A Venezuela la siguen gobernando las mismas personas. Tiene un presidente rehén en EE. UU. y la gente reclama su regreso.

En medio de una escalada discursiva sin precedentes entre Washington y Caracas, el Gobierno de Venezuela ha fijado una posición firme frente a lo que califica como una agresión directa a su soberanía y un intento de imponer, por la vía militar y mediática, una autoridad externa sobre los destinos del país. Más allá de la narrativa dominante en medios estadounidenses afines al expresidente Donald Trump y en gobiernos alineados con su política exterior, desde Venezuela se sostiene que el país continúa siendo gobernado por sus propias instituciones y por el poder popular organizado.

La vicepresidenta ejecutiva y presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró esta postura durante un acto público celebrado en Catia La Mar, estado La Guaira, en el contexto del reinicio del calendario escolar. La localidad, según las autoridades venezolanas, fue una de las más afectadas por los bombardeos estadounidenses del pasado 3 de enero, acción que Caracas ha denunciado como una agresión ilícita e ilegal contra su territorio.

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“En Venezuela hay un Gobierno que gobierna, hay instituciones funcionando y hay un pueblo organizado ejerciendo soberanía”, afirmó Rodríguez, al tiempo que rechazó las representaciones difundidas en plataformas digitales —incluidas caricaturas y montajes atribuidos a Wikipedia— que sugieren que el poder político del país estaría en manos de actores externos.

La disputa por el poder simbólico y la autoproclamación mediática

La controversia se intensificó luego de que Donald Trump difundiera una imagen en redes sociales en la que se presentaba como “presidente interino” de Venezuela desde enero de 2026, en una clara provocación política y comunicacional. Desde la óptica del Gobierno venezolano, este gesto no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de guerra híbrida que combina presión militar, control narrativo y operaciones psicológicas orientadas a deslegitimar al Estado venezolano.

Rodríguez calificó estas acciones como “estridencias sin sustento jurídico”, subrayando que no existe base legal alguna en el derecho internacional que permita a un Estado autoproclamarse autoridad sobre otro. “No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Gobierna su Gobierno constitucional y el poder popular consolidado”, sostuvo en una intervención televisada previa.

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Petróleo, poder y control económico

Uno de los ejes centrales del conflicto es el control de los recursos energéticos venezolanos. Funcionarios estadounidenses han afirmado, de manera unilateral, que Washington decidirá quién puede o no comercializar petróleo venezolano y bajo qué condiciones. Estas declaraciones han sido interpretadas en Caracas como una confesión abierta de los verdaderos intereses detrás de la presión política y militar.

En contraste, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que mantiene conversaciones con la Casa Blanca para la venta de volúmenes de crudo dentro del marco de relaciones comerciales existentes, insistiendo en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo. Desde el Ejecutivo venezolano se recalca que cualquier relación energética debe sustentarse en contratos comerciales claros y en el respeto a la soberanía nacional.

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El caso Maduro y la respuesta internacional

Tras la operación militar del 3 de enero, las autoridades venezolanas denunciaron el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes —según la versión oficial— fueron trasladados a Estados Unidos y recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Caracas calificó este hecho como una violación grave del derecho internacional y un precedente peligroso para las relaciones entre Estados.

Maduro se declaró inocente en su primera comparecencia ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta acusaciones de narcoterrorismo. Paralelamente, Delcy Rodríguez asumió formalmente como presidenta encargada, invocando la continuidad constitucional del Estado venezolano.

Diversos países, entre ellos Rusia, condenaron la operación militar y exigieron la liberación del mandatario venezolano y su esposa, defendiendo el principio de no intervención y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin injerencias externas.

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La calle como factor político: protestas y legitimidad interna

A este escenario se suma un elemento clave: las movilizaciones populares. En distintas ciudades del país se han registrado protestas multitudinarias que reclaman el regreso de Nicolás Maduro y rechazan cualquier forma de tutela extranjera. Para el Gobierno venezolano, estas expresiones constituyen una prueba tangible de que el poder político no se sostiene únicamente en estructuras institucionales, sino también en la legitimidad que emana de la movilización social.

Desde esta perspectiva, Caracas insiste en que la verdadera disputa no es solo militar o económica, sino profundamente simbólica: quién define la realidad de Venezuela, quién narra su presente y quién pretende escribir su futuro.

Una confrontación que trasciende a Venezuela

Lo que ocurre en Venezuela, según su liderazgo político, no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica global donde las potencias intentan reafirmar su influencia en un mundo cada vez más multipolar. En ese contexto, la defensa de la soberanía venezolana se presenta como un caso emblemático de resistencia frente a la imposición externa, tanto en el terreno de los hechos como en el de la narrativa.

Para Caracas, la conclusión es clara: Venezuela se gobierna desde Venezuela, con sus instituciones, su pueblo y sus decisiones, independientemente de los relatos que se intenten imponer desde fuera.

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