En medio de crecientes tensiones en el entorno político dominicano, circulan rumores sobre la posible destitución de Antoliano Peralta, consultor jurídico del presidente Luis Abinader. La controversia se centra en una filtración que sugiere que Peralta advirtió al mandatario sobre los conflictos de interés que podrían surgir del nombramiento de Carlos Pimentel en dos cargos diferentes. Este escenario plantea serias interrogantes sobre la independencia de la asesoría legal en la administración pública y el compromiso del gobierno con la legalidad y la transparencia.
En un clima de creciente incertidumbre en la administración pública dominicana, el presidente Luis Abinader se enfrenta a presiones internas que podrían culminar en la destitución de Antoliano Peralta, su consultor jurídico. Según fuentes cercanas al gobierno, la razón detrás de este posible despido se relaciona con una filtración de un documento donde Peralta advierte al presidente sobre la ilegalidad de nombrar a Carlos Pimentel en dos cargos distintos, en violación de las leyes dominicanas.
La Constitución dominicana establece principios fundamentales que deben guiar la acción del gobierno, incluyendo la eficacia, la jerarquía, la objetividad, la igualdad y la coordinación. Estos principios no son meras recomendaciones; son imperativos que exigen que todo acto administrativo esté en total conformidad con el ordenamiento jurídico. En este contexto, la función del consultor jurídico no es solo consultiva, sino que es vinculante. La juridicidad del ejercicio del poder implica que el presidente Abinader está obligado a escuchar y seguir el consejo legal de Peralta, quien actúa como el guardián del marco normativo.
El silencio ante estos consejos legales plantea serias implicaciones. Si el presidente ignora deliberadamente las advertencias de su consultor, no solo arriesga su administración, sino que también podría enfrentar consecuencias legales y administrativas significativas. Al desoír a Peralta, se corre el riesgo de comprometer la responsabilidad administrativa del consultor, especialmente en situaciones donde se elaboran decretos o se revisan normas que pueden no ser conformes a derecho.
Más preocupante aún es la situación en la que se le impide a Antoliano Peralta defenderse. En un entorno donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, es fundamental que aquellos que asesoran al presidente puedan ejercer su función sin temor a represalias.
Negarle a Peralta la oportunidad de defender su posición ante un posible despido no solo es inhumano, sino que también socava los principios democráticos que deberían regir la administración pública.
La situación actual pone de manifiesto la tensión entre el ejercicio del poder y el respeto por el marco jurídico. Si el rumor de la destitución de Peralta se concreta, se abriría un precedente peligroso que podría afectar la estabilidad de la administración de Abinader y, por extensión, la confianza pública en las instituciones del Estado.
En conclusión, la crisis que se avecina en el entorno de la administración pública dominicana subraya la importancia de la asesoría legal en la toma de decisiones del presidente. Ignorar las advertencias legales no solo puede llevar a consecuencias inmediatas para los funcionarios implicados, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema político dominicano. La legalidad y el respeto por el ordenamiento jurídico deben prevalecer por encima de intereses personales o políticos.
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