¿Y FRIUSA PARA CUÁNDO? LOS DOMINICANOS TAMBIÉN NECESITAN QUE ALGUIEN ENFRENTE EL PROBLEMA QUE ABINADER NO HA RESUELTO
La intervención de fuerzas salvadoreñas en Haití, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para el Gobierno dominicano: s...
La intervención de fuerzas salvadoreñas en Haití, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para el Gobierno dominicano: si la inseguridad haitiana representa una amenaza para toda la región, ¿por qué los dominicanos siguen reclamando respuestas más contundentes frente a la inmigración irregular, las redes criminales y la explotación laboral que se producen dentro de su propio territorio?
Por Melvin Sena | Hackeando el Sistema
Hay una realidad que los dominicanos de a pie llevan años denunciando y que no puede seguir siendo tratada como un asunto secundario: la presión que ejerce la inmigración irregular sobre determinados servicios públicos, la competencia laboral desleal, la informalidad empresarial, la explotación de trabajadores extranjeros y las dificultades del Estado para hacer cumplir sus propias leyes migratorias.
La discusión ha adquirido una nueva dimensión después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decidiera involucrar a su país en los esfuerzos internacionales para combatir las organizaciones criminales que mantienen a Haití sumido en una profunda crisis de seguridad.
El 29 de octubre de 2026, Reuters informó que El Salvador había enviado aproximadamente 2,000 efectivos a Haití, con una previsión de alcanzar hasta 2,500. El despliegue se produce en el contexto de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por Naciones Unidas y de una operación que Bukele ha presentado como un esfuerzo para rescatar a personal internacional desaparecido después de una emboscada criminal.
ReutersLa noticia tiene una lectura particular para República Dominicana.
Mientras la comunidad internacional busca contener las organizaciones armadas que han debilitado las instituciones haitianas, los dominicanos observan lo que ocurre en su propio territorio y se preguntan si el Estado está haciendo todo lo necesario para impedir que las consecuencias de esa crisis terminen afectando su seguridad, su economía y su convivencia social.
Y aquí aparece Friusa.
1. Haití se ha convertido en una amenaza de seguridad regional
No estamos hablando de una preocupación inventada ni de una percepción aislada.
Las Naciones Unidas han documentado el crecimiento territorial de las organizaciones criminales haitianas, sus ataques contra civiles, los secuestros, las extorsiones, el tráfico de armas y la violencia sexual.
Según datos verificados por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026 fueron asesinadas al menos 5,519 personas y otras 2,608 resultaron heridas en Haití.
Secretary-General+1El problema tampoco está limitado a Puerto Príncipe. La violencia se ha extendido hacia departamentos como Artibonite y Centre, aumentando la inestabilidad y el desplazamiento de comunidades.
En agosto de 2026, Naciones Unidas informó que 1,408 personas habían sido asesinadas y 656 heridas durante el segundo trimestre de ese año, en el contexto de la violencia armada en Haití.
DPPA+1Estas cifras explican por qué la seguridad haitiana dejó de ser exclusivamente un problema interno de ese país.
Para República Dominicana, que comparte una frontera terrestre de aproximadamente 391 kilómetros con Haití, la crisis representa un desafío permanente de seguridad, control territorial, migración y estabilidad económica.
La pregunta es qué tan preparada está nuestra institucionalidad para responder a sus consecuencias.
2. Friusa: el problema no puede limitarse a realizar operativos migratorios
Friusa, en Bávaro, se ha convertido en uno de los puntos más visibles de la discusión nacional sobre inmigración irregular.
La zona concentra actividades turísticas, construcción, comercio y servicios, sectores que demandan una importante cantidad de trabajadores.
Pero también ha sido escenario de reiterados operativos migratorios.
Las propias estadísticas de la Dirección General de Migración permiten dimensionar el fenómeno.
En abril de 2025, la institución informó que había realizado 130 operativos desde octubre de 2024 en Friusa y Verón, con un resultado acumulado de 9,405 extranjeros detenidos y repatriados, en su gran mayoría ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular.
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓNEl 24 de enero de 2026, Migración informó sobre otro operativo especial en La Altagracia y La Romana, durante el cual fueron detenidos 217 ciudadanos haitianos sin estatus migratorio regular. Las intervenciones incluyeron Friusa, Matamosquito, Verón y Uvero Alto.
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓNEsos números demuestran que las autoridades conocen la magnitud del problema migratorio en esa zona.
