¿Y si usamos los fondos de las AFP para subsidiar parte del salario de los trabajadores dominicanos de la construcción y la agricultura?
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En la República Dominicana, los productores agrícolas justifican la contratación de mano de obra haitiana argumentando que los dominicanos no quieren trabajar, especialmente por salarios bajos como RD$800 diarios, una percepción que no solo es cuestionable, sino que refleja un problema estructural del modelo económico. Una solución innovadora sería utilizar los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para subsidiar el complemento salarial que permita a los trabajadores dominicanos alcanzar el salario mínimo legal, incentivando su contratación y formalización en el sector agrícola, mientras se reduce la dependencia de mano de obra extranjera no regulada.
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Además, las AFP podrían desempeñar un rol activo al comprar y comercializar los productos agrícolas de la República Dominicana, tanto a nivel nacional como internacional. Este artículo analiza el impacto económico de esta propuesta, fundamentada en leyes económicas, evaluando riesgos, beneficios y su potencial para transformar el mercado laboral y la economía del país.
El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), regulado por la Ley 87-01, establece un marco para proteger a los trabajadores mediante cotizaciones al fondo de pensiones, con un aporte combinado del 9.97% del salario cotizable. Sin embargo, en el sector agrícola, los salarios suelen estar por debajo del mínimo legal (por ejemplo, RD$25,000 mensuales), lo que fomenta la informalidad y la contratación de haitianos dispuestos a trabajar por menos.
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Subsidiar la diferencia —unos RD$4,200 mensuales por trabajador para pasar de RD$20,800 a RD$25,000— con los más de RD$700,000 millones acumulados en las AFP podría formalizar a miles de dominicanos, alineándose con el principio económico de externalidades positivas: más cotizantes fortalecen el SDSS y reducen la carga fiscal futura. Asimismo, la elasticidad de la oferta laboral sugiere que salarios competitivos aumentarían la participación de dominicanos en el sector, desmontando mitos sobre su disposición al trabajo.
El impacto económico sería significativo. Formalizar 50,000 trabajadores generaría beneficios tangibles para el gobierno, los trabajadores y las AFP, además de retener capital que actualmente se pierde en remesas. Para el gobierno, los ingresos fiscales crecerían en unos RD$1,500 millones anuales: RD$124 millones por cotizaciones al SDSS (solo en pensiones) y RD$62.5 millones por ISR (RD$1,250 por trabajador al año), reduciendo también el gasto en subsidios sociales a largo plazo. Los trabajadores dominicanos ganarían RD$50,400 anuales adicionales por persona (RD$2,520 millones para 50,000), elevando su poder adquisitivo y estimulando la demanda local.
Las AFP recaudarían RD$124.6 millones en nuevos aportes y, al comercializar productos agrícolas con un margen del 10% sobre ventas de RD$5,000 millones, podrían obtener RD$500 millones extras, diversificando sus ingresos. Crucialmente, al priorizar la mano de obra local, se reduciría la salida de remesas hacia Haití —que drena millones de dólares—, reteniendo ese dinero para reinversión interna.
Sin embargo, los riesgos son notables. Desviar fondos de las AFP podría afectar la rentabilidad mínima garantizada por la Ley 87-01, comprometiendo las pensiones futuras si los retornos no compensan el gasto. Subsidiar solo a dominicanos podría distorsionar el mercado laboral, generando tensiones con Haití, y las AFP, sin experiencia en comercialización agrícola, podrían enfrentar pérdidas iniciales.
Además, algunos productores podrían resistirse a la formalidad para evitar costos administrativos. A pesar de ello, los beneficios —reducción de la informalidad, aumento de la productividad y competitividad internacional— superan los riesgos si se implementa con regulación estricta y un plan piloto.
Usar los fondos de las AFP para financiar mano de obra dominicana en el sector agrícola no solo refutaría los argumentos de los productores, sino que transformaría la economía nacional. Con un costo inicial de RD$2,520 millones anuales para 50,000 trabajadores, los retornos en cotizaciones, impuestos y comercio podrían equilibrar la inversión en 5-10 años, promoviendo empleo formal, equidad y crecimiento inclusivo, mientras se reduce la dependencia de mano de obra ilegal haitiana y se retiene el capital dentro del país. Es una apuesta audaz, pero con el potencial de redefinir el futuro económico de la República Dominicana.
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