Una Reforma Fiscal Impopular y Regresiva: ¿Quién en su sano juicio la apoyaría?
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El Gobierno dominicano ha presentado su tan esperada reforma fiscal, bajo el nombre de "modernización fiscal", con la promesa de reducir el endeudamiento público, combatir la evasión y la elusión tributaria, y mejorar los servicios públicos. Pero, ¿quién en su sano juicio podría celebrar una medida que implica pagar más impuestos sin garantías de un cambio real y tangible en la calidad de vida? Este llamado a la modernización parece ser, una vez más, un mecanismo que profundiza la desigualdad, donde el rico sigue siendo más rico y el pobre más pobre.
Los gobiernos, tanto actuales como pasados, han demostrado ser especialistas en aumentar la deuda pública mientras disminuyen la calidad de los servicios básicos. La salud, la educación y la seguridad, pilares esenciales del bienestar ciudadano, se encuentran en un estado deplorable. Mientras tanto, los índices de corrupción no solo persisten, sino que parecen haberse intensificado, como si la impunidad se hubiera institucionalizado. En este contexto, es inverosímil pensar que los ciudadanos, especialmente los de menores ingresos, estén dispuestos a aceptar una medida que no hace más que limitar aún más su capacidad adquisitiva.
¿Una base del PRM dispuesta a defender lo indefendible?
Se ha solicitado a los miembros del PRM y a su base política que respalden esta reforma fiscal.
Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿será posible que la base perremeísta, que ha sido relegada y decepcionada por las promesas incumplidas, salga a defender una medida que claramente va en contra de sus intereses? Sería ilógico suponer que defenderán una reforma que reduce su capacidad de adquirir bienes básicos, mientras observan cómo el gobierno no tiene logros sustanciales que mostrar más allá de un endeudamiento creciente y una gestión pública mediocre.
¿Dónde están las obras de infraestructura prometidas? ¿Dónde está la mejora en los servicios públicos? Hasta ahora, la gestión gubernamental parece enfocada en la acumulación de deuda, el deterioro de la calidad de vida y un incremento en la brecha entre ricos y pobres. Si la base del PRM y sus aliados políticos aceptan defender esta reforma, estaríamos presenciando un escenario donde el masoquismo social, la indolencia y la resignación habrían alcanzado niveles peligrosamente altos.
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Una reforma fiscal "necesaria" pero desigual
El gobierno insiste en que esta reforma es "necesaria" para enfrentar la crisis fiscal que vive el país. Se argumenta que es indispensable captar fondos para reducir el endeudamiento, iniciar proyectos de infraestructura vial y fortalecer el sector salud, entre otros objetivos. Pero, ¿realmente esta reforma cumple con el objetivo de redistribuir de manera justa la carga fiscal?
En términos prácticos, lo que parece estar sucediendo es la perpetuación de un sistema tributario que sigue favoreciendo a las élites económicas del país. Se mencionan ajustes en incentivos para sectores como el turismo, el cine, la industria y los fideicomisos, pero estos ajustes difícilmente afectarán de manera significativa a quienes concentran la riqueza. Mientras tanto, las clases medias y bajas, que ya están sufriendo por los altos costos de vida, verán aún más limitada su capacidad de consumo. ¿Cómo es posible que se pretenda gravar a quienes menos tienen, mientras los grandes capitales gozan de exenciones y beneficios fiscales?
El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, señala que la República Dominicana destina actualmente más de 263,000 millones de pesos solo para el pago de los intereses de la deuda, lo que representa el 22 % de los ingresos del gobierno. Este dato, lejos de justificar una reforma fiscal regresiva, debería ser una llamada de atención sobre la necesidad de una verdadera reestructuración económica que implique una mayor fiscalización a las grandes fortunas y la reducción de gastos superfluos.
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Lo más indignante de esta reforma fiscal es que el gobierno exige que los ciudadanos paguemos más dinero en impuestos, pero no hace el más mínimo esfuerzo por mejorar la calidad del gasto público. No se ven recortes en el despilfarro ni en los privilegios de la clase política, y mucho menos se toman medidas para limitar los beneficios de los grandes empresarios, quienes siguen gozando de exenciones y ventajas fiscales. Mientras tanto, el ciudadano común ve cómo sus ingresos se reducen sin recibir a cambio mejores servicios públicos, ni una gestión gubernamental eficiente.
Una sociedad atrapada en un ciclo de desigualdad
La propuesta de reforma fiscal del gobierno dominicano es un claro ejemplo de cómo las élites económicas siguen siendo protegidas a costa de la clase trabajadora. En lugar de impulsar un modelo fiscal más equitativo, se opta por una estrategia que garantiza que los ricos continúen aumentando sus fortunas mientras los pobres ven cómo se les arrebata lo poco que tienen.
Si bien es cierto que una reforma fiscal era necesaria, esta no es la solución que el país requiere. Lo que se necesita es un gobierno que sea capaz de presentar resultados tangibles, de reducir la corrupción y de mejorar los servicios públicos de manera significativa. En lugar de eso, lo que vemos es un intento de cargar sobre los hombros de los más vulnerables una deuda que no han generado y de perpetuar un sistema que mantiene a la mayoría en la pobreza.
La sociedad dominicana debe abrir los ojos y exigir una reforma fiscal verdaderamente justa, que no solo garantice el pago de la deuda pública, sino que también promueva una distribución equitativa de la riqueza. De lo contrario, seguiremos atrapados en un ciclo de desigualdad y pobreza del cual será cada vez más difícil escapar.
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