Pero también obligan a formular preguntas que no se responden contando detenidos:
¿Cuántos empleadores han sido investigados por contratar trabajadores sin la documentación correspondiente?
¿Cuántas empresas han sido sancionadas por incumplir las disposiciones laborales?
¿Qué mecanismos existen para identificar a quienes facilitan redes de tráfico de personas?
¿Cuántas investigaciones se han abierto para determinar si existen estructuras criminales operando en determinados sectores?
¿Qué resultados concretos se han obtenido para evitar que los mismos lugares vuelvan a convertirse en puntos de concentración de inmigración irregular?
Hay una precisión indispensable: las estadísticas migratorias citadas no demuestran que en Friusa operen bandas criminales haitianas organizadas. Tampoco sería correcto identificar a todos los inmigrantes haitianos con esas organizaciones.
Precisamente por eso, el Estado debe investigar con inteligencia, identificar responsables y presentar pruebas, en lugar de confundir un problema migratorio con uno de criminalidad organizada.
Friusa necesita algo más que operativos periódicos: necesita una intervención institucional integral, sostenida y verificable.
3. La responsabilidad no es solamente del inmigrante: también es del empresario que viola la ley
Aquí existe una de las mayores contradicciones del debate dominicano.
Se habla constantemente de inmigración irregular, pero pocas veces se coloca en el centro de la discusión a los empresarios que se benefician de esa situación.
¿Por qué determinados empleadores prefieren contratar trabajadores extranjeros sin documentación regular?
En muchos casos, la respuesta está relacionada con la posibilidad de pagar salarios inferiores, evadir obligaciones laborales, reducir costos de seguridad social y mantener trabajadores en condiciones de vulnerabilidad.
Esto no significa que todos los empresarios actúen de esa manera ni que todos los trabajadores haitianos reciban un trato abusivo. Significa que existe un problema de informalidad y fiscalización que debe investigarse.
Los datos del Instituto Nacional de Migración ofrecen elementos importantes.
Un análisis publicado por esa institución sobre la integración económica de la población migrante señala que, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo de 2024, la participación laboral de los haitianos alcanzaba el 73.6 %, frente al 64.7 % de los dominicanos.
También identifica una concentración de trabajadores haitianos en sectores como:
Sector económico | Participación de trabajadores haitianos |
|---|---|
Agropecuario | 33.8 % |
Construcción | 26.3 % |
Comercio | 16.3 % |
El mismo análisis señala que la construcción presenta una elevada dependencia de trabajadores extranjeros y que persisten problemas de informalidad y falta de protección social.
Instituto Nacional de MigraciónEsto demuestra que la discusión no puede reducirse a las deportaciones.
Hay que investigar a quienes contratan, a quienes transportan, a quienes alojan y a quienes se lucran con la contratación irregular.
La legislación laboral dominicana establece mecanismos para proteger la participación de trabajadores nacionales y regular la contratación extranjera.
Por tanto, si una empresa utiliza mano de obra irregular para evadir sus obligaciones, el Estado debe actuar contra esa empresa.
No es justo que un trabajador dominicano tenga que competir bajo las reglas de la legislación laboral mientras otros empleadores pueden obtener ventajas mediante la contratación informal y la vulneración de derechos.
Y tampoco es justo que un trabajador haitiano sea explotado porque su condición migratoria lo hace más vulnerable.
La solución requiere inspección laboral, sanciones empresariales y formalización del empleo.
Si el Gobierno quiere enfrentar seriamente la inmigración irregular, también tiene que enfrentar el negocio que se construye alrededor de ella.
4. Los servicios públicos y el costo de la presión migratoria
Otro aspecto que merece una discusión basada en datos es el impacto de la inmigración sobre los servicios públicos.
Los dominicanos tienen derecho a exigir hospitales con capacidad suficiente, escuelas equipadas, seguridad ciudadana y servicios públicos que respondan a las necesidades de la población.
Cuando aumenta la demanda de servicios en territorios que ya tienen limitaciones presupuestarias y de infraestructura, las autoridades deben planificar y transparentar los recursos necesarios.
En materia sanitaria, las estadísticas del Servicio Nacional de Salud correspondientes a 2023 mostraron que los ciudadanos haitianos representaron el 9.9 % del total de atenciones registradas.
Para 2024, los datos disponibles hasta agosto mostraban proporciones de 12.4 % en hospitalizaciones, 8.2 % en consultas externas y 9.3 % en emergencias.
Diario de SaludEstas cifras deben analizarse con cuidado: representan atenciones, no necesariamente personas distintas, y no permiten atribuir automáticamente un déficit hospitalario a la población migrante.
