El gobierno actual de la República Dominicana se encuentra atrapado en una paradoja que ellos mismos ayudaron a construir. Llegaron al poder denunciando corrupción, nepotismo y una falta de transparencia que marcaron los 16 años de gobierno del PLD. Sin embargo, hoy, muchos de los mismos problemas que criticaron se repiten bajo su gestión, dejando claro que no gobierna el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino una élite compuesta por mafias, familias poderosas y empresarios amigos del presupuesto.
Desde el 2020, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha gobernado realmente la República Dominicana. En lugar de ser un partido político el que dirige el país, son los empresarios del círculo cercano al presidente Luis Abinader y los intereses de unos supuesto miembros la sociedad civil los que marcan la agenda y las decisiones clave del gobierno. Los pocos políticos del PRM que permanecen en la administración no cuentan con la influencia necesaria para incidir de manera significativa en la gestión. Son excepciones ligeras y muy escasas las que podrían considerarse como muestras de poder político real dentro de un esquema donde el liderazgo empresarial han sido quienes realmente dictan las políticas públicas
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Sin embargo, la coherencia fue lo primero que se sacrificó al llegar al poder. Prometieron un gobierno diferente, pero lo que se observa es un esquema muy similar al que denunciaron. Las licitaciones cuestionables, el enriquecimiento de amigos del poder, y la desconexión con las necesidades reales de la población han quedado expuestos una y otra vez, principalmente por la clase media, el grupo más afectado por estas políticas.
Estamos en una era donde la información fluye rápidamente y las redes sociales se han convertido en un tribunal de opinión pública que no perdona. Este mismo mecanismo fue utilizado por el PRM para exhibir las irregularidades del PLD, pero ahora ese tribunal los juzga a ellos con la misma severidad.
Las denuncias de contratos irregulares, los privilegios concedidos a empresarios aliados, y la falta de respuestas claras ante los problemas del pueblo han sido amplificados por una sociedad que aprendió a fiscalizar, no desde los partidos, sino desde las plataformas digitales.
El PLD, principal fuerza de oposición, se encuentra moralmente inhabilitado para criticar al gobierno actual. ¿Cómo puede una organización cuestionar actos que son prácticamente un reflejo de su propia gestión? Esto ha creado un vacío político donde la sociedad civil, particularmente la clase media, ha tomado el rol de fiscalizador.
Este grupo, que fue el motor del cambio en las elecciones pasadas, ahora enfrenta una realidad amarga: fueron utilizados para desmantelar un sistema corrupto solo para ver cómo se instala otro igual.
La clase media es la más golpeada por las políticas de este gobierno. Este sector, que históricamente ha cargado con el peso de los impuestos, el costo de vida y la falta de servicios públicos de calidad, se siente traicionado. Prometieron ser los principales beneficiarios del cambio, pero en lugar de eso, han sido los más afectados por medidas económicas que benefician a una élite cada vez más rica.
Este sentimiento de frustración se traduce en un nuevo tipo de resistencia, no organizada desde los partidos tradicionales, sino desde las comunidades, las redes sociales y los grupos independientes que se están uniendo para cuestionar el status quo.
El gobierno de Abinader parece no tener un plan claro, o quizás su único plan era el de continuar saqueando los recursos del Estado bajo una narrativa de cambio. La falta de visión estratégica y de políticas públicas sostenibles se hace evidente con cada nueva crisis que enfrentan. Desde los apagones hasta los escándalos de corrupción, la respuesta del gobierno ha sido inconsistente y superficial.
Peor aún, la comunicación oficial parece estar completamente desconectada de la realidad del pueblo. Las excusas y las evasivas ya no convencen a una ciudadanía que sabe leer entre líneas y que exige respuestas concretas.
La República Dominicana se encuentra en un momento crítico. La indignación del pueblo está alcanzando niveles sin precedentes, pero esta vez no hay un frente único de oposición. El descontento está fragmentado, pero más desafiante que nunca.
Si algo ha quedado claro, es que los gobiernos ya no pueden esconderse detrás de discursos vacíos. La coherencia, esa virtud que parece tan básica, se ha convertido en el mayor reto para una clase política que sigue subestimando la memoria del pueblo.
La pregunta no es si habrá un cambio, sino cuándo y cómo sucederá. Y cuando ocurra, la memoria colectiva se asegurará de que los responsables no queden impunes. Porque el pueblo dominicano ha demostrado que puede perdonar, pero nunca olvida.
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