En la actualidad, el gobierno dominicano con su presidente Luis Abinader, ha optado por el alquiler de edificaciones de alto costo para alojar oficinas de diferentes instituciones públicas. Sin embargo, este modelo administrativo ha levantado serias dudas sobre su transparencia, eficiencia y posible uso como mecanismo de corrupción. Una de las controversias más recientes involucra a la Dirección General de Pasaportes y su intención de trasladarse al edificio Epocal, ubicado en el Polígono Central.
El esquema, según documentos y declaraciones de actores involucrados, gira en torno a contratos de arrendamiento firmados entre instituciones estatales y la Inmobiliaria Reservas. Esta última actúa como intermediaria en representación de los fondos de inversión propietarios de los inmuebles. Estos fondos, denominados «Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliaria Reservas» y «Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas», son los verdaderos dueños de los inmuebles alquilados, pero su estructura de propiedad no es transparente.
El Esquema del Arrendamiento
El proceso comienza con la adquisición de inmuebles por parte de los fondos de inversión cerrados, representados por Inmobiliaria Reservas. Una vez adquirido, el inmueble es arrendado a una institución pública que necesita oficinas, como la Dirección de Pasaportes. Según los contratos firmados, Inmobiliaria Reservas se define como el «gestor y representante autorizado para el cobro de alquileres y mantenimientos».
Aunque parece un procedimiento normal, el problema radica en la falta de transparencia sobre quiénes son los aportantes o beneficiarios de estos fondos de inversión. Cuando se solicitaron estas informaciones, las autoridades respondieron que eran «confidenciales». Esto deja en el aire una pregunta clave: ¿Quiénes realmente están obteniendo ganancias de estos contratos?
¿Quiénes están detrás de los fondos?
El gobierno ha defendido esta modalidad alegando que los fondos son propiedad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y por ende, los beneficios revierten en los trabajadores. Sin embargo, esta afirmación no ha sido respaldada con evidencia concreta. La confidencialidad en la estructura de los fondos de inversión genera sospechas de que podrían estar beneficiando a individuos o grupos con acceso privilegiado, bajo un esquema que aparenta ser un negocio entre instituciones del Estado.
Por ejemplo, los contratos de gestión firmados entre Inmobiliaria Reservas y los fondos establecen que los fondos son responsables finales de los inmuebles, mientras que Inmobiliaria Reservas actúa solo como intermediaria. Esto significa que cualquier ganancia, como alquileres o valorizaciones, no va directamente al Estado, sino a los fondos de inversión, cuyos propietarios no están claros.
Implicaciones y Riesgos
Este esquema plantea varios riesgos:
- Corrupción encubierta: La falta de transparencia sobre los beneficiarios finales de los fondos deja abierta la posibilidad de que personas vinculadas a las instituciones que firman estos contratos estén beneficiándose indirectamente.
- Costos elevados: El alquiler de inmuebles de lujo, como el edificio Epocal, genera un gasto innecesario en un país con necesidades apremiantes en áreas como salud y educación.
- Confusión pública: Al tratarse de un contrato entre instituciones del Estado y una empresa vinculada a estas, se crea la impresión de que no hay terceros involucrados, lo cual no es cierto.
Un llamado a la rendición de cuentas
La opacidad en la estructura de los fondos de inversión y la naturaleza de los contratos firmados entre instituciones públicas e Inmobiliaria Reservas demandan una auditoría independiente. Es necesario que las autoridades expliquen quiénes se benefician realmente de estos contratos y cómo se determina la elección de los inmuebles alquilados.
En un país donde la corrupción ha sido una constante histórica, no se puede permitir que nuevas modalidades administrativas sirvan como mecanismos de enriquecimiento para grupos privilegiados. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se están manejando los recursos públicos y si estos realmente están beneficiando al colectivo.
Este caso representa una oportunidad para que el gobierno de Abinader, demuestre su compromiso con la transparencia y la buena gestión. De no hacerlo, se corre el riesgo de consolidar un sistema que perpetúe las prácticas cuestionables que han caracterizado a los gobiernos del pasado.
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Abinader
