Al cierre del 2024, la tan proclamada «justicia independiente» de la gestión de Luis Abinader sigue siendo más promesa que realidad. Pese a los titulares mediáticos y los compromisos públicos de combatir la corrupción, la Procuraduría General de la República, liderada por Miriam Germán Brito y acompañada por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, no ha logrado una sola condena ejemplar en los casos de corrupción emblemáticos que se anunciaron con gran expectativa.
Dilación: la aliada de los acusados
La estrategia de los abogados defensores ha sido sencilla pero efectiva: usar el tiempo como aliado. Expedientes interminables de 10,000 o 12,000 páginas, presentados como evidencia en juicios preliminares, se convierten en un obstáculo insalvable cuando un juez exige que se lean en su totalidad antes de avanzar. Esto, sumado a tácticas como ausencias justificadas por enfermedades, molestias menores o simples demoras burocráticas, ha hecho que los procesos se extiendan sin fin, acercándose peligrosamente al periodo de extinción penal.
El resultado es un desgaste que beneficia exclusivamente a los implicados, quienes parecen entender que la justicia en República Dominicana no corre, sino que camina al ritmo de los intereses que protege. Mientras tanto, la ciudadanía, cansada de ver cómo estos casos se diluyen en un mar de excusas, los percibe como un simple «mareo».
Más ruido que resultados
La gestión del Ministerio Público o mal llamada «Justicia independiente de Abinader, ha estado marcada por un enfoque mediático que busca impresionar, pero que carece de sustancia en los tribunales. Allanamientos transmitidos en vivo, conferencias de prensa cargadas de dramatismo y términos como «Operación Coral» o «Operación Antipulpo» han dado la impresión de una lucha decidida contra la corrupción. Sin embargo, al final, las expectativas creadas no han sido respaldadas por sentencias firmes.
A pesar de las constantes promesas, ni Yeni Berenice ni Wilson Camacho han podido llevar un caso de alto perfil a una condena definitiva. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad técnica y estratégica de la justicia dominicana para abordar procesos tan complejos.
El impacto político y social
La falta de condenas no solo afecta la credibilidad del Ministerio Público, sino también la del propio gobierno de Luis Abinader, quien apostó por un discurso de cambio que ahora parece tambalearse. La independencia judicial prometida se percibe como un logro incompleto, y la percepción de impunidad sigue siendo un obstáculo para el fortalecimiento del estado de derecho en el país.
¿Qué sigue?
Si la justicia independiente de Abinader no ajusta su estrategia y prioriza la sustancia sobre el espectáculo, el legado de esta gestión quedará marcado por la ineficiencia y el fracaso en combatir la corrupción. Para el 2025, es crucial que el Ministerio Público demuestre que no solo puede perseguir, sino también condenar a quienes han saqueado las arcas del Estado.
Sin resultados tangibles, la ciudadanía seguirá preguntándose: ¿Es realmente independiente la justicia, o simplemente se adaptó para mantener intactas las mismas estructuras de poder que prometió desmantelar?
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