Cuando la corrupción roba salud: el caso SeNaSa y la indignidad institucional
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Hay muchas formas de corrupción, pero ninguna tan cruel como la que se comete contra la salud del pueblo. Robar dinero público es grave; robar medicamentos, tratamientos y tiempo vital a personas enfermas es moralmente intolerable. Eso es lo que hoy viven miles de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), atrapados en retrasos burocráticos que los obligan a elegir entre esperar con dolor o pagar de su bolsillo lo que el seguro debería cubrir.
El testimonio de una paciente que esperó siete horas para la aprobación de un medicamento indicado casi de urgencia no es una anécdota aislada: es el reflejo de un sistema que ha normalizado la ineficiencia y la ha convertido en castigo para el más vulnerable. Recetas rechazadas dos y hasta tres veces, llamadas que nunca llegan, farmacias impotentes ante una plataforma lenta y centralizada, y afiliados desesperados comprando fármacos con dinero que muchas veces no tienen.
Lo más alarmante es que esta situación ocurre mientras se han documentado miles de millones de pesos manejados de forma opaca en el sector salud, bajo esquemas de excepción, exclusividad y débil control institucional. Es decir, hay dinero, pero no hay medicamentos oportunos; hay contratos, pero no hay respuestas; hay discursos, pero no hay humanidad.
El propio director ejecutivo de SeNaSa, Edward Rafael Guzmán Padilla, reconoció públicamente los retrasos, atribuyéndolos a un cambio de plataforma para evitar fraudes con “recetas vacías”. Sin embargo, la pregunta que indigna a la ciudadanía es inevitable:
¿Cómo se justifica que, para corregir fallas internas, el costo lo pague el paciente enfermo?
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Combatir irregularidades administrativas no puede hacerse sacrificando el acceso a la salud. Cuando un sistema “se tranca” y deja a la gente sin medicinas, la negligencia se convierte en violencia institucional. El afiliado no es sospechoso; es el titular de un derecho constitucional.
Este escenario se agrava en un contexto donde jueces, funcionarios y órganos de control han sido señalados por actuaciones éticamente cuestionables, como ocurrió con el magistrado Rigoberto Sena, cuya conducta motivó observaciones del Comité de Comportamiento Ético. Todo forma parte de un mismo patrón: falta de consecuencias reales frente al abuso del poder público.
La corrupción más indignante no siempre se ve en maletines ni en cuentas bancarias. A veces se manifiesta en una farmacia, a las once de la noche, cuando una madre espera una autorización que no llega; en un paciente renal que ve retrasado su tratamiento; o en un adulto mayor que decide no comprar su medicina porque no puede pagarla.
Ahí es donde la corrupción se vuelve imperdonable.
Porque cuando se roba la salud, se roba vida.
Y un Estado que permite eso, ha fallado en su deber más esencial.
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