Desafíos de la extinción de dominio y el impacto estatal en la región

El dilema jurídico de la extinción de dominio

La persecución de capitales procedentes del crimen organizado y la corrupción enfrenta un complejo panorama en el continente, marcado por el debate entre la eficacia punitiva y la protección de los derechos procesales. Durante un encuentro académico reciente, expertos en la materia analizaron cómo distintas naciones abordan esta figura legal.

Diferencias en los modelos de aplicación

Los sistemas legales de la región presentan enfoques diversos para enfrentar los patrimonios ilícitos:

• Colombia: Implementa normativas con carácter retroactivo e imprescriptible, gestionando decenas de miles de activos incautados que generan importantes ingresos, aunque con altos costos de administración.
• Perú: Modificó sus criterios tras fallos constitucionales orientados a proteger la buena fe y la irretroactividad de las leyes frente al uso desmedido de la figura.
• República Dominicana: Establece un plazo de prescripción de dos décadas y destina los fondos recuperados de manera directa a las arcas del Estado.

Riesgos operativos para los gobiernos

Los especialistas advirtieron que la aplicación de medidas cautelares en procesos judiciales de larga duración representa una pesada carga logística. La retención preventiva de bienes sin una sentencia definitiva puede derivar en la depreciación de los activos o en su abandono, exponiendo a los gobiernos a posibles demandas e indemnizaciones millonarias en caso de que los tribunales fallen a favor de los propietarios.