En un reciente y contundente movimiento, el presidente de Panamá, José Mulino, ha cerrado completamente la peligrosa y caótica ruta del Darién para frenar el flujo migratorio irregular hacia su país y evitar conflictos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta acción ha generado un intenso debate en la región y plantea una interrogante clave para los dominicanos: ¿Por qué el presidente Luis Abinader no puede aplicar una medida similar en la frontera con Haití?
En primer lugar, es necesario entender el contexto político y económico que podría estar condicionando al gobierno dominicano. Luis Abinader, quien inició su segundo mandato recientemente, ha enfrentado crecientes críticas por su gestión de la crisis migratoria y la “haitianización” del país. A pesar de los anuncios de deportaciones masivas —como el plan de repatriar 10,000 haitianos—, estos esfuerzos han quedado en palabras, sin evidencia clara de resultados concretos.
Entre las posibles razones de esta inacción se encuentran:
Presiones Internacionales: La ONU y otras organizaciones internacionales han sido críticas con las políticas migratorias dominicanas. La aparente «incondicionalidad» de Abinader hacia estas entidades podría estar limitando sus opciones.
Influencia de Estados Unidos: El saliente gobierno democrático de Joe Biden podría haber ejercido presiones sobre el gobierno dominicano. La teoría de que poseen información comprometedora sobre funcionarios del gobierno también genera especulación.
Falta de Voluntad Política: Aunque el gobierno ha hecho promesas, la falta de seguimiento y acción concreta sugiere una ausencia de voluntad política para abordar el problema de manera integral.
Costos Económicos: La población haitiana en República Dominicana representa una carga significativa para los recursos del país. En salud, se estima que el 30% de los servicios públicos se destinan a haitianos. En educación, miles de niños haitianos asisten a escuelas públicas, lo que genera costos adicionales para el Estado. En seguridad, la presencia de migrantes ilegales ha incrementado los problemas sociales.
El pueblo dominicano enfrenta una realidad dura: mientras Panamá toma decisiones contundentes, la República Dominicana parece estancada. Luis Abinader podría pasar a la historia como el presidente que permitió que se cimentara el proceso de haitianización del país, dejando a las futuras generaciones con un problema aún más difícil de resolver.
El costo total de la inmigración haitiana en la República Dominicana es alarmante. Un estudio reciente estima que el país gasta cerca de RD$20,000 millones anuales en servicios públicos para esta población, incluyendo salud, educación y asistencia social. Este monto equivale a recursos que podrían invertirse en mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.
Es urgente que se implementen medidas drásticas y eficaces. El gobierno debe:
- Fortalecer la seguridad fronteriza con tecnología y más personal capacitado.
- Crear un registro nacional obligatorio para extranjeros, garantizando que quienes residan en el país lo hagan de manera legal.
- Negociar con Haití y la comunidad internacional para que asuman su responsabilidad en la crisis.
El futuro de la República Dominicana está en juego. Es hora de exigir a las autoridades acciones reales que protejan nuestra soberanía, economía y cultura. Los dominicanos no pueden seguir siendo espectadores pasivos mientras se transforman las bases de su nación.
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