Un gobierno más populista que efectivo: el espejismo de las ayudas sociales en República Dominicana
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En los últimos años, el gobierno de la República Dominicana, ha concentrado una parte sustancial de sus recursos públicos en programas de ayudas sociales. Bajo la narrativa de la “solidaridad” y la “inclusión”, el Estado ha multiplicado los subsidios, transferencias monetarias y programas asistenciales, mientras las políticas orientadas a la productividad, la creación de empleos sostenibles y la atracción de inversiones han quedado en un segundo plano.
Aunque las cifras macroeconómicas aparentan estabilidad —bajo desempleo, aumento de la formalidad y récord en ocupación laboral—, la realidad social muestra un rostro distinto: el 60% de los dominicanos no tuvo dinero suficiente para comprar comida en el último mes, según la encuesta CID Gallup de septiembre de 2025. Este dato retrata un país donde el empleo crece estadísticamente, pero los ingresos reales y el poder adquisitivo de las familias en República Dominicana se erosionan bajo el peso de una economía de sobrevivencia.
Populismo asistencialista: ayudas que sustituyen oportunidades
Durante la pandemia, el gasto social alcanzó niveles históricos: pasó de 7% del PIB en 2019 a 9.4% en 2021, con más de RD$90,000 millones destinados a programas temporales como Quédate en Casa, FASE y Pa’ Ti. A partir de 2021, el gobierno relanzó Supérate, duplicando los montos de transferencias y ampliando los beneficiarios. En 2024, la tendencia no solo continuó, sino que se profundizó: más del 19% del PIB se destinó a ayudas sociales, canalizadas a través de instituciones como la ADESS, el programa Supérate y el Gabinete de Política Social.
El problema no radica en la asistencia en sí, sino en su uso político y su carácter estructuralmente improductivo. En lugar de emplear estos recursos para incentivar el emprendimiento, atraer inversión extranjera o reducir las trabas para las mipymes, se han convertido en un instrumento de clientelismo y dependencia. En términos simples, el gobierno ha optado por “dar dinero” en vez de “crear condiciones para que la gente genere el suyo”.
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Los números que maquillan la realidad
Según el Banco Central, entre agosto de 2020 y el primer trimestre de 2025 se generaron unos 822,000 nuevos empleos, de los cuales 509,000 son formales. El desempleo abierto cayó a 4.9%, y la formalidad alcanzó 46.6%, cifras que el gobierno ha presentado como logros históricos.
Sin embargo, detrás de esos indicadores hay una lectura más compleja:
- Gran parte de esos empleos corresponden a la recuperación de plazas perdidas durante la pandemia, no a nuevos motores productivos.
- Muchos de los empleos formales creados están en zonas francas y sectores públicos o de baja productividad.
- La informalidad sigue superando el 53%, y el subempleo (personas que trabajan menos horas de las deseadas) ronda el 10%.
En otras palabras, hay más personas trabajando, pero ganando menos. La aparente estabilidad laboral no ha significado prosperidad, sino una expansión del trabajo precario.
Un crecimiento sin bienestar
El contraste entre los indicadores oficiales y la percepción ciudadana es alarmante. Mientras el gobierno exhibe récords en empleo y formalización, la población enfrenta una de las mayores tasas de inseguridad alimentaria de América Latina.
El 60% de los hogares reporta no tener dinero suficiente para comer, superando a países como Perú, Bolivia y Ecuador, todos con menores niveles de crecimiento económico.
Esto demuestra que el problema no es la falta de trabajo, sino la falta de ingresos dignos.
El modelo actual se sostiene sobre pilares populistas: mantener a la población con ayudas, subsidios y bonos, mientras el Estado asume el rol de salvador y evita reformas estructurales que podrían fortalecer la autonomía económica del ciudadano.
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El populismo moderno: estabilidad con dependencia
El gobierno de Luis Abinader ha sabido capitalizar el discurso del progreso con una estrategia populista adaptada a los tiempos modernos: en lugar de repartir fundas, reparte transferencias electrónicas. El resultado es un Estado que reparte más dinero que oportunidades, una sociedad que agradece el bono pero no crece con él, y una economía que se sostiene más por subsidios que por productividad.
En términos políticos, el asistencialismo es rentable: genera lealtad electoral inmediata. Pero en términos sociales y económicos, condena al país a un estancamiento estructural.
Mientras no se enfoquen los esfuerzos en atraer multinacionales, eliminar trabas burocráticas, fortalecer la educación técnica y reducir los costos de iniciar un negocio, República Dominicana seguirá siendo un país donde el éxito del gobierno se mide por cuántos dependen de él, y no por cuántos pueden valerse por sí mismos.
Populismo con cifras maquilladas
El actual gobierno ha demostrado eficiencia en comunicación y estadísticas, pero deficiencia en visión estructural. La pobreza se disfraza con bonos, la productividad se reemplaza con programas sociales, y la sostenibilidad económica se posterga a cambio de popularidad inmediata.
República Dominicana no necesita más subsidios: necesita empleos dignos, inversión real y oportunidades para competir, no para sobrevivir.
Mientras tanto, el modelo actual seguirá siendo más populista que efectivo, y el país seguirá creciendo en números… pero no en bienestar.
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