En 1994 en Colombia los narcos colocaron un presidente (Ernesto Samper); da la impresión de que eso paso en República Dominicana también varias veces

A inicios de los años 90, Colombia vivió uno de los escándalos políticos más emblemáticos de su historia contemporánea: el llamado Proceso 8.000. Un simple allanamiento en las oficinas del contador Guillermo Andrea Palomari terminó desvelando vínculos directos con el cartel de Cali, una figura recurrente de la financiación ilícita de campañas políticas, el narcotráfico y el lavado de activos. Hoy, en la República Dominicana, la historia se repite con tonalidades distintas pero idéntica en esencia: las redes de narcotráfico no solo manejaron dinero ilícito, sino que han logrado infiltrar candidaturas, cargos públicos y estructuras partidarias.

Desde 1996, con Leonel Fernández en el poder (1996-2000), se reportaron nexos indirectos con figuras como Arturo del Tiempo y Solano Guzmán, vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, aunque sin cargos directos contra él; durante su segundo mandato (2004-2008), emergió José David Figueroa Agosto, cuyo imperio creció bajo protección estatal, financiando campañas y redes políticas del PLD.

Hipólito Mejía (2000-2004) tuvo vínculos notorios con Quirino Ernesto Paulino Castillo, un capitán del Ejército promovido por su gobierno, quien donó fondos a campañas del PRD y fue alertado por inteligencia militar sobre persecución de la DEA, facilitando su operación de toneladas de cocaína.

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Danilo Medina (2012-2020) enfrentó acusaciones de corrupción sistémica, con aliados como Félix Bautista contratando a familiares de Figueroa Agosto y César Emilio Peralta ("El Abusador"), cuya red de narcotráfico y lavado usó violencia y funcionarios del gobierno para traficar a EE.UU. y Europa, incluyendo deportaciones masivas de dominicanos por drogas.

Luis Abinader (2020-2025) ha impulsado decomisos récord (226 toneladas de drogas) y operativos con EE.UU., pero su partido PRM ha visto cargos contra miembros como el exdirector de lotería y legisladores por colusión con narcos, junto a suspensiones de funcionarios como Juan Maldonado Castro por lavado, manteniendo la sombra de nexos políticos con el crimen organizado que persiste en todos los gobiernos dominicanos, financiando campañas y erosionando instituciones.

En Internet y medios en República Dominicana, ya se documentan más de diez personas vinculadas al PRM con casos de narcotráfico, lavado de activos o redes internacionales de drogas. Esto trasciende lo anecdótico: diputados, regidores, exfuncionarios y aspirantes aparecen en los expedientes de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, en cooperación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana. Por ejemplo: el regidor del Distrito Nacional Edickson Herrera Silvestre, electo con el PRM, admitió según autoridades estadounidenses que traficó cientos de kilos de cocaína hacia EE.UU. y habría obtenido millones de dólares.

La analogía con Colombia no busca equiparar magnitudes, sino alertar sobre el mismo patrón decisivo: cuando los partidos políticos no logran implementar filtros eficaces, se convierten en canales de legitimación de poder para redes criminales.

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Factores que elevan la alerta en el contexto dominicano

• Volumen sistemático: Al menos ocho a diez dirigentes o exdirigentes del PRM están involucrados en procesos por narcotráfico o lavado.
• Impunidad institucional: A pesar de los estatutos del PRM que prevén sanciones disciplinarias, los casos siguen activos o los implicados siguen en cargos electivos.
• Erosión de la imagen partidaria: Sectores de la oposición y de la sociedad civil han llegado a calificar de “narco-Estado” al país, al vincular estos escándalos con el gobierno y el partido de poder.
• Paralelo con modelos históricos: La forma en que se infiltra la política dominicana recuerda a las épocas de financiación ilícita que sacudieron a Colombia, con estructuras criminales que buscan protección política para operar con menor riesgo.

Las implicaciones políticas y ciudadanos

La presencia de personas procesadas por narcotráfico dentro del aparato político no es solo un problema individual: constituye una crisis de gobernabilidad y legitimidad. Cuando ciudadanos elegidos por el voto resultan estar implicados en redes de tráfico internacional de drogas, se debilita la confianza en la democracia, en las instituciones y la rendición de cuentas.

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En el caso en República Dominicana, la explicación política en torno al liderazgo del PRM —y sus mecanismos de depuración interna— queda severamente cuestionada.

Se plantea que la elección de su dirigencia, la supervisión de candidaturas y el control de la base territorial no han impedido que el partido sea permeable al ingreso de figuras con antecedentes criminales.

El país exige respuestas claras

No se trata de atribuir culpabilidad generalizada sin pruebas individuales, pero sí de reconocer que el patrón existe. Así como Colombia logró superar el Proceso 8.000 con reformas institucionales fuertes y castigo público, República Dominicana enfrenta el reto de:

• Exigir transparencia sobre quiénes postulan para cargos públicos y bajo qué criterios.
• Garantizar que los partidos cumplan con depuración real de sus filas y sancionen a los implicados.
• Aumentar supervisión civil y judicial para que los casos no queden en la impunidad.
• Transferir las lecciones históricas: que el dinero del narcotráfico no solo corrompe, sino que captura espacios de poder, y la política debe blindarse.

El paralelo con Colombia no es un pronóstico fatalista, sino una advertencia. El país no puede permitirse convertir la democracia en refugio de narcos con corbata. Las instituciones —el pueblo— lo exigen.

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