Andrés Bautista admite corrupción en el gobierno de Abinader y se autoincrimina con su propio discurso
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Las declaraciones recientes del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, han encendido nuevamente el debate sobre la corrupción y la impunidad en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). En una entrevista, Bautista afirmó que el presidente Luis Abinader “nunca prometió que no habría corrupción, sino que no habría impunidad”. Una frase que, lejos de defender al gobierno, termina siendo una admisión indirecta de que la corrupción sí existe dentro del actual mandato.
Y es que, cuando un alto funcionario admite que hay corrupción, pero intenta justificarla diciendo que no hay impunidad, lo que hace realmente es reconocer un mal endémico, normalizando una práctica que el propio presidente prometió erradicar. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿realmente no hay impunidad?
En el llamado “Gobierno del Cambio” parece no existir una estrategia comunicacional clara ni un filtro antes de hablar. Cada declaración improvisada se convierte en un boomerang político: funcionarios que, en su intento por justificar lo injustificable o defender lo indefendible, terminan autoincriminándose y exponiendo las fallas del propio gobierno. Es una constante: hablan sin medir las consecuencias, sin consultar a un asesor o, al menos, a la prudencia, dejando al descubierto que en el PRM muchas veces la lengua va más rápido que el pensamiento, y cada vez que abren la boca, terminan confirmando lo que antes negaban.
El espejo del pasado: Odebrecht y la impunidad
El caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, dejó en República Dominicana una estela de impunidad. En el expediente original proveniente de Brasil, figuraban 24 nombres vinculados a las delaciones de Lava Jato, pero en el país solo llegaron 14. Finalmente, Ángel Rondón fue condenado como el sobornador, pero ningún sobornado fue condenado. Es decir, se castigó al que ofreció los sobornos, pero no a quienes los recibieron.
¿Y quién estuvo implicado en aquel expediente? El propio Andrés Bautista, hoy ministro administrativo del gobierno de Luis Abinader.
Bautista fue llevado a los tribunales, alegó su inocencia y terminó siendo descargado. Pero más allá del fallo judicial, el proceso dejó un mensaje claro: la justicia no tocó a los grandes responsables, y los expedientes se armaron con una evidente intencionalidad política y selectiva.
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¿Impunidad o abuso de poder?
La historia reciente también recoge los abusos judiciales cometidos en el marco de ese mismo proceso.
La actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, reconoció públicamente que durante la gestión pasada existían prácticas ilegales, como la prohibición de salida del país sin orden judicial. Se reunió en aquel momento con Jenny Berenice, Wilson Camacho y el entonces director de Migración, para poner fin a esas irregularidades.
Entonces, si Bautista se refiere a que ahora “no hay impunidad”, la pregunta es inevitable: ¿habla desde la experiencia de un proceso en el que él mismo fue beneficiado por la impunidad o víctima de abusos? Su declaración, lejos de fortalecer su posición, parece un auto–señalamiento que reabre heridas políticas y judiciales del pasado.
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Los 48 casos dormidos en el Ministerio Público
La propia Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, ha reconocido públicamente que ha entregado más de 48 expedientes de corrupción al Ministerio Público, derivados de unas 300 investigaciones internas. Sin embargo, ninguno ha avanzado. No se han visto allanamientos, ni filtraciones, ni apresamientos, como solía ocurrir en el pasado. Los casos simplemente “reposan” en el Ministerio Público.
Mientras tanto, casos evidentes de irregularidades han salido a la luz gracias a los medios de comunicación, no por acción directa del gobierno. Ahí está el caso de los 100 millones de pesos entregados por Tony Peña Guaba, declarado irregular por la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿En qué quedó eso? En nada.
Casos recientes: impunidad selectiva y ascensos
El gobierno del PRM también ha tenido sus propios escándalos. El caso Calamar, aunque vinculado al gobierno pasado, salpicó a miembros del partido oficialista, entre ellos Mérido Torres, exdirector de Titulación. Pese a los señalamientos, solo fue movido de puesto, no investigado. Igualmente, Bartolomé Pujals, vinculado a violaciones en procesos de contratación pública en la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (OGTIC), no fue sancionado, sino ascendido.
Eso, señor Bautista, se llama impunidad.
Entre la contradicción y el silencio oficial
Otro caso emblemático es el del Senasa, donde el propio presidente Abinader negó en un inicio cualquier irregularidad, solo para luego admitir que se ordenó una investigación tras la presión mediática. El patrón es claro: el gobierno reacciona cuando explotan los escándalos, no cuando los detecta. Esa actitud contradice el discurso de transparencia que se intenta sostener desde el Palacio Nacional.
Por eso, las palabras de Andrés Bautista no son un simple desliz comunicacional, sino una admisión de lo que muchos ya perciben: que la corrupción existe y que la impunidad continúa, aunque se le cambie el nombre.
Las declaraciones de Andrés Bautista dejan al descubierto una peligrosa contradicción en el discurso oficial.
Al decir que el presidente Abinader “no prometió que no habría corrupción”, está reconociendo que la corrupción sigue presente en su gobierno. Y al hablar de que ahora “no hay impunidad”, siendo él mismo parte de un proceso judicial emblemático por impunidad, se autoincrimina y evidencia el doble rasero del poder.
La ciudadanía no necesita más justificaciones. Necesita respuestas, acciones y resultados concretos.
Porque mientras se siga admitiendo la corrupción como un mal inevitable y la impunidad como un mal menor, el cambio quedará en el discurso, no en la práctica.
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