LAS MAFIAS QUE ALIMENTAN LA VIOLENCIA EN HAITÍ TAMBIÉN OPERAN DEL LADO DOMINICANO: ARMAS, MUNICIONES, CORRUPCIÓN Y EXPLOTACIÓN LABORAL

Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net

Cuando la comunidad internacional habla de Haití, suele concentrar su atención en las bandas armadas que controlan territorios, asesinan ciudadanos, secuestran personas, extorsionan comerciantes y desafían la autoridad del Estado. Se han desplegado misiones internacionales, se han anunciado operaciones militares y se han destinado recursos para intentar recuperar el control de ese país.

Pero hay una pregunta que merece mucha más atención: ¿qué ocurre con las redes criminales que, desde otros países, contribuyen a que esas bandas tengan armas, municiones, dinero y capacidad para prolongar su dominio?

Porque las organizaciones armadas haitianas no fabrican necesariamente todo el armamento que utilizan, no producen todas las municiones que consumen y tampoco operan al margen de los mercados ilegales que les permiten abastecerse.

Detrás de la violencia existe una economía criminal transnacional. Y la República Dominicana aparece en los informes internacionales como uno de los territorios vinculados a esas rutas de tráfico.

Esto cambia la dimensión del problema. Ya no estamos hablando exclusivamente de la inseguridad haitiana. Estamos hablando de redes que pueden operar en territorio dominicano, aprovechar vulnerabilidades institucionales, utilizar mercados ilegales y beneficiarse de la debilidad de los controles fronterizos.

Y mientras las bandas continúan ejerciendo violencia en Haití, miles de personas viven bajo condiciones de inseguridad, desplazamiento y desesperación. Una parte de esa población termina buscando oportunidades para escapar de la crisis, mientras determinados sectores económicos pueden aprovechar su vulnerabilidad para obtener mano de obra barata.

La pregunta es inevitable: ¿quiénes se benefician económicamente de que Haití continúe siendo un país sumido en la violencia y la inestabilidad?

1. Las armas llegan de Estados Unidos, pero las rutas también pasan por República Dominicana

El problema del tráfico de armas hacia Haití está documentado por las Naciones Unidas.

En su informe S/2025/85, el Panel de Expertos del Consejo de Seguridad examinó las rutas de tráfico de armas y municiones hacia territorio haitiano. El documento identifica conexiones con Estados Unidos, República Dominicana y otros países de la región.

El informe también describió una investigación dominicana sobre una red criminal vinculada al desvío de armas y municiones de depósitos de la Policía Nacional. Según la información recogida por los expertos, se habrían sustraído hasta 900,000 cartuchos de los inventarios policiales y estos habrían terminado en mercados ilegales. Algunas informaciones apuntaban a que parte del material pudo haber sido vendido a intermediarios que lo trasladaban hacia Haití. 

No estamos hablando de una especulación periodística. Estamos hablando de información incorporada a un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El documento también menciona la interceptación, en noviembre de 2022, de un cargamento clandestino que pretendía salir desde territorio dominicano hacia Haití con 12,000 cartuchos de 7.62 x 39 milímetros y otros 10,160 de 5.56 milímetros.

En febrero de 2025, las autoridades dominicanas interceptaron en el puerto de Haina un cargamento que incluía un fusil Barrett M82, otros rifles y más de 36,000 cartuchos de municiones, con destino a Haití.

Estos casos demuestran que la República Dominicana no es solamente un territorio que recibe las consecuencias de la violencia haitiana. También es un espacio que las redes criminales pueden utilizar para intentar mover material bélico.

2. Municiones dominicanas en manos de grupos armados haitianos: una pregunta que el Estado debe responder

La preocupación aumenta con el informe S/2026/241 del Panel de Expertos sobre Haití.

En ese documento, los investigadores señalaron que las bandas armadas continúan buscando armas y, especialmente, municiones. Entre sus hallazgos figura la presencia de municiones desviadas de inventarios haitianos y dominicanos.

