El transporte público en la República Dominicana está en crisis. No solo por la falta de planificación, las malas condiciones de las unidades o el abuso de los sindicatos, sino porque, poco a poco, los choferes haitianos, muchos de ellos ilegales, han ido tomando el control de los carros de concho y el motoconcho en varias zonas del país. Sin licencia, sin seguro, sin marbete y, en muchos casos, sin siquiera hablar español, operan con total impunidad mientras las autoridades miran hacia otro lado.
¿Cómo llegamos aquí?
Históricamente, los haitianos han trabajado en sectores como la agricultura y la construcción. Sin embargo, en los últimos años han invadido el transporte público, desplazando a los dominicanos y operando al margen de la ley. Lo preocupante no es solo la cantidad de conductores haitianos en las calles, sino el hecho de que muchos de ellos no cumplen con los requisitos mínimos para operar un vehículo de transporte.
Los sindicatos de choferes, que tradicionalmente han sido mafias cerradas y altamente reguladas, ahora ven cómo los haitianos logran insertarse sin pagar cuotas, sin registrarse y sin cumplir con las normas establecidas. La realidad es que los conductores dominicanos tienen que hacer inversiones que van desde cientos de miles hasta millones de pesos para operar en rutas establecidas, mientras que los haitianos simplemente llegan, compran un carro y empiezan a trabajar.
¿Por qué las autoridades no hacen nada?
El gobierno de la República Dominicana (el gobierno actual y todos desde1996 a la fecha) tiene mecanismos para regular el transporte, pero no los aplica cuando se trata de extranjeros ilegales. ¿Por qué? La respuesta es simple: complicidad.
La Dirección General de Migración, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) son responsables de garantizar que el transporte público funcione dentro de la ley. Sin embargo, no solo no están sacando de circulación a los choferes ilegales, sino que tampoco sancionan a quienes les permiten operar. Es evidente que hay intereses detrás de esta permisividad.
Si un dominicano maneja sin licencia, sin seguro o sin marbete, se enfrenta a multas, incautación del vehículo e incluso cárcel. ¿Por qué a los haitianos ilegales no les aplican las mismas reglas? ¿Quién se beneficia de esta impunidad?
La voz de los afectados
Los choferes dominicanos están en pie de lucha. Denuncian que los haitianos «piratas» se llevan a los pasajeros sin pagar peajes sindicales ni cumplir con regulaciones.
«Nosotros tenemos que pagar nuestras rutas y ellos simplemente vienen y se meten sin permiso«, dice Alejandro Núñez, un chofer que ha visto cómo su trabajo es afectado por la competencia desleal.
Wellington Contreras, otro conductor, señala que el problema no es que sean extranjeros, sino que operan fuera del marco legal. «Si tú tienes tus papeles en orden, bien, pero estos haitianos ni siquiera tienen licencia y están manejando carros públicos«.
Antonio Marte, presidente de CONATRA, confirma que en el Gran Santo Domingo los haitianos están tomando las rutas sin ningún tipo de regulación. «Llegan aquí, compran una ruta y trabajan de una vez«, denuncia.
Juan Hubieres, de Fenatrano, intenta minimizar el problema diciendo que su sindicato tiene choferes haitianos, venezolanos y colombianos, pero «todos legales«. La realidad es que la mayoría no lo están.
El motoconcho también está tomado
Si bien en el concho la competencia es feroz, en el motoconcho el dominio haitiano es aún mayor. Con motocicletas compradas a crédito o alquiladas, los haitianos han tomado control de las paradas en muchas zonas. Aquí tampoco hay regulación, y los operativos de Migración son insuficientes para frenar la situación.
Ronald, un motoconchista haitiano indocumentado, lo confirma: «Aquí no hay vida para los haitianos, pero es lo que hay. Si mi país estuviera bien, me voy«.
¿Qué se debe hacer?
El problema no es de racismo ni xenofobia en la República Dominicana, sino de respeto a la ley. Nadie está en contra de que un haitiano trabaje en el transporte público, siempre que cumpla con las reglas como cualquier ciudadano. Lo que no se puede permitir es que la ilegalidad y la impunidad sean la norma.
Las autoridades tienen que actuar. Se necesita un plan agresivo para:
- Sacar de circulación a todos los choferes sin licencia y sin documentos legales.
- Multar y sancionar a los dueños de vehículos que los alquilan a ilegales.
- Asegurar que todos los conductores de transporte público estén regulados y registrados.
- Realizar operativos constantes en el transporte público y no solo en las construcciones y mercados.
Si no se toman medidas urgentes, el concho y el motoconcho dominicano quedarán en manos extranjeras, y los choferes locales serán los verdaderos perdedores en su propio país.
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