Este es el Plan que necesita República Dominicana, para mitigar el económico provocado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán

En medio del impacto económico provocado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán, la República Dominicana enfrenta una presión creciente sobre los precios de los combustibles, los alimentos y el costo de vida en general. Mientras el debate político se centra en si el Gobierno tiene o no un plan, desde Hackeando el Sistema entendemos que la discusión está mal planteada: el problema no es solo la existencia de un plan, sino la falta de voluntad para tomar decisiones estructurales que impliquen sacrificios reales de los sectores con mayor poder económico y político.

La oposición, encabezada por Danilo Medina, ha insistido en que el Gobierno de Luis Abinader no cuenta con una estrategia clara y que ha respondido con medidas reactivas como subsidios temporales. Por su parte, el Ejecutivo, a través de figuras como José Ignacio Paliza, sostiene que sí existe un plan y que el mismo está siendo socializado mediante un diálogo nacional.

Sin embargo, más allá del cruce político, hay una realidad evidente: ninguna de las partes está planteando con firmeza lo que verdaderamente requiere esta crisis.

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Un plan real implica tocar intereses, no administrar consecuencias

La República Dominicana no puede seguir enfrentando crisis estructurales con soluciones temporales.

Subsidios al combustible, transferencias sociales y controles momentáneos pueden aliviar el impacto, pero no corrigen el problema de fondo: un modelo económico altamente dependiente, con distorsiones fiscales y privilegios acumulados.

Desde Hackeando el Sistema proponemos una línea clara que debería formar parte de cualquier plan serio:

1. Reducción de márgenes de ganancia del sector empresarial
En un contexto de crisis global, no es sostenible que todo el peso recaiga sobre el consumidor. Los grandes actores económicos deben asumir parte del impacto reduciendo sus márgenes de ganancia de manera temporal. No se trata de castigar al sector privado, sino de equilibrar responsabilidades en un momento extraordinario.

2. Eliminación del gasto público innecesario
El Estado no puede pedir sacrificios sin dar el ejemplo. Es imprescindible recortar de forma inmediata el gasto superfluo: publicidad estatal excesiva, alquileres innecesarios, nóminas infladas y programas de baja eficiencia. La austeridad no puede ser un discurso, debe ser una práctica visible.

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3. Cero privilegios en el presupuesto
Los aportes a partidos políticos, los beneficios discrecionales a sectores empresariales y cualquier forma de transferencia sin retorno claro deben ser eliminados en un contexto de crisis. No es coherente hablar de sacrificio nacional mientras se mantienen estructuras de privilegio financiadas con fondos públicos.

4. Revisión profunda de exoneraciones fiscales
Las exenciones fiscales deben ser auditadas y reducidas. Muchas de ellas responden a intereses históricos más que a necesidades actuales de desarrollo. En un momento donde el Estado necesita recursos, no se puede seguir renunciando a ingresos sin una justificación económica clara.

5. Fin al “regalo” de combustibles
El subsidio indiscriminado al combustible, especialmente cuando beneficia de forma desproporcionada a sectores de alto consumo, debe ser replanteado. La focalización es clave: proteger al más vulnerable, no sostener ineficiencias.

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El problema no es técnico, es político

Figuras como Leonel Fernández han señalado la necesidad de soluciones concretas, mientras sectores empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada abogan por el diálogo. Pero el consenso no puede convertirse en un mecanismo para diluir decisiones difíciles.

El verdadero obstáculo no es la falta de ideas, sino la falta de disposición para enfrentar los intereses que históricamente han condicionado la política económica del país.

La crisis actual no es solo una consecuencia de un conflicto internacional.

Es también el reflejo de debilidades internas acumuladas durante años. Si la República Dominicana realmente quiere enfrentar este escenario con seriedad, el plan no puede limitarse a administrar la crisis: debe redistribuir el sacrificio.

Porque mientras el ciudadano común sigue pagando más por todo, el sistema sigue protegiendo a quienes menos necesitan protección.

Y ese, precisamente, es el problema que nadie quiere resolver.

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