El alto costo político del "orden impuesto" por Faride Raful: ¿Valió la pena?
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Durante la Semana Santa 2025, el gobierno dominicano a travez del ministerio de interior y policia y su ministra Faride Raful. volvió a apostar por una estrategia de “control total” que ha generado más controversia que resultados positivos. Las medidas tomadas incluyeron la restricción de libertades individuales, intervenciones en espacios privados y una actuación represiva por parte de la Policía Nacional, todo en nombre del orden y la prevención de tragedias.
No obstante, los datos oficiales contradicen cualquier intento de justificar el exceso de la ministra Faride Raful.
Según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), durante el asueto del 17 al 20 de abril fallecieron 32 personas, superando las 27 muertes registradas en 2024.
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De esas 32, 30 fueron por accidentes de tránsito, y 2 por asfixia por inmersión. Lo más alarmante es que 26 de esas muertes correspondieron a personas que se trasladaban en motocicletas, un patrón que se repite año tras año sin una solución clara.
La distribución también revela que más personas murieron fuera del operativo (22) que dentro (10), lo que pone en duda la efectividad real del despliegue de seguridad.
A continuación, se presenta una tabla comparativa de los fallecidos durante la Semana Santa desde el 2020 hasta el 2025:
| Año | Fallecidos Totales | Por Accidentes de Tránsito | Ahogados | Dentro del Operativo | Fuera del Operativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | No hubo operativo por COVID-19 | — | — | — | — |
| 2021 | 18 | 15 | 3 | 11 | 7 |
| 2022 | 34 | 30 | 4 | 19 | 15 |
| 2023 | 33 | 28 | 5 | 16 | 17 |
| 2024 | 27 | 23 | 4 | 14 | 13 |
| 2025 | 32 | 30 | 2 | 11 | 21 |
Como se puede observar, la cifra de fallecidos en 2025 no solo es superior a la del año anterior, sino que se encuentra entre las más altas del último quinquenio. ¿Dónde está, entonces, la efectividad del “orden impuesto”? ¿Valió la pena la represión, las violaciones de derechos y el costo político que esto conlleva?
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En un país donde el gobierno ha perdido credibilidad, cualquier intento de mostrar estos números como “buenos resultados” cae en saco roto. La percepción social es clara: nadie cree en cifras oficiales cuando el poder se ha mostrado más interesado en controlar que en proteger.
Implementar medidas con arrogancia, sin empatía y sin claridad como lo hizo Faride Raful, solo ha generado rechazo.
Y ese rechazo se traduce en pérdida de apoyo, de legitimidad, y en un profundo deterioro de la relación entre gobierno y ciudadanía.
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Lo que se hizo con la intención de evitar muertes ha dejado un saldo político aún más costoso: un país más desconfiado, más molesto, y con menos fe en sus autoridades.
Porque el orden sin justicia ni libertad no es orden, es autoritarismo. Y ese, a largo plazo, siempre pasa factura.
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