La educación es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente. No obstante, su provisión y financiamiento público típicamente están destinados a los ciudadanos de cada país, quienes contribuyen a través de sus impuestos. En República Dominicana, es lógico y moral que la educación subsidiada se enfoque principalmente en sus nacionales, y no se extienda como obligación estatal hacia servicios para aquellos que permanecen en el país de forma irregular.

El costo para República Dominicana

En 2023, se estimó que unos 200,000 estudiantes haitianos estaban matriculados en escuelas públicas dominicanas, lo cual implicó un gasto estatal estimado de alrededor de RD$28,159 millones anuales solo en educación, considerando un costo promedio de RD$140,797 por estudiante al año.

Además del ámbito educativo, el Estado dominicano destinó aproximadamente RD$8,000 millones en salud, y un total de RD$41,000 millones en servicios públicos para esta población.

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Déficits en el sistema educativo para los dominicanos

A pesar de que desde 2013 República Dominicana ha destinado el 4 % del PIB al sector educativo, este gasto no ha logrado traducirse en resultados significativos ni en mejoras estructurales.

• A finales de 2025, el presupuesto educativo fue de aproximadamente RD$309,832 millones (4.1 % del PIB). De ese total, más de la mitad (unos RD$169,315 millones, o 2.27 % del PIB) fueron consumidos exclusivamente por salarios.
• El CREES calcula que desde 2013 se han invertido RD$2.065 billones en el sistema educativo, pero con escasos avances tangibles .

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Infraestructura y cobertura escolar

Según datos del Observatorio Educativo Prof. Rafael Santos (ADP), al cierre del año escolar 2023–2024:

• El Ministerio reportó un déficit de más de 7,000 aulas.
• Solo se construyeron 1,787 aulas entre 2021 y 2023, y se planificó construir unas 1,800 en 2024 .
• En cuanto al personal, muchas escuelas enfrentan falta de docentes titulares: 34 % de los centros del Nivel Inicial carecen de entre 1 y 3 docentes, y el 52 % de los centros primarios tienen un déficit similar. Además, el 71 % de las escuelas del Nivel Inicial no cuenta con asistente para preescolar .
• El mobiliario y los equipos escolares están en pésimas condiciones:
  • Solo el 32 % de las butacas están en buen estado.
  • El 57 % de las pizarras, el 60 % de los escritorios, y el 55 % de las computadoras no funcionan adecuadamente.
  • Solo el 32 % de las aulas tiene abanicos funcionales, y el 14 % carece de ellos. Por otro lado, solo el 52 % de las ventanas están en buen estado.

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Calidad académica

Pese a la inversión, los resultados educativos siguen siendo muy deficientes. Según PISA 2022, apenas el 8 % de los estudiantes dominicanos alcanzó el nivel 2 en matemáticas, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 69 % .

Las pruebas nacionales también demuestran una calidad lamentable. La República Dominicana ha ocupado consistentemente los últimos lugares en PISA desde su debut en 2015:

• En 2022, se mantuvo en las posiciones más bajas: 80 en matemáticas, 79 en lectura y 78 en ciencias, de entre 81 países participantes .

Lo que ya pierde el país por cubrir esos servicios

Como se mencionó, solo en educación se invierten RD$28,159 millones anuales en estudiantes haitianos, sin contar lo destinado a salud (RD$8,000 millones) y otros servicios públicos (RD$41,000 millones). Ese dinero podría, en buena parte:

• Contribuir a la construcción de nuevas aulas y reducir el déficit existente.
• Mejorar la infraestructura física, mobiliario, equipos, y condiciones escolares.
• Financiar programas de capacitación docente, reformas curriculares, materiales educativos, o tecnologías para el aprendizaje.

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Aunque humanitariamente comprensible, asumir como país el financiamiento de servicios para quienes están presentes de forma irregular no es sustentable.

Los recursos públicos deben enfocarse primero en asegurar los derechos fundamentales —como la educación básica— de quienes cumplen con la legalidad y contribuyen al Estado: los ciudadanos de la República Dominicana. Solo así se podrá lograr un sistema educativo con infraestructura decente, docentes en cantidad adecuada, calidad pedagógica real y, en definitiva, un futuro más prometedor para los niños que pagan impuestos y legalmente residen en el país.

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