Sin embargo, sí plantean una obligación para el Gobierno: publicar información transparente sobre la demanda, los costos, la distribución territorial de los servicios y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
El problema no se resuelve negando la existencia de una presión sobre los servicios públicos, pero tampoco inventando cifras sobre cuánto cuesta la población haitiana al Estado.
Los ciudadanos necesitan conocer los números reales.
5. Abinader ha anunciado medidas, pero la pregunta es si están produciendo resultados suficientes
Sería incorrecto afirmar que el Gobierno de Luis Abinader no ha adoptado ninguna medida frente a las bandas haitianas o la inmigración irregular.
El 27 de febrero de 2025, el presidente anunció la declaración de las bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas mediante el Decreto 104-25 y ordenó activar el Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista.
Presidencia de la República DominicanaTambién ha impulsado la construcción de la verja fronteriza, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y los operativos de interdicción migratoria.
En junio de 2026, el Gobierno presentó avances de su estrategia Frontera Fuerte, que contempla seguridad, conectividad y desarrollo económico en las provincias fronterizas.
Dirección de Prensa del PresidenteMás recientemente, el 26 de octubre de 2026, Abinader aseguró que no permitiría la presencia de bandas criminales haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio dominicano.
El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó que las bandas no habían avanzado hacia la frontera dominicana y que las Fuerzas Armadas habían reforzado sus capacidades de vigilancia e inteligencia.
Presidencia de la República DominicanaSin embargo, hay una diferencia entre anunciar medidas, ejecutar operativos y demostrar resultados sostenibles.
El Gobierno debe responder preguntas fundamentales:
¿Cuántas estructuras de tráfico de personas han sido desmanteladas?
¿Cuántos empresarios han sido sancionados por contratación irregular?
¿Cuántas investigaciones se han abierto contra redes criminales transnacionales?
¿Cuál es la capacidad real de inteligencia para identificar integrantes de organizaciones criminales que intenten ingresar al país?
¿Qué resultados concretos tiene la estrategia de seguridad en Friusa y otras comunidades de alta concentración migratoria?
La negligencia que se denuncia aquí no consiste en afirmar que el Gobierno no hace absolutamente nada. Consiste en cuestionar si sus actuaciones están siendo suficientes, sostenidas y transparentes frente a un problema que afecta directamente a la población.
Un Gobierno no puede medir el éxito de su política migratoria únicamente por la cantidad de personas detenidas o deportadas.
Tiene que demostrar que está reduciendo las redes que facilitan la inmigración irregular, sancionando a quienes se benefician de ella y protegiendo a las comunidades dominicanas.
6. ¿Por qué los dominicanos miran hacia Bukele?
El presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha convertido en una referencia internacional para quienes reclaman respuestas contundentes frente a las organizaciones criminales.
Su política de seguridad en El Salvador ha estado basada en operaciones policiales y militares, detenciones masivas, control territorial y encarcelamiento de integrantes de pandillas.
Ahora, su Gobierno también participa en los esfuerzos internacionales contra las bandas haitianas.
Pero es importante entender que Haití no es El Salvador.
Las estructuras criminales haitianas tienen características diferentes, cuentan con armamento pesado, redes de tráfico internacional y una relación compleja con las instituciones políticas y económicas del país.
Reuters también ha advertido sobre los riesgos de trasladar mecánicamente el modelo salvadoreño a Haití, incluyendo los problemas de derechos humanos, la capacidad penitenciaria y las diferencias entre ambos escenarios.
Reuters+1Por eso, no se trata de pedir una copia automática del modelo Bukele.
Se trata de exigir que República Dominicana tenga una política de seguridad con objetivos claros, inteligencia criminal, control territorial, investigación financiera y consecuencias judiciales.
Los dominicanos no necesitan que un presidente extranjero venga a administrar su territorio.
Necesitan que sus propias instituciones cumplan con su responsabilidad.
7. La petición: Bukele, miren también hacia Friusa
La referencia a Friusa tiene un significado que va más allá de un sector de Bávaro.
Representa el reclamo de ciudadanos que sienten que las autoridades no han conseguido establecer un control institucional suficientemente efectivo en determinadas zonas donde coinciden inmigración irregular, informalidad económica y debilidades en la fiscalización.
Por eso, cuando los dominicanos observan la participación salvadoreña en Haití, surge una petición que tiene un componente simbólico:
Bukele, si están contribuyendo a combatir las organizaciones criminales haitianas en Haití, no olviden que del otro lado de la isla también hay comunidades dominicanas que necesitan seguridad, protección y un Estado que haga cumplir la ley.
