En la política dominicana, existen casos que generan controversia y debates en torno a su legalidad y conformidad con la Constitución. Uno de estos casos es el del diputado Bolívar Valera, conocido popularmente como “El Boli”.
Su trayectoria política ha estado marcada por cuestionamientos sobre su residencia y elegibilidad para ocupar un cargo legislativo.
Según la Constitución de la República Dominicana en su articulo 79, SECCIÓN I:
1-Las senadoras y senadores electos por una demarcación residirán en la misma durante el período por el que sean electos
2-Las personas naturalizadas sólo podrán ser elegidas al Senado diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los cinco años que precedan a su elección.
SECCIÓN II DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo 82.- Requisitos para ser diputada o diputado. Para ser diputada o diputado se
requieren las mismas condiciones que para ser senador.
En el caso de Bolívar Valera el Boli, se ha cuestionado su cumplimiento de este requisito de residencia.
Según sus propias palabras, él vivió en el sector Los Ríos del Distrito Nacional antes de convertirse en diputado, lo que plantea dudas sobre si cumplía con el requisito de residir en la circunscripción que representa.
Además, de acuerdo con su biografía, Bolívar Valera tiene 42 años y se casó a los 30, lo que significa que ha vivido en el Distrito Nacional por al menos 12 años.
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Esto plantea interrogantes sobre su elegibilidad para representar a la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, que según la Constitución requiere que los diputados sean nativos o hayan residido en la demarcación que los elija por al menos cinco años consecutivos.
El hecho de que Bolívar Valera “el Boli”, haya cambiado de partido político, pasando del PLD al PRM, también ha generado críticas y acusaciones de oportunismo.
Algunos señalan que su candidatura nuevamente por la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, podría ser considerada como un acto ilegal e inmoral, especialmente si su residencia en la demarcación no cumple con los requisitos constitucionales.
Es importante que la clase política y las instituciones competentes analicen y esclarezcan este caso para garantizar el respeto a la Constitución y la transparencia en el proceso electoral.
La ciudadanía merece tener confianza en que sus representantes cumplen con los requisitos legales para ocupar los cargos públicos y que las elecciones se desarrollan en un marco de legalidad y ética.
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