El Senado legaliza saqueo de fondos municipales: cuando la ley se convierte en licencia para el ROBO
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Los cabildos han sido, históricamente, la escuela práctica de la degradación política. Es ahí donde muchos aprenden temprano las truchimanerías, los amarres y los “negocios” disfrazados de gestión pública. Se aprende que aprobar o no aprobar un reglamento no tiene que ver con el interés colectivo, sino con cuánto deja en el bolsillo. Y es precisamente en ese punto donde nace el tráfico de influencias, casi siempre en contra de la población, porque si fuera a favor de la gente no estaríamos hablando de corrupción, ahora el Senado de legalizo el robo sistemático y sobre todo legal.
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El problema es que esa cultura no se queda en los ayuntamientos. Escala. Llega al Congreso (Senado y cámara de Diputados). Se institucionaliza.
Un ejemplo reciente pasó casi desapercibido: una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que modifica una ordenanza del Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre la altura edificable en la circunscripción uno. Publicada en letras pequeñas y en un solo medio, como quien no quiere ruido, pero con un impacto gigantesco. Esa decisión puede cambiar la vida de cientos de familias que mañana despertarán con un edificio de 30 pisos donde antes solo se permitían cinco. Decisiones así no son técnicas ni inocentes; son políticas, económicas y profundamente lesivas cuando se toman de espaldas a la ciudadanía.
Otro caso lo confirma: en diciembre pasado, un tribunal ordenó a la vicealcaldesa y a 13 regidores de La Romana devolver más de dos millones de pesos que se asignaron ilegalmente en aumentos salariales. El fallo fue claro: no podían legislar para beneficiarse a sí mismos. Aun así, lo hicieron. Y no por error, sino por costumbre.
Y cuando parecía que algo de vergüenza institucional podía sobrevivir, el Senado de la República decidió patearla.
Ayer, con prisa sospechosa y sin el más mínimo pudor, el Congreso aprobó en dos lecturas y de urgencia un proyecto que elimina las sanciones penales contra los alcaldes que violen el límite de gasto en personal. El tope pasa de 30% a un escandaloso 75% del presupuesto municipal. Es decir: tres cuartas partes del dinero público podrán irse en nómina, botellas, favores políticos y estructuras clientelares, sin consecuencias penales.
El proponente, Aneudy Ortiz, exalcalde y hoy senador, lo vende como “flexibilidad” para una mejor gestión. En la práctica, es una amnistía anticipada para la irresponsabilidad, el despilfarro y el abuso. Si un alcalde quiere convertir el ayuntamiento en una agencia de empleos políticos, ahora la ley lo protege. Y a los ciudadanos que necesitan calles, drenaje, seguridad, recogida de basura o espacios públicos, que se jodan.
Este Senado no está legislando para el país; está legislando para blindarse a sí mismo y a sus aliados en los gobiernos locales.
Están normalizando la violación de la ley, premiando al mal gestor y castigando, una vez más, a la población.
Y aquí va la advertencia directa al Gobierno: este nuevo límite no será respetado ni con “flexibilidad” ni con “buena fe”. Será usado hasta el último centavo, porque la experiencia demuestra que donde se abre una rendija legal, la clase política mete el cuerpo entero. Si el Poder Ejecutivo permite que esta ley avance sin control, sin fiscalización real y sin consecuencias administrativas severas, será cómplice del saqueo municipal que viene.
La gente observa. Y acumula.
Porque cada ley como esta no solo vacía los presupuestos locales, también vacía la credibilidad del sistema político completo.
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