sin ofrecer alternativas?

Una propuesta razonable sería permitir retiros parciales y voluntarios de los fondos acumulados bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, autorizar que los trabajadores puedan acceder a un porcentaje de sus ahorros para adquirir una vivienda, invertir en un negocio, saldar deudas de alto interés o enfrentar situaciones excepcionales. Este tipo de mecanismos ya ha sido debatido o aplicado parcialmente en países como Chile, Perú y Colombia, con distintos niveles de regulación y restricciones.

Desde el punto de vista jurídico, la discusión tiene fundamento. La Constitución dominicana reconoce el derecho a la propiedad privada y la protección del patrimonio de las personas. Aunque los fondos previsionales tienen una finalidad específica de seguridad social, también es cierto que provienen directamente del salario diferido de los trabajadores. La cuestión central es determinar hasta qué punto el Estado puede limitar el acceso a recursos que pertenecen al afiliado cuando las expectativas de pensión resultan insuficientes para cumplir el objetivo de protección social establecido por la propia Ley 87-01.

Esta medida tendría un efecto inmediato sobre la economía. Si, por ejemplo, se autorizara un retiro extraordinario equivalente al 10 % de los fondos acumulados, podrían inyectarse más de RD$90,000 millones al mercado. Para dimensionar el impacto, esa cifra supera ampliamente la recaudación adicional que el Gobierno espera obtener mediante algunas medidas fiscales.

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Desde una perspectiva macroeconómica, el efecto puede analizarse mediante la fórmula básica del PIB:

PIB = C + I + G + (X - M)

Donde:

• C = Consumo de los hogares
• I = Inversión privada
• G = Gasto público
• X = Exportaciones
• M = Importaciones

Si una parte de esos recursos se destina al consumo y otra a la inversión productiva, aumentan directamente dos de los componentes más importantes del crecimiento económico: el consumo (C) y la inversión (I).

Por ejemplo, si RD$90,000 millones ingresan a la economía y el multiplicador del gasto es de 1.5, el impacto potencial sobre la actividad económica podría alcanzar:

Impacto económico = RD$90,000 millones × 1.5 = RD$135,000 millones

Aunque el resultado real dependería de múltiples factores, la magnitud ilustra el potencial dinamizador de una medida de este tipo.

Un trabajador que utiliza parte de sus fondos para abrir un negocio puede generar empleos. Otro podría reducir significativamente sus compromisos financieros al cancelar préstamos con tasas superiores al rendimiento obtenido en su cuenta de capitalización individual. Una familia podría completar el inicial de una vivienda, impulsando el sector construcción, uno de los principales motores de la economía dominicana. En todos los casos, el dinero regresaría a la economía real.

Los críticos argumentarán que esto pondría en riesgo las pensiones futuras. Esa preocupación es legítima y debe ser tomada en serio. Sin embargo, también es válido preguntarse qué ocurre cuando esas pensiones futuras ya se proyectan insuficientes para garantizar una vida digna. Para muchos trabajadores, la diferencia entre una pensión baja y una pensión muy baja no justifica mantener todos sus recursos inmovilizados durante décadas.

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Además, el impacto sobre la pensión puede calcularse de manera transparente. Si un afiliado posee RD$1,000,000 acumulados y retira un 10 %, conservaría RD$900,000 invertidos. La reducción futura dependería del tiempo restante para jubilarse, la rentabilidad obtenida y las nuevas cotizaciones realizadas. Por ello, cualquier esquema de retiro debería estar acompañado de simulaciones obligatorias para que cada trabajador conozca el efecto exacto sobre su pensión proyectada antes de tomar una decisión.

La discusión tampoco debe centrarse en eliminar las AFP's de un día para otro.

Lo que debe discutirse es si el trabajador debe tener mayor control sobre un dinero que le pertenece y que ha sido acumulado con el fruto de su trabajo. También debe analizarse si el modelo actual está cumpliendo efectivamente con los objetivos para los cuales fue creado.

Si el Gobierno necesita estimular la economía y aumentar la actividad productiva, quizás una parte de la respuesta no está únicamente en cobrar más impuestos, sino en permitir que los propios ciudadanos tengan acceso a una fracción de los recursos que han acumulado durante años.

En una economía que necesita crecimiento, inversión y consumo, devolver parte de esos fondos a quienes los generaron podría convertirse en una alternativa más justa y más efectiva que seguir aumentando la carga fiscal sobre trabajadores, consumidores y pequeños negocios. Al mismo tiempo, cualquier reforma debería incluir mecanismos de protección para evitar retiros indiscriminados que comprometan la sostenibilidad del sistema previsional.

Las cifras, la legislación vigente y la realidad económica obligan a abrir este debate con seriedad. No se trata de una discusión ideológica, sino de evaluar si el sistema está cumpliendo su promesa fundamental: garantizar seguridad económica en la vejez sin sacrificar innecesariamente las oportunidades de progreso en el presente.

El debate de fondo es sencillo: ¿debe el dinero permanecer inmovilizado durante décadas en un sistema que muchos consideran insuficiente, o debería el trabajador tener la posibilidad de decidir cómo utilizar una parte de sus propios recursos para mejorar su presente y construir su futuro?

Por Melvin Sena

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