¿SEGURIDAD PARA LOS DOMINICANOS Y FLEXIBILIDAD PARA LA MIGRACIÓN IRREGULAR? LAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO DE ABINADER
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net Si uno observa las decisiones y actuaciones del Gobierno de Luis Abinader en materia de seguridad ciudadana, migración y defensa de la iden...
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
Si uno observa las decisiones y actuaciones del Gobierno de Luis Abinader en materia de seguridad ciudadana, migración y defensa de la identidad nacional, encuentra una serie de contradicciones que merecen una explicación pública.
Por un lado, la República Dominicana registra una preocupante cantidad de personas muertas durante intervenciones de la Policía Nacional. Por otro, las autoridades continúan anunciando el fortalecimiento de la seguridad fronteriza mientras persisten las denuncias sobre entradas irregulares de ciudadanos haitianos. Y ahora, una legisladora del propio Partido Revolucionario Moderno (PRM) presenta un proyecto para crear una cédula especial destinada a personas cuya nacionalidad no pueda acreditarse jurídicamente.
¿Estamos ante una política de Estado coherente o ante decisiones que transmiten señales contradictorias sobre las prioridades del Gobierno?
¿La seguridad ciudadana se está convirtiendo en una política de fuerza letal?
El dato es difícil de ignorar. Un levantamiento publicado por Diario Libre documentó que 104 jóvenes murieron en apenas 45 días, entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre de 2026, en hechos que la Policía Nacional reportó como intercambios de disparos.
Posteriormente, otro balance situó en 107 las muertes registradas durante intervenciones policiales en septiembre y octubre. Las autoridades sostienen que los fallecidos enfrentaron a los agentes, pero organizaciones de derechos humanos, juristas y otros sectores han reclamado investigaciones independientes para determinar las circunstancias de cada caso.
No se trata de defender a quienes cometen delitos. Quien roba, asesina, extorsiona o participa en estructuras criminales debe responder ante la justicia. Pero la Policía tiene la obligación de detener, investigar y entregar a los sospechosos al Ministerio Público. La fuerza letal solo puede utilizarse bajo condiciones estrictas de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el Estado parece tener tanta capacidad para desplegar fuerza letal contra jóvenes señalados por delitos, pero todavía debe demostrar que sus mecanismos de prevención, investigación y control territorial funcionan adecuadamente?
La seguridad no puede medirse por la cantidad de personas que mueren durante operativos. Debe medirse por la capacidad de prevenir delitos, proteger vidas y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
¿Dónde está la frontera que el Gobierno asegura tener protegida?
El presidente Abinader ha afirmado que la frontera se encuentra en su mayor nivel de protección. Ha anunciado más militares, vehículos blindados, drones y recursos de vigilancia. Sin embargo, la realidad migratoria continúa siendo un desafío para las autoridades.
El 5 de noviembre, la Dirección General de Migración informó que había detenido a 1,447 extranjeros indocumentados durante las operaciones del día anterior y que deportó a otros 1,454. Además, el Ejército informó que impidió la entrada irregular de 12,556 ciudadanos haitianos entre el 21 de septiembre y el 17 de octubre.
Esas cifras demuestran que existen operativos y que las autoridades realizan interdicciones. Pero también reflejan la dimensión del desafío migratorio y la necesidad de explicar qué ocurre con los controles en los distintos puntos de la frontera y en las rutas hacia los principales centros urbanos.
No basta con anunciar que la frontera está protegida. Hay que demostrarlo con resultados verificables, estadísticas transparentes y una política que impida que las redes de tráfico de personas y los facilitadores de la migración irregular operen con impunidad.
Y aquí surge otra pregunta: ¿cómo puede el Gobierno pedir confianza absoluta en su estrategia fronteriza cuando todavía existen denuncias de corrupción, tráfico de personas y entradas irregulares que requieren investigaciones y respuestas?
¿Qué busca realmente el proyecto de cédula especial?