El informe documentó que, de una muestra de 89 cartuchos de calibre 5.56 milímetros recuperados de la banda 400 Mawozo durante 2025, 25 tenían marcaje «ERD», correspondiente al Ejército de República Dominicana, y habían sido fabricados en 2022.

Los expertos también documentaron municiones de fabricación dominicana de décadas anteriores en poder de grupos armados haitianos. Sin embargo, advirtieron que la cadena de custodia de parte de ese material antiguo no estaba completamente esclarecida. 

Esto exige una investigación mucho más profunda.

¿Cómo llegaron esas municiones a manos de organizaciones criminales? ¿Fueron robadas, desviadas, revendidas o transferidas mediante intermediarios? ¿Qué controles existen sobre los inventarios militares? ¿Quién responde cuando material que debía estar bajo custodia del Estado termina en manos de grupos armados extranjeros?

No sería correcto afirmar que el Ejército dominicano suministra deliberadamente municiones a las bandas haitianas. El informe no establece eso. Pero sí documenta la presencia de material procedente de inventarios dominicanos y plantea una necesidad urgente de investigar las rutas de desvío.

La seguridad nacional no puede depender de declaraciones institucionales. Tiene que estar respaldada por controles, trazabilidad, auditorías e investigaciones capaces de identificar a los responsables.

3. ¿Quiénes ganan dinero mientras Haití continúa siendo un territorio de violencia?

Las bandas armadas haitianas no son las únicas que pueden beneficiarse de la inestabilidad.

El tráfico de armas produce ganancias para vendedores ilegales, intermediarios, transportistas, facilitadores y redes que aprovechan las debilidades de los controles fronterizos y portuarios.

El informe S/2025/597 del Consejo de Seguridad señaló que las redes de tráfico de armas mantienen cadenas de suministro capaces de operar entre diferentes jurisdicciones. También advirtió sobre la debilidad de los mecanismos de control y los problemas de corrupción que facilitan la circulación ilegal de material bélico. 

La inestabilidad también genera oportunidades para otros negocios ilícitos: tráfico de personas, contrabando, lavado de activos y explotación de trabajadores vulnerables.

Por eso, cuando se analiza la crisis haitiana, no basta con identificar a los hombres armados que aparecen en los videos disparando fusiles de alto calibre. También hay que investigar a quienes les proporcionan los recursos que hacen posible su capacidad de violencia.

Una banda armada puede controlar una calle, pero detrás de su capacidad operativa puede existir una red de abastecimiento que funciona a cientos o miles de kilómetros de distancia.

La pregunta es si estamos persiguiendo únicamente a quienes disparan o también a quienes hacen posible que tengan con qué disparar.

4. La otra cara del negocio: mano de obra vulnerable y explotación laboral

Mientras Haití permanece atrapado en la violencia, la pobreza y la debilidad institucional, República Dominicana continúa recibiendo trabajadores haitianos que encuentran empleo principalmente en actividades como construcción, agricultura y servicios.

Es importante distinguir entre migración laboral y trata de personas. No todo trabajador migrante es víctima de explotación ni todo empleador incurre en prácticas ilegales.

Pero existe documentación internacional sobre la vulnerabilidad de trabajadores haitianos y las deficiencias en la aplicación de las normas laborales.

El informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos correspondiente a 2024 señaló que la falta de documentación y la situación migratoria irregular aumentaban la exposición de trabajadores haitianos a abusos en sectores como agricultura y construcción. También advirtió que las inspecciones laborales no siempre identificaban adecuadamente situaciones de trata y que existían limitaciones de recursos, capacidad investigativa y disponibilidad de intérpretes de creole. 

El informe correspondiente a 2025 también identificó preocupaciones sobre corrupción y complicidad de funcionarios en delitos de trata, así como antecedentes de sanciones a funcionarios migratorios por aceptar sobornos, amenazar a víctimas o filtrar información. 

En materia laboral, el Departamento de Estado documentó anteriormente jornadas excesivas, salarios por debajo de los mínimos legales y condiciones deficientes para trabajadores agrícolas. También señaló que la aplicación de las normas laborales era insuficiente en determinados sectores.