No estamos pidiendo una intervención militar extranjera en República Dominicana, ni que se persiga a personas por su nacionalidad.
Estamos reclamando que se identifique y desmantele cualquier estructura criminal que opere en nuestro territorio, independientemente de la nacionalidad de sus integrantes.
Si existen bandas, que se investiguen y se presenten pruebas. Si existen redes de tráfico de personas, que se desmantelen. Si hay empresarios explotando trabajadores, que sean sancionados. Si hay funcionarios facilitando actividades ilegales, que respondan ante la justicia.
Friusa no puede convertirse en un territorio donde la autoridad del Estado sea intermitente.
Y lo mismo debe exigirse en Verón, Matamosquito, La Altagracia, Santo Domingo y cualquier otra comunidad donde existan problemas similares.
8. Lo que debería hacer el Gobierno dominicano
Una política seria requiere algo más que discursos presidenciales y operativos que aparecen en los titulares durante algunos días.
Estas son algunas medidas que deberían formar parte de una estrategia nacional:
1. Inteligencia criminal permanente. Identificar redes transnacionales, estructuras de tráfico de personas, financiamiento ilícito y posibles integrantes de organizaciones criminales.
2. Intervención integral en Friusa. Coordinar Migración, Policía Nacional, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Ministerio de Trabajo y autoridades municipales, con objetivos medibles y respeto a los derechos fundamentales.
3. Perseguir a los empleadores infractores. Realizar inspecciones laborales y aplicar sanciones a empresas que contraten trabajadores irregularmente o vulneren sus derechos.
4. Control migratorio tecnológico. Fortalecer los sistemas biométricos, la verificación documental y los controles en las principales rutas de movilidad.
5. Protección de los servicios públicos. Publicar estadísticas territoriales sobre la demanda sanitaria, educativa y social, y ajustar la planificación presupuestaria a las necesidades reales.
6. Fortalecer la frontera. Incrementar las capacidades de vigilancia, inteligencia, movilidad y respuesta de las Fuerzas Armadas y los organismos especializados.
7. Transparencia y rendición de cuentas. Publicar informes periódicos con detenciones, deportaciones, investigaciones criminales, procesos judiciales y sanciones a empleadores.
8. Cooperación internacional. Trabajar con los organismos internacionales y los países que participan en los esfuerzos de seguridad en Haití para impedir el tráfico de armas, personas y recursos destinados a financiar organizaciones criminales.
Conclusión: la seguridad dominicana no puede depender de los discursos
La República Dominicana tiene derecho a defender sus fronteras, proteger su soberanía, regular la inmigración y exigir que todas las personas que se encuentren en su territorio respeten sus leyes.
También tiene la obligación de garantizar que esas políticas se ejecuten sin discriminación, sin abusos y con respeto a los derechos humanos.
El problema haitiano no comenzó con Luis Abinader, pero la responsabilidad de administrar sus consecuencias dentro del territorio dominicano corresponde al Gobierno que actualmente dirige el país.
No basta con declarar terroristas a las bandas haitianas. No basta con construir una verja fronteriza. No basta con anunciar deportaciones. No basta con realizar operativos en Friusa y regresar semanas después a encontrar las mismas condiciones.
La ciudadanía necesita resultados verificables.
Y hay una contradicción que el presidente Abinader debe explicar: si su Gobierno reconoce que las organizaciones criminales haitianas constituyen una amenaza para la seguridad nacional, ¿por qué no existe todavía una estrategia pública, integral y evaluable que permita conocer cómo se está enfrentando el conjunto de problemas migratorios, laborales y de seguridad en las comunidades dominicanas más afectadas?
Los dominicanos de a pie no pueden seguir cargando solos con las consecuencias de una crisis que no provocaron.
Bukele está participando en una operación internacional para enfrentar las bandas criminales en Haití. Mientras tanto, los dominicanos siguen esperando que su propio Gobierno les garantice que la ley se cumple dentro de su territorio.
Porque defender la soberanía no es solamente proteger una línea fronteriza. Es garantizar que el Estado tenga autoridad, que las leyes se cumplan, que los trabajadores sean respetados y que los ciudadanos puedan vivir seguros en sus propias comunidades.
FRIUSA TAMBIÉN EXISTE, PRESIDENTE ABINADER. Y LOS DOMINICANOS TAMBIÉN MERECEN SEGURIDAD.
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