Las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la deportación de 10 mil haitianos semanales se asemejan más a una estrategia mediática que a una política migratoria seria y efectiva. Estas promesas, que se desmoronan con el paso del tiempo, son tan inverosímiles como su afirmación previa de que la frontera dominicana estaba completamente sellada, un planteamiento que, a estas alturas, parece un mal chiste. No solo es preocupante el nivel de inconsistencia entre lo que se promete y lo que se cumple, sino también la falta de empatía hacia los afectados por estas medidas.

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La Dirección General de Migración informó que, en las últimas semanas, se ha repatriado a 9,117 extranjeros (casi 10 mil haitianos ), de los cuales 7,217 corresponden a una jornada de interdicción.

Si bien estas cifras intentan respaldar la narrativa oficial, no se acercan a las expectativas generadas por las grandilocuentes declaraciones del presidente Abinader. Además, resulta evidente que el proceso es mucho más complejo de lo que se reconoce públicamente. El control fronterizo no es tan efectivo como el gobierno asegura, y las promesas de deportaciones masivas no se ajustan a las capacidades reales del Estado dominicano.

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración, ha intentado dar una imagen de respeto a los derechos humanos y proporcionalidad en el uso de la fuerza, al mencionar que algunos extranjeros fueron retenidos por falta de documentos fiables y que los menores interdictados son llevados a espacios de protección. Sin embargo, esta narrativa oficial choca con la realidad que se vive en las zonas fronterizas y en los barrios donde residen los inmigrantes haitianos. El gobierno está lejos de cumplir con las deportaciones masivas prometidas, y, mientras tanto, la frontera sigue siendo vulnerable al cruce irregular de personas.

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El anuncio de deportar a 10 mil haitianos por semana, sin tomar en cuenta la complejidad del problema, es un ejercicio de irresponsabilidad y demagogia que busca ganar puntos políticos entre sectores conservadores y nacionalistas.

Lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino también la confianza en un gobierno que ha fallado en cumplir sus promesas más básicas. Prometer deportaciones sin tener los recursos ni la infraestructura adecuada, sin solucionar los problemas estructurales en la frontera y sin un plan humanitario para los menores de edad o los adultos en situación irregular, refleja una falta de visión y liderazgo.

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El pueblo dominicano merece políticas reales, no ilusiones fabricadas para calmar a la opinión pública. Escuchar estas promesas vacías, provenientes del mismo presidente que dijo que la frontera estaba sellada, es un insulto a la inteligencia de la nación. La situación migratoria en la República Dominicana requiere un enfoque integral, con medidas que no solo aseguren el control fronterizo, sino que también respeten los derechos humanos y ofrezcan soluciones viables a largo plazo.

En resumen, es hora de que el gobierno abandone la retórica populista y aborde la crisis migratoria con seriedad. Las promesas de deportaciones masivas no resuelven los problemas de fondo y solo generan expectativas que, en última instancia, no pueden cumplirse.

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