Aquí aparece una contradicción económica y social que merece investigarse.

Hay empresas que necesitan trabajadores. Hay personas que necesitan empleo. Y cuando la condición migratoria de una persona la coloca en una situación de vulnerabilidad, puede surgir un mercado laboral donde determinados empleadores intentan reducir costos aprovechándose de su miedo a denunciar, reclamar salarios o exigir el cumplimiento de la ley.

Eso puede convertirse en una forma de esclavismo moderno: no porque todo trabajador haitiano esté sometido a esclavitud, sino porque la explotación extrema, la retención de salarios, las amenazas y el trabajo forzoso son prácticas que pueden privar a una persona de su libertad efectiva.

El trabajador migrante tiene derechos. La legislación laboral dominicana no convierte la nacionalidad en una autorización para pagar por debajo de lo establecido o desconocer las obligaciones del empleador.

Y aquí hay una cuestión que también afecta al trabajador dominicano: cuando una empresa compite reduciendo costos mediante la explotación de trabajadores vulnerables, perjudica las condiciones generales del mercado laboral y presiona a la baja los estándares que deberían proteger a todos.

5. ¿Qué papel están desempeñando CEFRONT, Migración y el Ministerio de Trabajo?

La frontera dominicana no puede ser analizada únicamente desde la cantidad de personas detenidas o deportadas.

Hay que examinar qué ocurre con las redes que transportan armas, municiones, mercancías ilegales y personas. Hay que determinar quién facilita los cruces irregulares, quién cobra dinero para permitirlos y qué funcionarios incumplen sus responsabilidades.

Los informes internacionales han advertido sobre corrupción y complicidad oficial en actividades de tráfico de personas y contrabando. También han recogido denuncias de sobornos en puestos fronterizos y controles migratorios.  

Eso obliga a formular preguntas concretas:

• ¿Qué investigaciones se han realizado sobre funcionarios que presuntamente facilitan el tráfico de personas y mercancías?

• ¿Qué controles internos existen para impedir el desvío de armas y municiones?

• ¿Cuántas investigaciones han terminado en sanciones contra miembros de organismos de seguridad?

• ¿Qué mecanismos permiten a un trabajador denunciar explotación sin convertirse automáticamente en blanco de represalias?

• ¿Cuántas inspecciones realiza el Ministerio de Trabajo en los sectores que emplean grandes cantidades de trabajadores migrantes?

• ¿Qué sucede con las denuncias de salarios retenidos, jornadas ilegales y condiciones de trabajo forzoso?

CEFRONT, la Dirección General de Migración, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Trabajo tienen responsabilidades diferentes, pero complementarias.

No se puede atribuir complicidad criminal a todos sus integrantes. Sin embargo, tampoco se puede permitir que la existencia de instituciones y operativos sirva para ocultar las fallas de supervisión, la corrupción o la ausencia de resultados.

La frontera debe ser controlada para impedir el tráfico de armas y personas, no para convertirse en un mercado donde la vulnerabilidad de los migrantes sea aprovechada por funcionarios corruptos.

Y el Ministerio de Trabajo debe fiscalizar a los empleadores, no limitarse a intervenir cuando el conflicto laboral ya se ha convertido en una denuncia pública.

6. La contradicción: se condena a las bandas, pero no siempre se persigue toda la economía que las sostiene

La comunidad internacional ha reconocido que las bandas armadas representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad de Haití. Pero si se quiere reducir su capacidad de violencia, hay que intervenir también las cadenas de suministro y las fuentes de financiamiento.

No basta con enviar fuerzas armadas, realizar operativos y anunciar nuevas misiones internacionales.

Si las armas continúan llegando, si las municiones pueden desviarse de inventarios estatales, si los intermediarios siguen obteniendo ganancias y si las instituciones no consiguen identificar a todos los responsables, la respuesta militar tendrá un alcance limitado.

La violencia no se sostiene solamente con hombres armados. Se sostiene con dinero, logística, abastecimiento, corrupción y mercados ilegales.

