El Gobierno de la República Dominicana permite la entrada de Parturientas Haitianas, muchas de las cuales tienen VIH, lo que está contribuyendo a la propagación de la enfermedad en el país.
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La situación actual en la República Dominicana respecto a la salud pública, particularmente en lo referente a los partos y la atención de pacientes con VIH, revela una problemática que no es fruto de la casualidad, sino de una falta de control migratorio irresponsable por parte del gobierno. Durante los primeros 11 meses de 2022, los hospitales de la red pública atendieron más de 10,800 partos, donde un significativo 36.1% de los nacimientos corresponden a madres haitianas.
Esto no es un mero dato demográfico, sino una señal de las repercusiones de una política migratoria laxa que ha permitido un flujo constante de población haitiana al país.
Una de las preocupaciones más graves es el riesgo de propagación del VIH.
Actualmente, en la Unidad de Atención Integral del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey en la República Dominicana, se asisten a 3,636 pacientes con VIH, de los cuales el 41.67% son haitianos.
Dado el brote de VIH en Haití, la falta de controles fronterizos adecuados por parte del gobierno dominicano ha permitido que esta enfermedad cruce las fronteras y afecte a la población dominicana. Esto, sumado a la alta incidencia de madres haitianas que dan a luz en la República Dominicana, plantea serias preocupaciones sobre la transmisión del virus, especialmente si se consideran los nacimientos prematuros y de bajo peso que requieren atención médica especializada.
La entrega de equipos valorados en 6.2 millones de pesos por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS) para asistir a pacientes Haitianos mayormente con tuberculosis y VIH/SIDA, aunque es un paso positivo, no aborda la raíz del problema.
Las medidas implementadas parecen centrarse en la contención y tratamiento, pero carecen de una estrategia preventiva que incluya el control migratorio y la atención sanitaria de la población haitiana en su país de origen. Sin controles efectivos, la República Dominicana se convierte en un receptor involuntario de problemas de salud pública que deberían ser abordados a nivel binacional.
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El gobierno dominicano debe asumir la responsabilidad y tomar medidas concretas para controlar la inmigración ilegal, especialmente dada la crisis sanitaria que atraviesa Haití. La falta de acción no solo pone en riesgo la salud de los dominicanos, sino que también tensiona el ya sobrecargado sistema de salud público, que debe atender a una población migrante con necesidades médicas complejas. Ignorar este problema es no solo irresponsable sino una amenaza directa a la seguridad sanitaria del país.
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