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El PRM representaba la última esperanza de pueblo, pero hoy se hace necesario una Decapitación

El PRM representaba la última esperanza de pueblo, pero hoy se hace necesario una Decapitación

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Melvin SenaMELVIN SENA/19 ENE DE 2026/1 MIN/0 VISTAS

Desde su llegada al poder en 2020, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha experimentado una transformación profunda, pero no necesariamente en el sentido democrático que muchos de sus militantes esperaban. Hoy, una parte significativa de su base política sostiene que el partido fue vaciado de contenido orgánico y convertido en una estructura administrativa, más parecida a una empresa privada que a una organización política con raíces populares, debate interno y meritocracia.

La crítica central es clara: el ala política del PRM, la que construyó el partido desde la oposición, la que conoce los territorios, identifica liderazgos comunitarios y sabe dónde están los votos, ha sido sistemáticamente ignorada. No se le ha tomado en cuenta en proporción a sus aportes históricos ni a su capacidad real de movilización. En su lugar, se ha impuesto una lógica vertical, donde no se escala por méritos, trabajo partidario o coherencia ideológica, sino por conexiones personales, cercanía con el presidente Luis Abinader o aceptación dentro de un círculo reducido de poder.

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En ese esquema, el PRM dejó de funcionar como partido y pasó a operar como una corporación política:

decisiones centralizadas, cuadros desplazados y una militancia reducida a simple espectadora. La percepción interna es que muchos cargos y posiciones clave no responden a procesos democráticos, sino a afinidades personales y conveniencias coyunturales.

Un ejemplo reiteradamente señalado es la actual dirección del partido. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, es visto por amplios sectores como una figura impuesta desde el Poder Ejecutivo. Militantes recuerdan que, cuando se medían fuerzas internas entre Paliza y Guido Gómez Mazara, las preferencias eran claramente favorables a este último. Sin embargo, el proceso terminó siendo definido mediante una convención de delegados, compuesta en gran medida por empleados públicos, quienes, según denuncias internas, debían acatar la línea política dictada por sus superiores inmediatos en el Estado. Para muchos, aquello no fue una elección partidaria, sino una formalización administrativa de una decisión ya tomada desde el poder.

El caso de Carolina Mejía tampoco escapa a las críticas. Su llegada a la Secretaría General del PRM es interpretada menos como el resultado de una propuesta política sólida o de méritos partidarios propios, y más como un contrapeso interno derivado del peso histórico y simbólico de la familia Mejía dentro del partido. No se cuestiona su capacidad administrativa, sino el método: la estructura volvió a privilegiar equilibrios de poder sobre procesos democráticos reales.

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Más abajo en la pirámide, la situación es aún más preocupante. Amplios segmentos de la dirigencia media y baja del PRM son descritos como “levanta manos”, sin criterio propio, subordinados a lo que disponga el presidente Abinader o el núcleo del Gobierno. La fiscalización interna, que debería ser una función esencial de cualquier partido en el poder, prácticamente desapareció. El PRM, en lugar de vigilar su propia gestión, optó por el silencio, la complacencia y la disciplina acrítica.

Ese vacío de control político ha tenido consecuencias graves. La estructura partidaria ha sido salpicada por escándalos de corrupción que han erosionado el discurso ético con el que el PRM llegó al poder. Casos especialmente sensibles, como las denuncias en torno al manejo de recursos del seguro de salud de los sectores más pobres, han generado indignación incluso entre simpatizantes históricos del partido, que consideran inhumano que se toque un sistema destinado a los más vulnerables.

A esto se suma otro elemento explosivo:

la proliferación de candidatos a cargos electivos con vínculos directos o indirectos con el narcotráfico y estructuras criminales, un fenómeno que contradice frontalmente la narrativa de “cambio” y “transparencia” que el PRM enarboló desde la oposición. Para la militancia de base, estos no son errores aislados, sino el resultado lógico de un partido que dejó de filtrar, evaluar y formar políticamente a sus cuadros.

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El saldo es una base profundamente inconforme. Un ala política ignorada durante más de cinco años, dirigentes territoriales desplazados, promesas incumplidas y un partido que gobierna sin escucharse a sí mismo. En ese contexto, la consigna de que el PRM debe ser “decapitado” no se plantea en términos de violencia, sino como una metáfora política: cortar privilegios, desmontar la cúpula que controla el partido como una empresa y devolverle a la militancia su rol protagónico.

Decapitar al PRM, en este sentido, significa reconstruirlo desde abajo, reinstalar la democracia interna, valorar el mérito político, separar partido y Gobierno, y recuperar la capacidad de fiscalizar su propia gestión. Si eso no ocurre, el riesgo es evidente: un partido desconectado de su base, atrapado en el poder, y condenado a repetir los mismos vicios que prometió erradicar.

La historia política dominicana es clara en una cosa: cuando los partidos olvidan a quienes los llevaron al poder, el castigo no siempre llega desde dentro, sino desde las urnas.

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