Y mientras ese sistema continúa funcionando, la población haitiana sigue pagando el precio: desplazamientos, secuestros, asesinatos, pérdida de empleos y destrucción de oportunidades económicas.

La migración forzada no aparece de la nada. También es una consecuencia de la inseguridad, el hambre, la falta de oportunidades y el colapso de las instituciones.

Cuando una persona huye de su país porque teme morir, está buscando una salida. Si al llegar a otro territorio encuentra empleadores que se aprovechan de su vulnerabilidad o funcionarios que cobran para permitirle continuar su camino, el sufrimiento no desaparece: cambia de escenario.

7. La República Dominicana no puede ser víctima de las mafias ni beneficiaria de sus negocios

La República Dominicana tiene derecho a proteger su frontera, controlar la migración y exigir que se respete su legislación. Pero también tiene la obligación de investigar a quienes utilizan su territorio para alimentar la violencia de otro país.

No podemos condenar a las bandas haitianas y mirar hacia otro lado cuando aparecen municiones de procedencia dominicana en sus arsenales.

No podemos exigir que los migrantes respeten nuestras leyes mientras permitimos que determinados empleadores las incumplan para reducir sus costos.

No podemos anunciar operativos fronterizos y dejar sin respuesta las denuncias sobre redes de tráfico y corrupción.

No podemos hablar de seguridad nacional sin revisar la custodia de los arsenales militares y policiales.

Y no podemos pretender que el problema haitiano se resolverá únicamente con deportaciones si las redes que alimentan la violencia y se benefician de la vulnerabilidad humana permanecen activas.

La responsabilidad no es de los ciudadanos haitianos que buscan escapar de la violencia, ni de los trabajadores que intentan ganarse la vida. La responsabilidad debe recaer sobre las organizaciones criminales, los traficantes, los empleadores que violan la ley y los funcionarios que, si se demuestra su participación, utilizan sus cargos para facilitar esos negocios.

CONCLUSIÓN: EL PELIGRO NO ESTÁ SOLAMENTE EN LAS BANDAS HAITIANAS, SINO TAMBIÉN EN LAS REDES QUE LAS ALIMENTAN

La República Dominicana debe comenzar a examinar la crisis haitiana desde una perspectiva más amplia.

Las bandas armadas representan una amenaza porque utilizan la violencia para controlar territorios y someter a la población. Pero las redes que les suministran armas y municiones, los intermediarios que facilitan el contrabando, los funcionarios corruptos y los actores económicos que se benefician de la explotación laboral también deben formar parte de cualquier estrategia seria de seguridad regional.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya ha documentado rutas de tráfico que involucran a Estados Unidos, República Dominicana y otros países. También ha identificado municiones desviadas de inventarios dominicanos y haitianos. Esos hallazgos obligan a investigar, no a esconder la cabeza.

Y hay otra realidad que no podemos ignorar: una parte de la economía dominicana se beneficia de la disponibilidad de mano de obra migrante vulnerable. Si esa mano de obra se utiliza para evadir salarios, prestaciones y condiciones laborales legales, el problema deja de ser exclusivamente migratorio y se convierte en un problema de justicia económica.

La pregunta final es para las autoridades dominicanas:

¿Por qué se habla tanto de combatir las bandas armadas de Haití, pero no se coloca en el centro de la estrategia la persecución de las redes que les suministran armas, desvían municiones, facilitan el contrabando y se benefician de la explotación de los trabajadores migrantes?

Si queremos contribuir a la estabilidad de Haití y proteger la seguridad dominicana, hay que perseguir toda la cadena criminal, desde quien financia y abastece hasta quien facilita, transporta y comercializa.

Porque las bandas tienen hombres armados, pero detrás de sus armas hay mercados. Y detrás de la vulnerabilidad de miles de migrantes también puede haber negocios que generan beneficios para personas que nunca aparecen en las fotografías de los operativos.

La seguridad de la República Dominicana no se defiende solamente en la frontera. También se defiende investigando las mafias que operan dentro de nuestro propio territorio.

Melvin Sena
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