
Julio Cury: “El Ministerio Público no es juez, y la justicia dominicana se ha convertido en un instrumento político”
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En una entrevista concedida al comunicador Aneudys Santos y al analista Melvin Sena, el abogado y jurista Julio Cury ofreció una de sus reflexiones más profundas sobre el deterioro del sistema judicial dominicano, la manipulación política de la justicia y las debilidades estructurales del marco legal actual.
Durante la conversación —marcada por un tono crítico pero fundamentado en doctrina—, Cury abordó los límites del Ministerio Público, la selectividad en la persecución de la corrupción y la urgencia de reformar el Código Penal para adecuarlo a los tiempos digitales.
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El Ministerio Público no imparte justicia
Julio Cury inició su intervención aclarando una confusión que, según él, incluso ha cometido el propio presidente de la República, Luis Abinader.
El jurista recordó que el Ministerio Público no administra justicia, sino que ejerce la acción penal pública en representación del Estado.
“El presidente dijo que esperará lo que determine el Ministerio Público… pero el Ministerio Público no decide nada. No es juez. Su función es acusar; la justicia la imparten los tribunales”, puntualizó Cury.
El abogado explicó que esta confusión entre acusar y juzgar refleja una peligrosa tendencia a politizar los procesos judiciales. A su juicio, la independencia que se pregona desde el Gobierno es más discursiva que real, porque los fiscales continúan respondiendo a líneas políticas.
Cury recordó que, antes de la reforma constitucional del 2010, el Procurador General de la República y los fiscales eran designados por decreto presidencial. Aunque esa práctica cambió formalmente, asegura que el Ministerio Público sigue siendo un brazo político del poder, y por tanto, su autonomía es apenas “cosmética”.
“La independencia del Ministerio Público es una fábula. Se persigue a unos con saña, mientras otros gozan de una impunidad blindada”, sentenció.
Selectividad en la persecución de la corrupción
Al referirse a los grandes escándalos administrativos, como los casos Senasa, Banreservas y Baninter, Cury fue categórico:
en la República Dominicana la justicia se aplica con sesgo, según convenga al gobierno de turno. “Llevamos cinco años con el mismo partido en el poder y todavía no hay una sola sentencia firme por corrupción. Se arman expedientes mediáticos, pero se evita tocar a los cercanos al poder”, expresó.
El jurista comparó la magnitud del caso Senasa con el histórico fraude del Baninter, aunque aclaró que su impacto económico no tendría las mismas consecuencias macrofinancieras. Sin embargo, sí lo considera un golpe ético devastador. “El problema no es la cantidad de dinero, sino la descomposición que revela. La corrupción se volvió normal, y lo más grave es la tolerancia social con lo mal hecho”, advirtió.
Cury sostuvo que el Ministerio Público ha actuado con selectividad, centrando sus esfuerzos en figuras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mientras los casos vinculados al actual gobierno duermen en los escritorios.
Esa práctica —según él— erosiona la confianza en la justicia y deja en evidencia que la persecución penal se usa como herramienta política.
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El derecho dominicano necesita una cirugía completa
Otro punto clave del diálogo fue la discusión sobre el nuevo Código Penal. Cury explicó que uno de los avances propuestos era excluir los delitos de prensa del ámbito penal, trasladándolos al terreno civil, como ocurre en las democracias modernas.
“En los países donde la libertad de expresión es respetada, los conflictos por opinión o difamación no llevan a la cárcel, sino a una indemnización civil. La cárcel por opinar es un rezago autoritario”, sostuvo el abogado.
También subrayó la necesidad de modernizar las normas para adaptarlas a la realidad digital, donde las redes sociales se han convertido en un espacio de expresión pública que no estaba contemplado en las leyes dominicanas vigentes.
“El Código Penal fue escrito en otro siglo. No entiende la dinámica de internet ni la viralidad. No se puede aplicar el mismo esquema punitivo de hace cien años a una sociedad hiperconectada”, dijo Cury.
Además, el jurista hizo referencia al principio de territorialidad del derecho penal, recordando que las leyes dominicanas se aplican dentro del territorio nacional, con excepciones muy específicas.
Sin embargo, insistió en que el verdadero desafío no es solo técnico, sino moral:
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“Podemos reformar todas las leyes del mundo, pero mientras la justicia siga respondiendo al poder político, nada cambiará.”
Un espejo para la justicia dominicana
Las declaraciones de Julio Cury en la entrevista con Aneudys Santos y Melvin Sena se convirtieron en una radiografía incómoda del sistema judicial dominicano.
Su mensaje principal no se limitó a la crítica legal, sino que apuntó a una crisis estructural de confianza, donde el ciudadano percibe que la ley se aplica según la conveniencia del poder.
En su estilo frontal, el jurista dejó entrever que el país necesita una “cirugía institucional profunda”, capaz de garantizar que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial respondan a los caprichos del Ejecutivo.
“No se trata de cambiar los nombres de las leyes, sino de cambiar la forma en que el poder las usa”, concluyó.
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