La controversia aumenta con el proyecto depositado por la diputada del PRM Maribel Almánzar de Ogando, identificado con el número 06435-2024-2028-CD.
La propuesta contempla crear un registro especial para personas cuya nacionalidad dominicana no pueda acreditarse jurídicamente, después de las verificaciones correspondientes. La identificación llevaría la expresión «NO VOTA» y, cuando corresponda, «Nacionalidad no determinada».
Hay que decirlo con precisión: el proyecto no concede automáticamente la nacionalidad dominicana, no otorga derecho al voto ni permite obtener un pasaporte dominicano. Se presenta como un mecanismo para resolver situaciones de identidad y documentación.
Pero eso no elimina las preguntas que debe responder el Congreso.
¿Qué perfiles de personas podrían acogerse a este régimen? ¿Qué controles se aplicarían para verificar la identidad y los antecedentes documentales? ¿Cómo se evitará que personas vinculadas a redes de falsificación o suplantación aprovechen el mecanismo? ¿Cómo se garantizará que la medida no termine debilitando los procedimientos ordinarios de nacionalidad y registro civil?
La propia iniciativa contempla casos de documentos con falsedades, duplicidades, inconsistencias y suplantaciones. Por eso, la discusión no puede limitarse a presentar la propuesta como una solución administrativa. El país necesita conocer sus garantías, sus límites y sus posibles consecuencias.
¿Cuál es la visión de dominicanidad que está defendiendo el Gobierno?
También debemos recordar el debate que provocó la propuesta de incorporar el creole a las escuelas públicas. La Asociación Dominicana de Profesores aclaró que no había adoptado una posición institucional, después de que uno de sus dirigentes expresara respaldo a esa posibilidad.
Aprender otros idiomas no amenaza la identidad dominicana. El problema aparece cuando se discuten cambios educativos sin establecer prioridades claras, mientras persisten dificultades en la calidad de la enseñanza, la infraestructura escolar y la formación de nuestros estudiantes.
La identidad nacional no se defiende discriminando a nadie, pero tampoco se puede tratar como un asunto secundario. La historia dominicana, nuestra Constitución, la soberanía, la cultura y el conocimiento de nuestros procesos históricos deben ocupar un lugar central en las decisiones públicas.
El Gobierno tiene la obligación de explicar qué modelo de política migratoria, educativa y de identidad nacional está construyendo.
Un Gobierno que debe explicar sus prioridades
La crítica no consiste en afirmar que toda persona fallecida en un operativo policial era inocente, que todo extranjero indocumentado logró entrar sin ser detectado o que el proyecto de cédula concede nacionalidad dominicana. Ninguna de esas afirmaciones sería rigurosa.
La cuestión de fondo es otra: ¿por qué la ciudadanía tiene que seguir reclamando explicaciones sobre la seguridad policial, el control fronterizo, la documentación irregular y la defensa de la identidad nacional?
Un Gobierno que presume de tener la frontera más protegida debe demostrarlo. Una Policía que combate la delincuencia debe hacerlo dentro de la Constitución. Y un Congreso que modifica las reglas de identificación debe garantizar que ninguna irregularidad termine convirtiéndose en una puerta para vulnerar el sistema de nacionalidad.
El PRM llegó al poder prometiendo cambios. Por eso, sus legisladores y funcionarios deben asumir la responsabilidad de explicar estas decisiones y sus consecuencias.
Desde nuestra perspectiva, la dominicanidad no se demuestra con discursos patrióticos ni con fotografías de operativos militares. Se demuestra defendiendo la soberanía, aplicando las leyes, protegiendo la vida de los ciudadanos, controlando la migración y fortaleciendo las instituciones.
La pregunta que debe responder el presidente Abinader es sencilla: ¿cuál es la visión de país que está dejando su Gobierno en materia de seguridad, migración e identidad nacional?
Porque la República Dominicana necesita seguridad sin ejecuciones ilegales, migración bajo control, documentación confiable y una política de Estado que coloque la soberanía y la identidad nacional entre sus prioridades fundamentales.
Melvin Sena
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